Una iniciativa legislativa inédita en Argentina pone en el centro del debate público una realidad invisibilizada durante décadas: quienes cuidan a personas con discapacidad también necesitan protección, reconocimiento y derechos.
El diputado nacional Dr. Juan Brugge presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley que representa un hito en materia de política pública social: el reconocimiento integral de los padres y madres cuidadores de hijos con discapacidad. La iniciativa propone la creación de un Registro Nacional de Cuidadores, junto a un conjunto de garantías en materia laboral, de salud mental y de derechos fundamentales que históricamente fueron ignorados por el Estado argentino.
La propuesta llega en un momento de singular relevancia institucional, en consonancia con la Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros del sistema interamericano— que establece con claridad manifiesta la obligación de los Estados de legislar y reglamentar el derecho al cuidado, con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad y quienes los cuidan. El proyecto del Dr. Brugge no solo responde a esa manda internacional: la anticipa, la propone para tratamiento en el órgano legislativo y, a su vez, exige un compromiso real y sincero con la sociedad y con el cumplimento de una recomendación internacional con matices jurídicos y éticos.
En Argentina, cientos de miles de familias organizan su vida entera alrededor del cuidado de un hijo o una hija con discapacidad o más de uno, o familiar con discapacidad. Los cuidadores renuncian a empleos, no son tomados para un trabajo, postergan proyectos personales, enfrentan agotamiento físico y emocional, colocan en riesgo su salud mental y lo hacen en una absoluta invisibilidad jurídica. No existen registros sistemáticos, no hay reconocimiento económico ni previsional de esa tarea titánica que sostienen silenciosamente los cuidadores de hijos con discapacidad, como parte esencial del tejido social.
El proyecto de Brugge viene a romper ese silencio con la contundencia de una ley.
Constituyen ejes centrales del proyecto: La creación de Registro Nacional de Personas Cuidadoras: Por primera vez, el Estado argentino contaría con un padrón oficial que identifica, visibiliza y cuantifica a quienes ejercen el cuidado de hijos con discapacidad. Sin registro no hay política pública posible. Este punto es fundacional. Contempla también Derechos laborales específicos, como mecanismos de protección en el ámbito del trabajo —licencias, flexibilización horaria, reconociendo que la condición de cuidador impacta directamente y de manera permanente en la vida laboral de quien la ejerce.
Incorpora a la salud mental como uno de los aportes más sensibles y urgentes.
Establece reconocimiento y garantías como marco de reconocimiento formal de la labor de cuidado y como función fundamental de valor social, económica y ética, con las garantías institucionales que ese reconocimiento exige.
Se trata de una política pública que no admite más demoras
Lo que propone el Dr. Brugge no se trata de una concesión del Estado, es el cumplimiento de una obligación constitucional, convencional y moral, porque de modo esencial el cuidado no remunerado de personas con discapacidad representa una contribución económica de magnitud incalculable que el sistema productivo y el Estado absorben gratuitamente, a costa del bienestar y los derechos de quienes lo ejercen —en su abrumadora mayoría, mujeres.
La economía del cuidado no es un tema marginal ni sentimental. Es una cuestión de justicia distributiva, de derechos humanos y de arquitectura social. Los países que han comprendido esto han avanzado en cohesión, productividad y equidad. Argentina tiene hoy, con esta iniciativa, la oportunidad de ponerse a la altura de ese imperativo histórico.
El proyecto del legislador Brugge es inédito, urgente y necesario. Es, también, el tipo de política pública que define el carácter ético de una sociedad. El Congreso tiene la palabra.
El texto completo del proyecto se encuentra en trámite parlamentario ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.
Ab. Gustavo Alfredo Robles – Diplomado en Derechos Humanos, Diplomado en Discapacidad, Diplomado en Neurodivergencias, Diplomado en Autismo.
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