El próximo viernes habrá en Córdoba una nueva protesta que, en este caso, visibiliza una crisis profunda y silenciosa. Bajo el lema «Emergencia en Discapacidad» y la consigna «¡Basta de crueldad!», el Colectivo 3 de Diciembre convocó a una concentración y jornada de visibilización a partir de las 10 en el Parque Sarmiento, específicamente sobre la avenida Deodoro Roca, a metros de la Plaza España. La medida incluirá un cese involuntario de actividades por 24 horas y una movilización en la que los prestadores asistirán con sus propios vehículos.
La situación del sector es acuciante. Leandro Ator, referente del Colectivo 3 de Diciembre —una asociación civil provincial que nuclea a más de 230 transportistas en toda la provincia de Córdoba—, advierte sobre un escenario de desfinanciamiento que pone en jaque la continuidad del servicio.
Una crisis sin precedentes que vacía el sector
El transporte de personas con discapacidad es un eslabón fundamental para garantizar derechos básicos como la salud, la rehabilitación y la educación. Sin embargo, las condiciones económicas actuales han vuelto la actividad prácticamente insostenible para muchos prestadores.
«Yo hace 25 años que estoy en la actividad y estamos viviendo una crisis sin precedentes. En la asociación tenemos registro de que en estos últimos dos años, con el gobierno de Milei, casi el 40% de los transportistas se fundió, abandonó la actividad, vendió lo último que tenía y se ha dedicado a otra cosa», describe Leandro Ator con crudeza.
El motivo principal de este éxodo de profesionales es un desfinanciamiento que el sector califica como «brutal». Los valores que se asignan por kilómetro recorrido no alcanzan a cubrir los costos fijos de mantenimiento de los vehículos, combustibles y seguros. Según explican desde el colectivo, actualmente trabajan sin rentabilidad, lo que provoca un deterioro progresivo del sistema de traslados.
La cautelar, una luz de esperanza entre los incumplimientos
Ante la falta de respuestas institucionales, el Colectivo 3 de Diciembre recurrió a la vía judicial para intentar torcer el rumbo de la crisis. Primero presentaron un amparo colectivo para exigir la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, una normativa que, según Ator, el Gobierno nacional reglamentó «a medias, de manera escasa, incompleta y a su conveniencia».
Posteriormente, ante los Tribunales Federales se presentó una medida cautelar que recientemente fue aceptada. Esta resolución judicial, dictada por un plazo de seis meses o hasta que se dicte una sentencia definitiva, incluye a todos los prestadores del sistema a nivel nacional e intima al Gobierno a regularizar los pagos atrasados.
«Celebramos la aceptación de la cautelar. El juez Vaca Narvaja intimó al Gobierno nacional a que cumpla y que empiece a pagarle a todos los prestadores a los que les debe desde los últimos meses de 2025 y todos los meses de este año. La verdad que es una esperanza para nosotros», afirma el referente.
A pesar del optimismo que genera el respaldo de la Justicia, el sector se mantiene cauteloso. Los transportistas denuncian que, tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a principios de año, los atrasos se agudizaron y se generaron cortes en la cadena de pagos de programas clave como el Programa Federal Incluir Salud y el Pami.
El peligro de la transferencia a las provincias
Más allá de la urgencia por cobrar las deudas acumuladas, la mayor preocupación a mediano plazo para los transportistas radica en un proyecto que comenzó a circular desde la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. La iniciativa oficial buscaría transferir la responsabilidad de las prestaciones de transporte y educación directamente a las órbitas provinciales.
«La Nación se quiere sacar de encima el transporte y todas las prestaciones de apoyo que necesitan las personas con discapacidad, y que se hagan cargo las provincias, lo cual termina de destruir el sistema», advierte Ator.
Para el Colectivo 3 de Diciembre, la descentralización de estos fondos sin un respaldo presupuestario sólido significaría el golpe de gracia para una actividad ya precarizada, fragmentando la calidad del servicio según los recursos de cada jurisdicción.
El impacto en las familias y el sentido del reclamo
El reclamo de este viernes no es solo sectorial. Los transportistas enfatizan que cada baja de un vehículo implica dejar a un usuario desamparado, interrumpiendo tratamientos médicos y trayectorias escolares debido a la imposibilidad de las familias de afrontar los traslados por medios propios o en el transporte público tradicional.
«Cada vez que se cae o se da de baja un transportista, hay un usuario, muchos usuarios detrás de cada vehículo, y muchas familias que están condenadas al abandono, a no poder ejercer sus derechos ni recibir las prestaciones que necesitan», concluye Ator.
La jornada del viernes en el Parque Sarmiento buscará forzar una respuesta política definitiva. Los organizadores adelantaron que, además de concentrar las unidades y recibir a la prensa, la movilización contará con el acompañamiento de diversos artistas locales que se sumarán para visibilizar el reclamo de un sector que se declara en estado de supervivencia. También han confirmado su presencia colegas de Punilla, Traslasierra y Sierras Chicas, entre otras regiones del interior provincial.