El debate por la autonomía del cuerpo y el derecho a decidir sobre la propia muerte volvió a encenderse en América latina luego de que, el viernes pasado en Colombia, el Instituto del Dolor (IPS Incodol) cancelara el procedimiento de eutanasia de Martha Sepúlveda, apenas 36 horas antes de concretarse en Medellín, y sus abogados anticipó que rebatirán la decisión del comité médico ante la Corte Constitucional.
Sepúlveda, de 51 años, quien fue diagnosticada en 2018 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y cuyo deterioro progresivo ya no le permite caminar ni desplazarse por sí misma, iba a ser la primera persona en acceder en el país al procedimiento de eutanasia sin tener una enfermedad terminal.
Colombia es el único país de América Latina en el que el derecho a morir dignamente está reglamentado desde 2015 y presenta tres mecanismos: la adecuación del esfuerzo terapéutico, los cuidados paliativos, y la eutanasia para personas con enfermedad terminal y pronóstico de vida de seis meses. Desde julio, por acción de la Corte Constitucional, fue ampliado a quienes padecen una enfermedad grave e incurable, como la ELA.
Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no incluyó la última modificación en la norma. Estoy totalmente tranquila. Soy muy creyente, pero Dios no me quiere ver sufrir. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos”, expresó Martha el 3 de octubre pasado en un medio colombiano ni bien se enteró de que su muerte estaba pautada para el domingo 10 a las 7:00.
Cinco días más tarde recibió una carta del comité médico que le explicó que a partir de las imágenes en televisión vieron que el diagnostico que tenía no era terminal, aunque en agosto habían diagnosticado que tenía una enfermedad incurable avanzada. No sabemos si este cambio fue por presiones externas”, expresó el abogado de la mujer, la doctora Camila Jaramillo.
Según una encuesta de agosto pasado realizada por la consulta Invamer, el 72,5% de la población colombiana está a favor de la eutanasia, mientras que el 24,8% está en desacuerdo.
En paralelo, el derecho a decidir cómo, cuándo y dónde morir se debate en Chile y Paraguay. En Uruguay rige la ley de voluntad anticipada o del buen morir, por la que un paciente puede rechazar un tratamiento, incluidos cuidados paliativos.
En el caso de Argentina, hay tres iniciativas de legalización de la eutanasia. Uno pertenece al senador radical por Mendoza Julio Cobos; otro a la diputada radical Brenda Austin, y el más avanzado, a la espera de ingresar al Congreso, a la diputada del Frente de Todos por Córdoba Gabriela Estévez. Además, de Colombia, a nivel internacional, la eutanasia es legal en Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos.