A casi veinte años del crimen de Nora Dalmasso, la Justicia de la provincia de Córdoba atraviesa una instancia determinante con el avance del Jury de Enjuiciamiento contra los fiscales que condujeron la investigación original.
El proceso judicial analiza el accionar de los fiscales de Río Cuarto, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, señalados por presunto mal desempeño durante la instrucción de una causa que, para la familia Macarrón, terminó convertida en un símbolo de fracaso judicial.
La etapa actual se centra en la recolección final de testimonios y elementos técnicos que permitirán al tribunal determinar si existieron errores graves, omisiones o condicionamientos externos capaces de influir en el rumbo de la investigación.
Uno de los testimonios más relevantes corresponde al fiscal Pablo Javega, quien tuvo bajo su órbita el expediente en la etapa más reciente y detectó coincidencias de ADN vinculadas a Roberto Bárzola, principal sospechoso del crimen.
Ese hallazgo genético se transformó en uno de los ejes centrales del Jury, ya que la familia sostiene que las pruebas no fueron procesadas a tiempo, permitiendo que la causa contra el sospechoso avanzara hacia la prescripción.
El tribunal también escuchó la declaración del ex fiscal general provincial Gustavo Vidal Lascano, convocado para esclarecer si existieron influencias o seguimiento directo desde la estructura judicial provincial sobre los fiscales de instrucción de Río Cuarto.
La defensa de los acusados intenta demostrar que las decisiones adoptadas durante la investigación no fueron autónomas y que existía una supervisión constante desde niveles superiores de la Justicia cordobesa.
Además, el fiscal Julio Rivero aportó detalles técnicos relacionados con el procedimiento judicial original, cerrando la etapa probatoria antes de la deliberación del tribunal.
Las críticas de la familia Macarrón
El Jury también volvió a poner en primer plano el testimonio de la familia de la víctima. Tanto Marcelo como Facundo Macarrón expusieron públicamente el impacto emocional y judicial que dejó el proceso.
Facundo Macarrón cuestionó duramente la investigación y afirmó que estuvo atravesada por prejuicios y discriminación. Según sostuvo, los fiscales construyeron hipótesis basadas en su orientación sexual y no en evidencia concreta.
El hijo de Nora Dalmasso aseguró que fue señalado durante años sin fundamentos suficientes y denunció prácticas intimidatorias hacia su entorno personal. También afirmó que la causa estuvo marcada por teorías basadas en estigmas sociales antes que en pruebas científicas.
Por su parte, Marcelo Macarrón describió el proceso como un ensañamiento judicial que afectó profundamente a su familia. El viudo sostuvo que, tras años de sospechas y exposición pública, nunca recibió disculpas por parte de los investigadores.
Ambos coinciden en que la causa desvió su atención hacia sospechosos equivocados, mientras el crimen permanecía sin resolución definitiva.
Una causa atravesada por polémicas
El asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en Río Cuarto en 2006, se convirtió en uno de los expedientes judiciales más resonantes de Argentina, atravesado por filtraciones, hipótesis cambiantes y fuerte exposición mediática.
Durante años, la investigación apuntó contra distintas personas, entre ellas familiares y allegados, sin que pudiera alcanzarse una condena firme.
El Jury no busca esclarecer el crimen en sí, sino establecer si los fiscales actuaron con negligencia, falta de idoneidad o condicionamientos que afectaron el desarrollo de la causa.
Entre los cuestionamientos principales aparecen la supuesta omisión de pruebas genéticas, la persecución de personas posteriormente desvinculadas y el uso de criterios discriminatorios durante la instrucción.
La resolución del tribunal podría convertirse en un punto de inflexión para la Justicia cordobesa, al poner bajo revisión el funcionamiento institucional frente a una investigación que marcó a la opinión pública durante casi dos décadas.
Mientras se acerca la decisión final, el caso vuelve a instalar el debate sobre la responsabilidad judicial, el tratamiento de las víctimas y las consecuencias de los errores en investigaciones de alto impacto social.
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