El Jury de Enjuiciamiento que analiza el desempeño de los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso continuó este lunes en Córdoba con una audiencia clave, marcada por declaraciones de ex autoridades judiciales consideradas centrales para definir responsabilidades.
El proceso apunta a determinar si los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro incurrieron en mal desempeño y negligencia grave durante la investigación del homicidio ocurrido en 2006 en Río Cuarto, una causa que sigue sin resolución definitiva.
Uno de los testimonios más esperados fue el del ex fiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien rechazó las acusaciones de presunto “direccionamiento” de la investigación.
“Las reuniones en Río Cuarto estaban vinculadas a la operatividad de los fiscales. No di instrucciones particulares”, aseguró ante el tribunal, al ser consultado por encuentros con funcionarios judiciales en los primeros días del caso.
Además, sostuvo que no tuvo intervención en la detención del albañil Gastón Zárate —un episodio que calificó como una “explosión mediática”— y explicó que presentó su renuncia poco después de ese hecho. También remarcó que la Fiscalía General brinda apoyo institucional, pero no define líneas investigativas ni ordena medidas como detenciones.
En la misma línea se expresó el ex fiscal general Darío Vezzaro, quien afirmó que la actuación del Ministerio Público se limita a cumplir con la ley y que no se imparten directivas a los fiscales instructores.
Sobre el manejo de pruebas, indicó que un informe del FBI con datos genéticos fue remitido “de inmediato” al fiscal interviniente, intentando despejar cuestionamientos sobre posibles demoras o irregularidades en el tratamiento de evidencia clave.
Durante la audiencia también declararon otros funcionarios relevantes, entre ellos el fiscal de Cámara Julio Rivero —quien intervino en el juicio que absolvió a Marcelo Macarrón— y el actual fiscal de la causa, Pablo Jávega.
Este último impulsó nuevas medidas investigativas que permitieron incorporar pruebas genéticas vinculadas a Roberto Bárzola, lo que volvió a poner el foco en posibles omisiones en el análisis de ADN durante los primeros años de la investigación.
Con esta jornada se dio por finalizada la etapa testimonial, en la que declararon decenas de testigos sin que las defensas lograran obtener elementos contundentes a su favor. El proceso entrará ahora en un receso previo a los alegatos finales, previstos para mayo, instancia tras la cual el jurado deberá resolver si corresponde aplicar sanciones o incluso la destitución de los fiscales acusados.
El proceso reabre el debate sobre el funcionamiento de la Justicia y el impacto institucional de una investigación que, casi dos décadas después, continúa sin una resolución definitiva.
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