La democracia argentina tenía apenas dos años y medio de vida, cuando una bomba enterrada en el camino que debía recorrer el presidente Raúl Alfonsín dentro de una de las guarniciones militares más poderosas del país.
Era el lunes 19 de mayo de 1986. Esa mañana, el Tango 01 aterrizó en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde antes de que el presidente pisara suelo cordobés, una patrulla de limpiadores tuvo que eliminar los grafitis escritos en las paredes de la ciudad para recibirlo. La hostilidad era manifiesta. El presidente venía a tender puentes con las Fuerzas Armadas que habían gobernado el país entre 1976 y 1983, y cuyas cúpulas acababa de llevar a juicio. Ese gesto de acercamiento institucional estuvo a punto de costarle la vida.
El lugar, el artefacto y la sombra de la dictadura
El Cuerpo de Ejército III había sido, durante la dictadura, centro de operaciones y feudo del general Luciano Benjamín Menéndez, quien tuvo a su cargo la Zona 3, con influencia en todo el norte del país.
En dependencias del Cuerpo III había funcionado La Perla, el más grande de los centros clandestinos de detención, por el que pasaron más de tres mil detenidos. Era, en pocas palabras, el corazón del poder represivo en el interior del país. Y era allí donde Alfonsín elegiría ir a dialogar con sus oficiales.
La reconstrucción del hecho que hizo luego la Justicia dio cuenta de que el explosivo fue hallado en la alcantarilla de un camino lateral del Tercer Cuerpo que une la plaza de aparatos de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada con la torre de control de lanzamientos de esta brigada, conocida internamente como «la Mezquita». Un lugar por donde se suponía que pasarían los vehículos de la comitiva del presidente.
El artefacto no era improvisado. Estaba compuesto por una bala de mortero calibre 120 mm con 2,5 kilos de TNT adosada a dos panes de trotyl de 450 gramos cada uno. Quien lo construyó sabía exactamente lo que hacía. Varios especialistas en materia de explosivos estaban convencidos de que «el único que podía armar un artefacto de esa naturaleza es un sargento ayudante de Ejército».
El héroe accidental
El destino de la democracia argentina dependió, esa mañana, de una necesidad fisiológica.
Poco antes de que llegara la comitiva presidencial, el oficial Carlos Primo, del Comando Radioeléctrico de la Provincia de Córdoba, caminó las calles del destacamento para verificar que todo estuviera en orden. Entró en los pastizales no tanto por encontrar algo oculto, sino porque se estaba meando. Después de vaciar su vejiga, saltó algunas acequias y con el pie movió unos yuyos que tapaban la boca de una alcantarilla.
Con la mano desplazó unos pastizales y le preguntó al cabo Hugo Velázquez, que estaba sobre el asfalto: «¿Qué es esto?». Velázquez, con la punta de la bota, hizo un hueco entre los pastos y, sorprendido, contestó: «Es una bomba». El oficial principal Primo hizo desplazar a los vehículos que estaban cerca y dio la voz de alarma a la Brigada de Explosivos.
Lo llamativo es que ese sector del camino no era virgen para los controles. Agentes del citado comando habían rastrillado esa zona previamente, en tres oportunidades, y no encontraron nada extraño. Fue a las 8.40, 9.20 y 9.35. Recién en la cuarta inspección, a las 9.50, el oficial Primo dio con el cable negro que lo llevó al explosivo. El explosivo había sido colocado, con toda probabilidad, entre una inspección y la siguiente. Alguien conocía los horarios. Alguien de adentro.
Alfonsín siguió adelante
Alertado de que había un explosivo en el recinto que visitaría, el presidente tomó una decisión que definiría su carácter político: no retrocedió. Pese a haber sido alertado del descubrimiento, Alfonsín no dio el brazo a torcer y realizó su visita al cuartel tal como la tenía planeada. Estuvo en ese establecimiento militar por unas seis horas: presenció ejercicios de tiro, abordó un avión Hércules 130 desde el que observó saltos de paracaidistas y disparó un cañón de 155 milímetros de fabricación nacional.
