El Gobierno de Bolivia reconoció este martes la muerte de un manifestante de 24 años en medio de las protestas que ya llevan cuatro semanas en el país, luego de haber negado inicialmente el hecho. La víctima falleció el sábado durante un operativo policial y militar destinado a despejar los bloqueos que mantienen aislada a la capital boliviana. Según informes médicos locales, el joven murió a causa de una herida de bala, lo que llevó al Ejecutivo a abrir una investigación oficial.
“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, manifestó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, al confirmar el deceso.
No obstante, el funcionario aclaró que las fuerzas antidisturbios no tienen autorización para utilizar armas de fuego ni balas de goma en manifestaciones, en un contexto de creciente tensión por los enfrentamientos registrados durante los operativos. En las protestas se reportaron lanzamientos de dinamita, piedras y el uso de gases lacrimógenos.
“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, sostuvo Gálvez.
Mientras tanto, la crisis social y política se agravó este martes con el aumento de los bloqueos de carreteras, que ya alcanzan los 150 puntos en todo el país, según informó la Policía boliviana, en medio de enfrentamientos, escasez de combustibles y crecientes llamados humanitarios para garantizar el paso de alimentos, oxígeno y medicamentos.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, indicó que el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de cortes de ruta. “Se tienen unos 150 bloqueos a nivel nacional. Los bloqueos afectan a toda la población del país”, afirmó el jefe policial, quien pidió a los manifestantes habilitar corredores humanitarios.
La cifra policial supera ampliamente los registros de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cuyo mapa de transitabilidad reportó entre 60 y 70 puntos de bloqueo, concentrados principalmente en el oeste boliviano.
Las manifestaciones, iniciadas hace un mes por reclamos sindicales, evolucionaron hacia una exigencia política central: la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz. Organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), junto con sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales, mantienen las protestas y bloqueos pese a distintos intentos de mediación.
La situación también golpea con fuerza el abastecimiento energético. La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que más de 1.600 cisternas permanecen varadas en rutas hacia la planta de Senkata, principal centro de distribución de combustibles de El Alto, debido a los bloqueos instalados en los accesos a La Paz.
Ante el escenario crítico, la petrolera estatal anunció medidas temporales para “optimizar” la distribución de los volúmenes disponibles, mientras continúan las gestiones para liberar las rutas. A esto se sumó una advertencia de la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz, que alertó sobre una “paralización casi total” del suministro de combustibles.
En paralelo, las fuerzas de seguridad realizaron este martes un operativo parcial de desbloqueo en Parotani, un punto estratégico ubicado a unos 40 kilómetros de Cochabamba sobre la ruta troncal que conecta el occidente boliviano con corredores hacia el Pacífico. Según la Policía, el despliegue permitió recuperar parcialmente la circulación hasta el kilómetro 60 y facilitar el paso de transporte pesado y cisternas.
Sin embargo, el operativo derivó nuevamente en enfrentamientos. Manifestantes lanzaron explosivos y piedras contra los uniformados, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para avanzar sobre los puntos de conflicto.
En un intento por contener el creciente malestar social, Paz anunció una reducción del 50% de su salario, que actualmente ronda los 24.000 bolivianos (unos US$ 3.500), equivalentes a ocho veces el ingreso promedio del país.
El mandatario enfrenta además una severa crisis económica, marcada por una inflación interanual del 14%, escasez de combustibles y falta de dólares. Los sindicatos reclaman aumentos salariales, mayor abastecimiento energético y medidas económicas más contundentes.
Sin embargo, las decisiones adoptadas hasta ahora —como la salida del ministro de Trabajo y promesas de ampliar la participación indígena— no lograron frenar las protestas, cuyos organizadores advirtieron que continuarán de manera indefinida.
En ese escenario, Paz afirmó el lunes que su administración hará respetar la Constitución frente a los bloqueos y pedidos de dimisión. “Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar. Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar”, declaró durante un acto oficial por el aniversario de la gesta libertaria de Sucre.
La crisis política se profundizó tras las declaraciones del ex presidente Evo Morales, quien pidió la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días y cuestionó la legitimidad del actual gobierno en medio del deterioro económico.
En paralelo, líderes cívicos de Santa Cruz advirtieron este lunes sobre un posible “golpe de Estado” y convocaron a la ciudadanía a defender el libre tránsito en medio de la escalada del conflicto.
Brasil envía ayuda humanitaria
En el plano regional, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenó el envío de ayuda humanitaria a Bolivia luego de una conversación telefónica con Paz, quien solicitó asistencia ante el desabastecimiento provocado por los bloqueos.
Según un comunicado difundido por el mandatario brasileño, Lula expresó solidaridad con el pueblo boliviano y remarcó la importancia de preservar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Además, instó tanto al Gobierno como a los movimientos sociales a “evitar recurrir a la violencia” y privilegiar el diálogo para superar el conflicto.
Los cortes de rutas mantienen aislado desde hace 20 días al departamento de La Paz, sede del Gobierno boliviano, y se expandieron a regiones como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.
Frente al agravamiento de la crisis, la escasez de alimentos y combustibles obligó al Gobierno a implementar puentes aéreos de abastecimiento, mientras países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron apoyo logístico y donaciones.