Los condenados conformaban una asociación ilícita. Un grupo de internos cometían estafas telefónicas desde la cárcel de Villa María. Otro grupo de afuera obtenía el dinero de los estafados.
La Cámara décima del Crimen condenó a 28 personas por la causa del “call center tumbero” que efectuaba estafas telefónicas desde la cárcel de Villa María. La maniobra se completaba desde afuera de la penitenciaría con otro grupo de personas que se encargaba de recolectar el dinero de los estafados.
Los principales condenados por asociación ilícita son Daniel Alejandro Barroso, Mario Leonardo Heredia, Rubén Alejandro Heredia, Emanuel Nicolás Ruiz, Josué Gabriel Tejeda y Juan Manuel Vázquez. A estos se suma el otro grupo, que fue encontrado culpable de asociación ilícita y estafas reiteradas, quienes realizaban el apoyo desde fuera de la cárcel.
El fiscal de la causa Gustavo Arocena contó que “fueron 27 condenados y del restante fue declarado su responsabilidad penal en virtud de su minoridad”. “la Cámara ha hecho lugar a todos los pedidos de la fiscalía, logrando la condena de todos los acusados”, agregó.
Muchos de los imputados tuvieron penas unificadas ya que estaban cumpliendo condenas. Por ejemplo, Rubén Alejandro Heredia fue condenado a 11 años y ocho meses de prisión con declaración por reincidencia. Esa pena se unificó con otra pena a 14 años y 4 meses de prisión.
Asimismo, Mario Leonardo Heredia recibió una pena de 10 años y ocho meses de prisión con unificación de condena a 11 años y un mes de prisión. En tanto, Juan Manuel Vázquez tuvo una condena de siete años y ocho meses de prisión.
Así, la Justicia determinó que los máximos responsables y organizadores de la asociación ilícita fueron Daniel Barroso (seis años y cuatro meses de condena unificada a 11 años y cuatro meses), Emanuel Nicolás Ruiz, Rubén Alejandro Heredia, Mario Leonardo Heredia, Juan Manuel Vázquez y Josué Tejeda.
“Es un fallo señero que va a marcar un hito importante en la historia judicial de Córdoba como respuesta para estos delitos que se cometan en estos delitos penitenciarios”, remarcó Arocena. El fiscal también destacó que la cámara dictaminó el pago de unos $ 10.000.000 para indemnizar a los damnificados por los estafados del “call center tumbero”.