La jornada, sin embargo, tuvo un desenlace revelador. Los jefes y oficiales recibieron sus palabras en silencio, no lo aplaudieron y renunciaron a hacer preguntas en el frustrado coloquio posterior. Antes de regresar a Buenos Aires, el Tango 01 fue rastrillado varias veces en busca de más explosivos.
La explosión controlada y sus consecuencias
Una semana después, el 26 de mayo, la bomba fue detonada de manera controlada para establecer su verdadero poder destructivo. La explosión creó un cráter de un metro de diámetro por 15 centímetros de profundidad. Alrededor del dispositivo se pusieron distintos «señuelos», algunos con forma humana, para medir la intensidad de la onda expansiva: una figura a unos 15 metros recibió impactos de esquirlas, un lienzo a unos 45 metros mostró una perforación, y otro a unos 20 metros experimentó la quebradura de uno de sus sostenes de madera. Las esquirlas llegaron a volar hasta 70 metros. La conclusión fue inequívoca: el artefacto estaba destinado a matar.
El mismo día en el que se realizó la reconstrucción, el comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, general Aníbal Ignacio Verdura, solicitó su pase a retiro, que fue aceptado por el presidente Alfonsín. «Estoy un poco dolorido por haber terminado así mi carrera. Hay algo que no huele bien», dijo el militar al presentar su retiro, aunque despegó a sus hombres de toda responsabilidad. Décadas después, ese mismo general sería condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, incluyendo el robo del nieto de Estela de Carlotto.
El contexto: un mayo de fuego
El atentado no emergió de la nada. Mayo de 1986 había sido un mes inusitadamente violento en la Argentina. Tres días antes de la visita de Alfonsín a Córdoba, el viernes 16, fueron colocadas bombas en nueve comités radicales de la ciudad de Buenos Aires. Ocho de ellas explotaron en la madrugada. La novena pudo ser desactivada. Los ocho locales quedaron destrozados y una niña de 14 años resultó herida.
A apenas cinco meses del histórico juicio que había condenado a los comandantes de las tres primeras juntas militares, las denominadas «manos desocupadas» del aparato represivo enviaban una señal brutal. Días antes de la visita presidencial ya se habían pintado carteles contrarios a su llegada y se arrojaron panfletos en el centro de Córdoba con similar mensaje, reflejando el clima hostil de parte de los militares.
El diputado César «Chacho» Jaroslavsky, cercano a Alfonsín, fue directo: los responsables eran «grupos de extrema derecha con muy presumibles conexiones con el gobierno dictatorial que la democracia desalojó en 1983».
Sin culpables
La investigación judicial, a cargo del juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, nunca llegó a buen puerto. Nunca se conocieron ni el origen del atentado, ni quiénes fueron sus impulsores, ni quiénes sus autores materiales. Sólo hubo presunciones. La principal: nadie podría haber entrado a ese lugar sin atravesar la barrera de guardia del Tercer Cuerpo del Ejército, y menos de la Cuarta Brigada Aerotransportada. Las sospechas siempre estuvieron en alguien vinculado al Ejército.
El atentado de Córdoba no sería el último intento contra la vida de Alfonsín. En octubre de 1989, ya expresidente, una bomba destruyó varios ambientes de sus oficinas en la calle Ayacucho de Buenos Aires. En febrero de 1991, en San Nicolás, un exgendarme intentó dispararle en pleno acto político, pero el arma falló. Tres veces alguien intentó matar al primer presidente de la democracia recuperada. Las tres fracasó.
Raúl Alfonsín murió el 31 de marzo de 2009, de cáncer de pulmón, rodeado de sus afectos y de la historia que él mismo contribuyó a construir. La bomba de Córdoba quedó sin firma. Como tantas otras cosas de aquella Argentina que todavía aprendía, a veces a los tumbos, a vivir en democracia.
