Como es costumbre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner el ojo sobre uno de los pilares del sistema tributario argentino. En su último Staff Report, el organismo incluyó el documento «Argentina: Selected Issues», donde califica al sistema impositivo nacional como «complejo, altamente distorsivo e inestable».
Ante esto, propone una reforma integral que, entre otros puntos, apunta directamente al monotributo. Actualmente, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), trabajan bajo este régimen 2.210.400 personas.
Qué dice el FMI
Para el organismo internacional, el régimen simplificado tiene virtudes, como facilitar la formalización y garantizar el acceso a la obra social y a los aportes jubilatorios, pero advierte que genera una carga impositiva efectiva muy inferior a la del régimen general. Esa diferencia, sostiene el FMI, incentiva la fragmentación de empresas y erosiona la base imponible del Estado.
Una de las propuestas es alinear progresivamente las tasas y contribuciones sociales del monotributo con las del régimen general. Según sus propios cálculos, esta reforma podría aportar entre el 0,4% y el 1% del PBI en recaudación adicional. En términos concretos, esto se traduciría en un aumento significativo de las cuotas mensuales, tanto en su componente impositivo como en el previsional y de obra social.
Mientras tanto, el Gobierno nacional afirma su compromiso para presentar una reforma tributaria antes de fin de año.
Un «parche» de los 90 que se volvió estructura
Este tipo de régimen nació el 1° de noviembre de 1998, bajo la Ley 24.977, durante el gobierno de Carlos Menem, como una respuesta de emergencia al desempleo provocado por el cierre masivo de fábricas. La idea en ese momento fue brindar cobertura a pequeños contribuyentes como, por ejemplo, quienes abrían kioscos o remiserías que quedaban fuera del sistema si se los obligaba a tributar como autónomos plenos.
El economista Andrés Frete, consultado por este medio, sintetiza que se trató de un «parche» porque fue una medida de transición que nunca fue pensada para durar. Sin embargo, se volvió permanente y estructural. En los últimos diez años, mientras el empleo asalariado privado se mantuvo estancado en torno a los 6,2 millones de personas, el número de monotributistas creció un 50%, pasando de 1,4 millones a más de 2,2 millones.
Los datos más recientes del SIPA confirman esa tendencia. A febrero de 2026, el monotributo común registra 2.210.400 aportantes, con un crecimiento interanual del 4,3%, lo que representa 90.700 personas más que en febrero de 2025. El monotributo social, por su parte, agrupa a otras 247.000 personas y también creció un 2,2% interanual. En total, sumando a los trabajadores autónomos, el universo del trabajo independiente alcanza los 2,856 millones de personas.
Por su parte, la modalidad de autónomos, el régimen al que el FMI quiere acercar al monotributo, registró una caída del 0,1% en el mismo período.
El salto al vacío del régimen general
El problema central de la propuesta del FMI, según Frete, es que ignorar esa historia implica un salto fiscal muy brusco para los contribuyentes. Hoy, un monotributista paga entre el 8% y el 12% de su facturación en concepto de aportes e impuestos. Pasarse al régimen general implicaría cargas de alrededor del 30%.
Por otro lado, el régimen general obliga a contratar un contador, realizar declaraciones juradas mensuales y facturar IVA. Para ilustrar un caso, en países como Inglaterra los sistemas están diseñados para que el propio ciudadano haga su declaración por computadora, sin intermediarios. En Argentina, ese proceso nunca fue simplificado para el contribuyente individual. Todo eso, en la práctica, requiere la asistencia de un profesional, un gasto fijo mensual que puede rondar entre los $50.000 y los $150.000 o más, dependiendo del volumen de operaciones y la zona del país.
Para un pequeño comerciante, un trabajador de la economía del conocimiento o un cuentapropista de ingresos medios, ese costo representa una porción significativa de su facturación y se suma a la carga impositiva ya incrementada. En definitiva, el salto al régimen general no solo significa pagar más impuestos, sino también pagar para poder pagarlos.
Para Frete, el nudo del problema es anterior a cualquier reforma impositiva: Argentina no genera suficiente empleo privado formal. Mientras esa condición no cambie, el monotributo seguirá siendo el único piso de formalidad al alcance de millones de personas. Reformarlo sin antes crear las condiciones para que esos trabajadores puedan dar el salto al régimen general no resuelve el problema fiscal: lo desplaza y, probablemente, lo agrava.