Con mucha expectativa, comenzará hoy en Mendoza el juicio por abusos en el instituto para niños hipoacústicos Antonio Próvolo. El proceso, que marca el mayor escándalo por denuncias de abusos sexuales eclesiásticos registrado en Mendoza, es en contra de los curas Nicola Corradi, de 83 años, y Horacio Corvacho, de 59, y el administrativo Armando Gómez, de 57. Los tres están imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores”.
Las audiencias se desarrollarán a puertas cerradas a la prensa y con traducción simultánea en lenguaje de señas ante la presencia de las víctimas y sus familiares. El fiscal Gustavo Stroppiana, quien encabezó la mayoría de la instrucción, imputó a Corbacho por 16 hechos, de los cuales ocho son por abuso sexual agravado con acceso carnal (violaciones); y a Corradi y a Gomez por seis hechos a cada uno. Otra acusación formal restante es por corrupción de menores, ya que se los acusa de obligarlos a ver videos y revistas pornográficas. La causa ya tiene condenado al monaguillo Jorge Bordón, de 51 años, quien confesó en septiembre del año pasado, durante un juicio abreviado, ser autor de 11 abusos y deberá cumplir diez años de prisión.
Todas las denuncias contra los curas y contra los empleados del Próvolo provienen de ex alumnos del instituto, quienes manifestaron haber tenido entre 5 y 16 años al momento en que se produjeron los ataques. Tras una extensa investigación que incluyó numerosas testimoniales, cámaras Gesell, allanamientos e inspecciones al lugar, y con absoluto silencio de la Iglesia católica. “Las causas son tres: la primera es la que comienza mañana (por hoy), la segunda es la de Kosaka Kumiko, la monja acusada de haber participado en episodios de vejámenes y corrupción de menores hipoacúsicos en el instituto, y la tercera, que está en etapa de instrucción y aún no fue elevada a juicio, involucra a la ex directora Graciela Pascual y la monja Asunción Martínez, por omisión”, precisaron desde la ONG querellante Xumec.
Los abogados querellantes de la causa, Sergio Salinas y Oscar Barrera, han denunciado a lo largo de toda la instrucción la falta de colaboración de la iglesia en general y del Vaticano en particular. Los imputados podrían recibir penas de hasta 50 años de prisión.