La detención de Fernando Albareda el jueves, sospechado de ser el autor material del asesinato de su madre, Susana Montoya, el pasado fin de semana en barrio Ampliación Poeta Lugones causo conmoción en Córdoba y el país.
Juan Pablo Bastos, abogado de Ricardo Albareda, hermano de Fernando, consideró este viernes que se trata de “un caso tremendo, de alto impacto. Una bomba atómica en el núcleo íntimo de la familia”. En diálogo con Canal 10, el letrado informó que su representado solicitó ser querellante de la causa y ya declaró como testigo.
Bastos informó que Ricardo, meses previos, «detectó actitudes en Fernando que, con este desenlace, lo llevaron a sospechar».
El abogado, además, puso en duda las denuncias por las amenazas que Fernando Albareda había realizado. «Son llamativas, porque no se condicen con la realidad de la República Argentina. Esa metodología, lamentablemente, fue una característica de persecuciones políticas. Sumado a un interés de Fernando, vinculado a lo económico, con la expectativa de cobrar una indemnización de manera exclusiva”.
Se trata del resarcimiento económico de más de $ 70.000.000 por el asesinato del esposo de Montoya y padre de Fernando, Ricardo Fermín Albareda, quien era subcomisario con función en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado por una patota del D2.
Este resarcimiento fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en el marco de la “reparación histórica del legajo laboral” de Albareda, en el marco de la Ley que reconoce a trabajadores que fueron Víctimas del Terrorismo de Estado pero Susana Montoya no llegó a cobrarlo.
El móvil del crimen sería la codicia. Es que Montoya pretendía dividir ese monto entre toda la familia, pero Fernando -con quien su hermano no tenía relación- se oponía, según le dijo a su abogado.
En la vivienda no se registraron cosas violentadas ni cerraduras forzadas. Quien ingresó a la vivienda lo hizo porque Susana le abrió. Son varias las pruebas que apuntan a Fernando Albareda, además de pericias grafológicas y cámaras de seguridad.