El Jury de Enjuiciamiento que analiza la actuación de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso concluyó la etapa testimonial y quedó a la espera de los alegatos finales, previstos para el próximo 6 de mayo.
El proceso judicial, que evalúa posibles conductas de “mal desempeño” y “negligencia grave”, ingresó así en una fase decisiva. El tribunal deberá determinar si los funcionarios continúan en sus cargos o son destituidos por la actuación desarrollada durante distintos tramos de la investigación del caso.
Testimonios clave en la recta final
La última audiencia incluyó declaraciones de exautoridades judiciales y actuales funcionarios vinculados al expediente. Entre ellos estuvieron los exfiscales generales de la provincia de Córdoba, Gustavo Vidal Lascano y Eugenio Darío Vezzaro.
Vidal Lascano aclaró que no tuvo intervención directa en la detención de Gastón Zárate, conocido públicamente como “el Perejil”, ocurrida durante una de las primeras etapas de la causa. Según explicó, la Fiscalía General no tenía competencia para ordenar arrestos.
Por su parte, Vezzaro brindó detalles sobre la gestión del informe elaborado por el Federal Bureau of Investigation (FBI) respecto de las pruebas genéticas, y sostuvo que la documentación fue remitida directamente al fiscal interviniente sin información adicional fuera del expediente.
El ADN que reabrió el debate judicial
Uno de los puntos más sensibles del Jury giró en torno al hallazgo del perfil genético que recientemente permitió vincular a Roberto Bárzola con la escena del crimen.
El fiscal de Cámara Julio Rivero, quien participó del juicio que terminó con la absolución de Marcelo Macarrón, consideró que la identificación del sospechoso fue producto de un “hallazgo casual” más que de una línea investigativa sostenida por los fiscales acusados.
Durante su exposición, Rivero remarcó que la evidencia genética estaba presente desde hace años dentro del expediente y sostuvo que la principal pista se encontraba en el cinturón de la bata utilizada durante el crimen.
En contraste, el actual fiscal de instrucción Pablo Jávega explicó que al asumir la causa en 2022 reorganizó el expediente y priorizó el análisis de un ADN masculino desconocido detectado originalmente en 2008. Según indicó, esa revisión permitió avanzar en el cotejo genético que finalmente vinculó a Bárzola con las muestras recolectadas en la escena.
Las defensas justificaron decisiones tomadas durante la investigación
Los fiscales sometidos al Jury defendieron su actuación y argumentaron que las decisiones adoptadas respondieron al contexto técnico y probatorio disponible en cada momento.
Javier Di Santo sostuvo que durante su gestión se investigó a los trabajadores que habían estado en la vivienda, incluido Bárzola, pero afirmó que las herramientas científicas de entonces no permitían asociar el perfil genético a un sospechoso concreto.
Daniel Miralles explicó que mantuvo la investigación centrada en Macarrón debido a la presencia de ADN del viudo en la escena, lo que consideró una línea prioritaria.
Luis Pizarro, en tanto, señaló que la complejidad de las muestras genéticas, compuestas por perfiles mezclados, dificultó durante años la identificación precisa de una persona vinculada directamente al homicidio.
Desde la querella que representa a la familia de Dalmasso, encabezada por Gustavo Liebau, se cuestionó la falta de impulso para profundizar el análisis del ADN masculino desconocido durante casi dos décadas.
Un fallo esperado para mayo
Concluida la etapa testimonial, el proceso ingresó en un cuarto intermedio hasta la presentación de los alegatos. Luego de esa instancia, el tribunal deberá emitir un veredicto que definirá si los fiscales continúan en funciones o son apartados de sus cargos.
La resolución podría conocerse antes de finalizar mayo y representará uno de los capítulos institucionales más relevantes derivados del caso que conmocionó a la ciudad de Río Cuarto hace casi veinte años.
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