SANTIAGO DE CHILE.- El paquete de medidas anunciado por el presidente Sebastián Piñera para calmar las manifestaciones logró ayer un efecto contrario: los sindicatos lanzaron un paro general por 48 horas, que se tradujo en una protesta masiva en la capital del país que se movilizó en reclamo de la renuncia del mandatario.
Mientras crecen las denuncias por violaciones a los derechos humanos en la represión de las manifestaciones (ver…), así como también las cifras de muertos y detenidos, desde el Ejecutivo distintos ministros salieron a retomar la estrategia de Piñera, pidiendo perdón no haber previsto la dimensión de las protestas. “Ayer pasó algo muy bonito, que un Presidente dice perdón y yo creo que ese perdón nos llega a todos, a todos los que hemos sido parte muchas veces de la élite, de los privilegios y no hemos tenido la capacidad de ver el sacrificio que las personas han todos los días para sacar adelante sus vidas”, aseveró por caso el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
En las calles de la capital, empero, una verdadera multitud se movilizaba hacia la Alameda al grito de “Piñera ya fue”, enfrentando los chorros de agua, gases lacrimógenos y perdigones que disparan los carros de asalto de los Carabineros, que pretendían impedirles llegar a la Casa de la Moneda. Fue la primera marcha convocada por los sindicatos (nucleados en la Central Unitaria de Trabajadores) de manera organizada y la respuesta fue contundente: un masivo rechazo a las medidas anunciada por el jefe de Estado, que reunió a trabajadores, estudiantes, jubilados, profesores y funcionarios públicos en las calles de diversas ciudades del país.
Mientras tanto, tres personas (entre ellos un niño de 4 años), se sumaron ayer al listado oficial de muertos, que ya alcanza los 18, cinco de ellos por acción de las fuerzas del orden. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) volvió a emitir un informe donde indicó que en sus visitas a 73 comisarías en el país constató 2.138 personas detenidas, 898 en Santiago y 1.240 en regiones: de ellas, 243 son niños, niñas y adolescentes. Además, el INDH reporta 376 personas heridas, de las cuales 173 corresponden a heridos por armas de fuego.
Pero ese es apenas un balance de las múltiples denuncias por violaciones a los derechos humanos que ya comienzan a propagarse a nivel internacional y obligaron a la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) a pedir una audiencia con Piñera.
Nuevas denuncias por violaciones a los derechos humanos
Los videos de la feroz represión militar que diariamente se propagan por las redes sociales comienzan a generar respuestas de distintos organismos en el plano local e internacional. Por un lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que ya lleva contabilizadas cinco muertes a manos de agentes de Estado: tres por disparos, uno por golpes y otro al ser arrollado por un vehículo militar.
A la vez, precisó que ya se presentaron 44 acciones judiciales por torturas, detenciones ilegales y violencia sexual en comisarías. La ONG internacional Human Rights Watch consideró a su vez que “son profundamente preocupantes las imágenes de casos de brutalidad policial en Chile” y reclamó al jefe de Estado que “los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial”. Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad”, pero también los “actos violentos cometidos por civiles” que se han registrado en Chile durante las protestas sociales.
La oposición impulsa un juicio político
La bancada parlamentaria del Partido Comunista (PC) anunció ayer que se está trabajando en una acusación constitucional contra el presidente de Chile por la fuerte represión que puso en marcha para enfrentar las protestas ciudadanas.
“Creemos que es la única forma en que podemos hacer efectiva la renuncia de este cargo”, adelantaron los diputados comunistas, quienes indicaron que presentarán el pedido de juicio político por los 18 muertos registrados en las jornadas de protesta nacional, cinco de ellos asesinados por agentes del Estado, según confirmaron las organizaciones de derechos humanos.