Las autoridades francesas acusaron este martes a grupos de la ultraizquierda de planificar una estrategia de desestabilización de las instituciones, tras los violentos disturbios, saqueos e incendios que sacudieron al país durante el último fin de semana. Frente a este contexto, el Gobierno reforzó las medidas de seguridad, extendió los toques de queda y anunció un operativo policial «masivo» para las nuevas movilizaciones previstas para el sábado.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, formuló las acusaciones durante una tensa sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, donde la oposición cuestionó la respuesta oficial ante los incidentes. Mientras la derecha y la extrema derecha reprocharon al Ejecutivo no haber anticipado la violencia, sectores de izquierda reclamaron respuestas a las demandas de los cientos de miles de manifestantes que marcharon contra el encarecimiento del costo de vida.
Como ejemplo de la presunta estrategia insurreccional, Lecornu mencionó el incendio del histórico ayuntamiento de Limoges, uno de los episodios más graves de la jornada del sábado. Por ese hecho, un hombre de 34 años fue detenido este martes, sospechado de haber participado en el ataque. El acusado estaba fichado por los servicios de inteligencia por sus presuntos vínculos con la ultraizquierda y tenía antecedentes judiciales. La Fiscalía Nacional Antiterrorista evaluaba si debía asumir la investigación.
El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, sostuvo que el incendio habría sido planificado y reclamó explicaciones por la actuación de las fuerzas de seguridad. Las llamas destruyeron gran parte del interior de la sección histórica del edificio, inaugurada en 1883, además del techo y el campanario. El fuego también provocó graves daños estructurales, mientras los bomberos lograron salvar el ala moderna.
«No se destruye con fuego un edificio de dos siglos con una caja de cerillas y un mechero», afirmó Guérin, quien también cuestionó la capacidad de respuesta policial durante los disturbios. En tanto, Lecornu calificó el ataque como un «símbolo claro» de la amenaza que, a su juicio, representan los grupos radicalizados para las instituciones francesas.
Más de 2.500 detenidos y nuevas medidas de seguridad
La magnitud de los incidentes mantiene bajo presión al Gobierno del presidente Emmanuel Macron. Más de 2.500 personas fueron detenidas durante los disturbios, de las cuales 123 permanecían en prisión, ya sea a la espera de juicio o tras recibir las primeras condenas, según informó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.
Las autoridades también investigan la muerte de dos hombres en París durante el período de las movilizaciones. Uno de ellos, de 59 años, falleció el sábado tras sufrir una probable indisposición cerca de la plaza de la República, uno de los principales focos de violencia. El segundo, de 48 años, murió durante la madrugada del lunes en el barrio comercial de Les Halles. En ambos casos, las circunstancias quedaron bajo investigación.
Ante el riesgo de nuevos enfrentamientos, el Gobierno dispuso toques de queda en distintos barrios de París y en ciudades como Marsella y Lyon, con restricciones nocturnas destinadas a prevenir saqueos y concentraciones violentas. Lecornu aseguró que las medidas contribuyeron a mantener la calma durante la noche del lunes y advirtió que se aplicarán nuevamente donde las autoridades lo consideren necesario.
Además, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que efectivos militares de la operación Sentinelle se sumarán al operativo de seguridad para las manifestaciones del sábado 24 de octubre, con el objetivo de liberar a policías y gendarmes de tareas de apoyo y reforzar el mantenimiento del orden público.
El despliegue buscará corregir las fallas detectadas durante los últimos disturbios, entre ellas la falta de recursos en algunas zonas, la disposición demasiado estática de los agentes y la decisión de no cancelar las licencias de parte del personal.
La protesta social continúa
Pese a los episodios de violencia, el malestar social que dio origen a las movilizaciones continúa vigente. Los estudiantes secundarios y el sindicato estudiantil UNEF convocaron a nuevas protestas para el sábado, mientras sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos también llamaron a volver a las calles.
Las manifestaciones expresan el descontento por el aumento del costo de vida y los reclamos por mejores condiciones en los servicios públicos, especialmente en educación y sanidad. El movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó una ola de protestas en 2018 y 2019 contra los impuestos a los combustibles, volvió a cobrar visibilidad en medio de las dificultades económicas.
La crisis también abrió un nuevo frente de confrontación política. Lecornu acusó a La Francia Insumisa (LFI), el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, de no condenar suficientemente los hechos violentos. Desde esa formación rechazaron los señalamientos y acusaron al Gobierno de utilizar los servicios de inteligencia para vincularlos con los disturbios.
A las consecuencias políticas y sociales se suman los daños económicos. Comercios, edificios públicos, sucursales bancarias y bicicletas de alquiler resultaron afectados durante los saqueos y enfrentamientos. La Federación Bancaria Francesa informó sobre destrozos en instalaciones de distintas entidades, mientras operadores de bicicletas compartidas reportaron robos y daños en varios puntos de París.
Macron busca reforzar el abastecimiento de diésel
En paralelo a la crisis interna, el Gobierno francés intenta contener la presión sobre los precios de la energía. Durante una gira por el Golfo, Macron aseguró compromisos para incorporar hasta 200.000 toneladas adicionales de diésel al mes procedentes de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, según informó el Palacio del Elíseo.
Esos volúmenes se sumarían a los compromisos de suministro asumidos por Arabia Saudita, que alcanzan las 95.000 toneladas mensuales para octubre y noviembre. De concretarse los acuerdos, Francia dispondría de un total de 295.000 toneladas mensuales, algo más del 10% de su consumo de diésel, de acuerdo con la Presidencia.
Los suministros se canalizarían a través de la compañía francesa TotalEnergies. Además, Kuwait asumió compromisos para abastecer de diésel y queroseno a los territorios franceses de Mayotte y La Reunión, en el océano Índico, mediante rutas que eviten el Estrecho de Ormuz.
El Elíseo señaló que las gestiones buscan reforzar la seguridad energética y reducir la presión sobre los mercados internacionales. Sin embargo, el Gobierno todavía no puede precisar qué impacto tendrán los nuevos acuerdos en los precios de los combustibles.
A más largo plazo, París pretende diversificar las rutas de abastecimiento para reducir su dependencia del Estrecho de Ormuz, cuya circulación se ha visto afectada por las tensiones regionales. Entre las alternativas en estudio figura el desarrollo de nuevas conexiones para transportar hidrocarburos hacia el océano Índico o el Mediterráneo sin atravesar ese paso estratégico.
