Revelan que el tributo a los combustibles terminó en el Tesoro

Los problemas de la economía real están empezando a afectar al gobierno de Javier Milei. No sólo ocurre que mucha gente no llega a fin de mes –una encuesta de Zentrix reveló la semana pasada que dos de cada tres argentinos agotan sus ingresos el día 20 -, con las consecuencias lógica de crecimiento del endeudamiento familiar, sino que uno de los máximos caballitos de batalla de la gestión libertaria como es el superávit fiscal podría empezar a complicarse.

Huecos fiscales

En los últimos días se conoció que el Gobierno nacional viene utilizando recursos específicos que por ley están destinados a ciertos sectores para tapar los huecos fiscales de las cuentas del Tesoro.

Luego de que la economía cerrara en junio con déficit primario – vale decir, el resultado negativo entre los gastos operativos y corrientes de un Estado (sueldos, obras o servicios públicos) y los ingresos que recauda (como impuestos), sin incluir el pago de los intereses de la deuda-; ahora se supo que el destino de millones de pesos que el Gobierno recaudó vía el impuesto a los combustibles para financiar la construcción de rutas fueron a parar, en gran parte, a las cuentas públicas para engrosar los ingresos corrientes.

Los detalles del fondo en cuestión

El “Sistema Vial Integrado” (SisVial) es un fondo fiduciario y esquema de financiamiento que recauda un porcentaje de los impuestos a los combustibles con un objetivo legal exclusivo: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las redes de rutas nacionales y provinciales.

El periodista Hugo Alconada Moon reveló el domingo que el Gobierno de recaudó más de 1,5 billón de pesos en ese fideicomiso desde el inicio de su gestión, pero solo aplicó la cuarta parte a la creación y/o mantenimiento de rutas, que es su fin exclusivo. “Para fines de mayo de este año, mantenía más de $1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos”, publicó el especialista en el diario La Nación.

“La obligación de solo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa, pero desde que Milei llegó a la Casa Rosada, la tasa de subejecución del SisVial asciende al 73,8%. Solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado durante 2024 ($40.668 millones de $360.238 millones), subió al 39% ($270.592 millones de $692.514 millones) durante 2025, año electoral y de máxima confrontación legislativa, y bajó otra vez al 18,5% entre enero y mayo de 2026 ($83.144 millones de $450.500 millones). En total: $1.503.252 millones recaudados, $394.406 millones ejecutados y más de $1 billón que al cierre del período analizado permanecían sin aplicarse a obras viales”, escribió el periodista en el matutino porteño.

Ese más del $1 billón que no se ejecutaron terminaron inmovilizados en colocaciones financieras como Letras del Tesoro (LECAP, BONCAP y LECER), según la investigación, para engrosar los fondos que sostienen el superávit fiscal. Se trata de un desvío significativo de fondos, como lo indican los números oficiales: en 2024 se ejecutó solo el 11,3% de lo recaudado por el SisVial ($40.668 millones sobre $360.238 millones), en 2025 la ejecución subió al 39% ($270.592 millones sobre $692.514 millones), pero en 2026 cayó nuevamente al 18,5% ($83.144 millones sobre $450.500 millones).

La admisión de Ravier

Pues bien, el vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a confirmar que el Gobierno utilizó un alto porcentaje del SisVial para “lograr el equilibrio fiscal”, aunque no supo especificar cuánto.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, admitió Ravier durante una visita a La Pampa, donde argumentó que “habría que ver el número ahí, ¿no? Vialidad Nacional tiene en cada provincia una representación, una oficina con profesionales, que están permanentemente dando mantenimiento de obras a todas las rutas… Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas”.

“La obligación de sólo usar lo recaudado por el SisVial en obras viales es taxativa. El fideicomiso se creó por exigencia del Banco Mundial para aprobar un préstamo a la Argentina, precisamente para evitar que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes”, explicó Alconada Mon en su nota del domingo, donde remató: “En otras palabras, la herramienta se diseñó para atar el dinero a un destino específico y hacerlo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios”.

