El proyecto denominado “Súper RIGI” dio un nuevo paso en el Congreso tras obtener media sanción en la Cámara de Diputados y quedar a la espera de su tratamiento en el Senado. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca atraer grandes desembolsos de capital destinados a industrias estratégicas y de alto desarrollo tecnológico mediante un esquema de beneficios extraordinarios para los inversores.
La propuesta amplía considerablemente las ventajas contempladas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original y está dirigida exclusivamente a proyectos de gran escala, con un requisito mínimo de ingreso de 1.000 millones de dólares por emprendimiento.
Además, las empresas interesadas deberán comprometer la ejecución de al menos el 20% de la inversión durante los primeros dos años de vigencia del proyecto y operar mediante Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas específicamente para cada iniciativa y que incluso podrán estar constituidas en el exterior.
Entre los principales incentivos previstos figura una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, una carga del 3,5% sobre dividendos y utilidades y la eliminación inmediata de los derechos de exportación para las actividades comprendidas en el régimen.
Asimismo, el proyecto contempla la exención total de aranceles para las importaciones vinculadas a las inversiones, una liberalización progresiva del acceso a divisas hasta alcanzar la libre disponibilidad del 100% a partir del tercer año y una reducción de las contribuciones patronales al 10% para los nuevos puestos de trabajo generados bajo este esquema.
Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la garantía de estabilidad normativa durante tres décadas. De aprobarse definitivamente, las empresas adheridas contarían con un marco de previsibilidad por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional, además de la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales ante eventuales conflictos con el Estado argentino.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es captar inversiones vinculadas a sectores emergentes y de alto valor agregado que actualmente tienen escasa presencia en el país o permanecen en etapas de desarrollo inicial. Entre ellos aparecen los centros de datos para inteligencia artificial, la producción de semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital estratégica.
Según la visión del Gobierno, estas inversiones podrían acelerar el ingreso de divisas, incrementar las exportaciones, generar empleo calificado y fomentar nuevas cadenas productivas en industrias consideradas claves para la economía del futuro.
Sin embargo, el proyecto también despertó fuertes cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y del empresariado nacional. Uno de los principales puntos de discusión es el elevado umbral de ingreso exigido para acceder a los beneficios, una condición que deja fuera del régimen a la gran mayoría de las empresas argentinas, incluso a grupos económicos de relevancia que no operan en esa escala de inversión.
A ello se suma la exclusión de proyectos destinados a ampliar, modernizar o reconvertir instalaciones ya existentes, una decisión que, según los críticos, limita las posibilidades de crecimiento y actualización tecnológica del entramado productivo local.
La discusión también involucra a las provincias, que deberán adherir formalmente al régimen y aceptar límites en materia tributaria para los proyectos alcanzados. Entre otras condiciones, el texto establece que el impuesto a los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% para estas inversiones y restringe la aplicación de otros tributos provinciales y municipales relacionados con la actividad.
Con el debate ahora trasladado al Senado, el “Súper RIGI” se encamina a convertirse en uno de los proyectos económicos más discutidos del año, en medio de posiciones encontradas entre quienes lo consideran una herramienta clave para atraer inversiones y quienes advierten sobre el riesgo de profundizar las asimetrías entre los grandes capitales internacionales y las empresas argentinas.
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