El ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera negó ayer que los agentes de la Policía provincial presenten falencias en su formación y aseguró que no renunciará a su cargo, en respuesta a quienes pedían su salida.
En el marco de la entrega de camionetas a la Dirección de Bomberos de la Policía de Córdoba, lo cual muestra el respaldo del Gobierno provincial a la cúpula de la Fuerza y al funcionario, Mosquera se expresó por primera vez, luego de las críticas que se produjeron tras el asesinato de Jonathan Romo en La Falda durante su detención y de la denuncia de Julio Faría, el ex responsable de Derechos Humanos de la fuerza.
“Esa es una falacia absoluta”, dijo Mosquera respecto a las acusaciones sobre las falencias a la hora de formar y hacer un seguimiento a los policías durante su carrera. “La Policía tiene formación profesional acabada, tenemos dos polígonos virtuales desarrollados por profesionales egresados de la UTN, son los mismos que usa la PSA, después tenemos un convenio en materia de práctica con el tiro Federal de Córdoba”, enumeró. “No hay ningún efectivo que no haya pasado por los estándares de aprobación de los protocolos de tiros correspondientes”, agregó.
Luego, Mosquera se refirió a la posibilidad de más cambios en la Fuerza y al pedido de su renuncia que impulsaron desde distintos sectores de la oposición. “Ya se han hecho los cambios que eran necesarios”, dijo y agregó: “Quién reclama mi renuncia, puede desgañitarse pidiéndola que no la voy a otorgar, porque tengo una misión”.
Consultado sobre si fue convocado a la Legislatura para brindar informes sobre la situación de la Policía, contestó: “No he sido convocado. Si los legisladores de la mayoría deciden que yo vaya, eso se tiene que resolver en el seno de ese poder, no en el ejecutivo”.
El ministro también contó cómo procedió luego de enterarse del fallecimiento de Romo. “Inmediatamente ocurrido el hecho tomé contacto con la fiscal Paula Kelm, le manifesté la colaboración absoluta, para determinar todas las responsabilidades, para obtener el esclarecimiento total del hecho y la atribución de las responsabilidades penales”, detalló.
Y consideró que, a raíz del caso Romo, “se ha puesto en tela de juicio en el marco de una generalización injusta, al conjunto de los integrantes de la Policía”.
Finalmente, Mosquera se refirió a los controles sobre la Fuerza y los encubrimientos que habían denunciado distintos Legisladores de Juntos UCR. “La política del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura y del Estado mayor es que no haya encubrimientos ni apañamientos de ninguna naturaleza”, aseguró.