Denuncia en la Justicia

Ante esta situación, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó ayer una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo maneja la Casa Rosada los recursos del SisVial, después de que el propio Gobierno admitiera el desvío de los fondos que deberían ir a las rutas.

Tolosa Paz solicitó que la Justicia evalúe si los funcionarios libertarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.

La denuncia sostiene, además, que no toda la recaudación asignada habría ingresado efectivamente al fideicomiso, por lo que solicita determinar cuánto dinero llegó al SisVial, cuánto permaneció invertido y cuál fue el destino de los recursos que eventualmente fueron retenidos antes de ingresar en sus cuentas.

Crece la «deuda flotante»

Además, la semana pasada se conoció un nuevo salto en la llamada “deuda flotante” del Estado, que en junio creció más de $ 2,23 billones hasta llegar a los $3,6 billones. La “deuda flotante” es el conjunto de obligaciones de corto plazo que un Gobierno ya devengó (reconoció contablemente como un gasto en bienes, servicios, salarios o transferencias) pero que todavía no abonó de manera efectiva. Son los compromisos de pago pendientes del Estado –es decir: aquellos que ya debería haber abonado pero pateó para adelante-.

Según los números informados por la Tesorería General de la Nación, esta deuda cerró en julio en los $3,6 billones, cuando en junio había completado alrededor de $1,3 billones: un incremento mensual del 175% (o de $2,23 billones). La consultora Analytica estimó que ese último número de julio se ubica en torno de los 0,2% del PBI.

“La deuda flotante puede ser usada como un recurso de corto plazo para acomodar cuentas fiscales. De hecho, en el acuerdo con el FMI tiene un techo, y ha ido subiendo y bajando a lo largo de los años”, explicó el titular de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, al periodista Esteban Lafuente, ante quien graficó: “Tenés una actividad económica que está bastante por debajo de lo esperado, y la recaudación está sufriendo por eso y por la baja en los derechos de exportación. Entonces, tenés un resultado fiscal bajo presión, y eso es un síntoma más. Lo que esto demuestra realmente es que les está costando que no se achique mucho más el superávit, y tienen que recurrir a este tipo de herramientas” para evitarlo.

Las cuentas de julio

Si bien la recaudación cerró julio con un aumento del 1% real interanual, luego de varios meses de retrocesos, se trató de un rebote circunstancial: se debió principalmente al cambio del calendario de vencimientos de Ganancias para las personas humanas, cuyo pago este año se realizó en julio -en 2025 había ocurrido en junio-.

Lo reveló un informe de la Consultora LCG, que indicó que la recuperación del superávit primario en julio, tras el dato negativo de junio, se debe al pago de Ganancias y a un nuevo recorte del gasto público, que el IARAF estableció como la mayor contracción mensual del año.

Según el estudio de LCG, el saldo a favor primario fue de $ 2,4 billones en julio pese a que los ingresos cayeron el 6,7% interanual en términos reales. Esto fue compensado por una caída del 2,7% anual en términos reales del gasto primario, aunque el informe técnico señala que, al descontar el efecto del traslado de pagos de la “deuda flotante”, el recorte real del gasto en el último mes fue superior al 5% anual.

El informe del IARAF

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) presentó un informe aún más pesimista de las cuentas de julio. Según el estudio, la caída real del gasto primario fue de 8,9% interanual en julio, acaso porque incluye el gasto devengado -es decir, esos compromisos de pago asumidos aunque no necesariamente concretados por el Gobierno-.

El recorte para sostener el superávit de las cuentas públicas –que el instituto calificó como la poda mensual más grande de 2026-, alcanzó prácticamente a todas las partidas, con casos extremos como las transferencias a universidades nacionales, que se desplomaron 99% en términos reales.

Otros recortes significativos fueron en las transferencias al exterior (-74%); los envíos a provincias y municipios, que disminuyeron 61,4%;

De esta manera, se combina un escenario donde la persistente caída de los ingresos fiscales obligará al Gobierno a profundizar el ajuste del gasto público durante la segunda mitad del año para mantener el superávit fiscal, algo que sin duda repercutirá en la campaña electoral.