La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión luego de que el presidente, Rodrigo Paz, anunciara una reducción del 50% de su salario y el de todos sus ministros en un intento por enviar una señal de austeridad y desactivar las protestas que, desde hace casi un mes, mantienen al país paralizado y reclaman su salida del poder.
“Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario en un 50%”, afirmó Paz durante un acto oficial en Sucre, capital constitucional boliviana, donde además reconoció la delicada situación económica del país: “Bolivia está en un momento delicado. Está en quiebra”.
La medida responde, en parte, a uno de los reclamos históricos impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB), que había pedido un recorte salarial del Ejecutivo para destinar esos recursos a salud y educación. Sin embargo, el conflicto escaló en las últimas semanas y el principal sindicato obrero dejó de lado sus demandas económicas para sumarse a las movilizaciones que exigen directamente la renuncia del mandatario.
Los sueldos de los presidentes en Bolivia ya eran de los más bajos de la región en los últimos años. Con la reciente determinación de Paz, su sueldo pasará a ser de US$1.200 (12.000 bolivianos), equivalente a un poco más de tres veces el salario mínimo nacional (3.300 bolivianos).
Cuarta semana de protestas y más de 50 bloqueos
Bolivia atraviesa ya su cuarta semana de conflicto social, con más de 50 puntos de bloqueo en rutas de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, además de un creciente desabastecimiento de alimentos y combustible.
El departamento más afectado continúa siendo La Paz, donde organizaciones campesinas, sectores indígenas, sindicatos y agrupaciones vecinales mantienen un cerco sobre la sede de gobierno. Este lunes, columnas de manifestantes provenientes de El Alto, Pampahasi y la zona Sur paceña avanzaron hacia el centro político de la ciudad para exigir la salida de Paz.
Las protestas derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, luego de que algunos grupos movilizados utilizaran petardos y cartuchos de dinamita, mientras la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
El Comando Departamental de La Paz incluso alertó sobre la presencia de personas con pasamontañas, palos y posibles explosivos dentro de algunas marchas, en medio de una jornada marcada por la falta de transporte público y la escasez de combustibles.
Paz endurece el discurso: “Les caerá la Constitución”
Frente a la escalada del conflicto, el mandatario ratificó su disposición al diálogo, aunque lanzó una advertencia a los sectores movilizados.
“A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, sostuvo Paz durante los actos oficiales por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.
Pese a la presión de sectores empresariales para declarar un estado de excepción, el presidente evitó hasta el momento ordenar una intervención masiva de las fuerzas de seguridad para liberar rutas y remarcó que su prioridad sigue siendo una salida negociada.
“Bolivia quiere producir, quiere crecer y estamos dejando atrás esa Bolivia del bloqueo”, señaló.
La crisis ya dejó al menos cuatro muertos, según datos oficiales. Tres de las víctimas fallecieron por falta de atención médica debido a los bloqueos de caminos, mientras que una cuarta persona murió durante un operativo policial que actualmente investiga la Fiscalía.
Además, el Gobierno reconoce un escenario crítico de abastecimiento: largas filas en estaciones de servicio, escasez de productos básicos y ataques a transportistas en algunas rutas bloqueadas.
El intento oficial de establecer un “corredor humanitario” para garantizar el ingreso de alimentos y combustible tampoco logró destrabar la situación.
Evo Morales pide elecciones anticipadas
Entre los sectores movilizados también aparecen seguidores del ex presidente Evo Morales, quien propuso convocar elecciones generales en un plazo de 90 días y volvió a exigir la salida de Paz.
“Paz tiene dos caminos: militarizar o pacificar el país con una transición y elecciones en 90 días”, afirmó Morales desde su bastión político en el Trópico de Cochabamba.
Desde el Gobierno, en cambio, acusan al ex mandatario de alentar y financiar las protestas como parte de una estrategia de reposicionamiento político mientras enfrenta distintas causas judiciales.
Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene una línea roja para cualquier negociación: no dialogará con sectores que desconozcan la legitimidad del Gobierno elegido en las urnas, aunque la presión en las calles crece y el conflicto parece cada vez más lejos de una solución inmediata.
