La discusión del Presupuesto 2027 avanzó este martes en la Cámara de Diputados con uno de sus capítulos más sensibles: la situación de las universidades públicas, que vienen sufriendo un desfinanciamiento creciente durante la gestión de Javier Milei.
Con un fallo a medida del gobierno nacional, dictado momentos antes por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal – que mandó a revisar la cautelar que ordenó al Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Universitario-, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue con los tapones de punta a defender el presupuesto universitario en la Cámara baja y desconoció los reclamos universitarios.
El Ejecutivo se endureció en su posición tras la polémica represión de la quinta marcha federal en CABA de la semana pasada, al punto que Álvarez no sólo se jactó de que el Gobierno estaba “a derecho” gracias al citado fallo, sino que acusó a quienes se movilizaron en reclamo de la aplicación de la Ley 27.795 de promover “una insurrección popular” y cuestionó a los rectores por pedir más presupuesto para las universidades públicas, cuya situación se deteriora día a día. El conflicto parece servido para lo que resta del año.
Una sesión candente
Con los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano) fuera del debate por propia decisión de autodefensa, los enviados al Congreso por el presidente Javier Milei para defender al Presupuesto 2027 son funcionarios menores.
Este martes fue el turno de las universidades públicas, en un marco de fuerte tensión, marcado por una ampulosa presencia de personal de seguridad en el edificio, que logró evitar que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al recinto.
En primer término, expuso el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien replicó la estrategia que viene utilizando el Ejecutivo para justificar el ajuste en las universidades públicas: acusar a las casas de estudio de poca transparencia en el manejo de fondos. “La autonomía de las universidades no está en discusión, lo que exigimos son datos y transparencia” en el manejo de los fondos, aseveró Torrendell, tras señalar que “el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad”.
Para ilustrar su argumento, sin citar la fuente de sus datos, dijo que de cada “10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”, a la vez que aseguró que “cada egresado tiene un costo de US$ 14.800”.
Asombrosamente, el funcionario destacó a lo largo de su discurso que para el Gobierno Nacional la educación “es un pilar indispensable” que “no se defiende con consignas vacías o más gasto público”.
“La verdadera libertad solo puede ejercerse sobre la base de la responsabilidad y uso de los recursos públicos. La verdadera valoración no se demuestra con consignas vacías, ni con la mera expansión ineficiente e injusta del gasto público”, agregó sin hacer ningún análisis de la caída en el presupuesto asignado a las casas de estudio.
“Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario: aumentaban las partidas y el aprendizaje se deterioraba”, agregó nuevamente sin mostrar datos ni fuentes concretas de sus afirmaciones.
“En la educación básica estamos demostrando que es posible desde la Nación liderar la mejora del aprendizaje. En el ámbito universitario tenemos una dirigencia aislada que solo acuerda para pedir más recursos. No se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los alumnos y no a la dirigencia universitaria. Es un acuerdo corporativo, de casta”, remató al finalizar su exposición.
Por las dudas, hay que recordar nuevamente que más del 90% del presupuesto universitario se destina a pagar los sueldos de sus trabajadores -no hay posibilidades de manejos discrecionales allí-, así como también el hecho de que las universidades públicas son las instituciones más auditadas del Estado, ya que la Ley de Educación Superior (24.521) establece dos instancias de control: una interna de cada universidad que audita a sus facultades todos los años y otra externa de la Auditoría General de la Nación (AGN), un organismo autárquico que depende del Congreso de la Nación.
La exposición de Álvarez
Luego llegó el momento del “Galleguito” Álvarez, como se conoce popularmente al subsecretario de Políticas Universitarias, quien aprovechó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictado apenas unas horas antes para asegurar en tono desafiante que “el Ejecutivo está a derecho, como siempre ha estado”.
“Para el Ejecutivo, la ley (de Financiamiento Universitario) incumple la ley de Administración Financiera, que establece que una ley que no asigna los fondos adecuados se suspende en el acto. Eso se hizo, fue recurrido por el CIN y actualmente se encuentra el debate de la cuestión de fondo y la cautelar está hoy en la cámara”, arrancó el polémico subsecretario de Políticas Universitarias, que es uno de los funcionarios más confrontativos del área educativa, sin formación técnica vinculada al cargo.
“Los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, pero todavía no ha habido ninguna denuncia sobre incumplimiento de esta ley. Estoy esperando”, provocó Álvarez, quien progresivamente fue subiendo la temperatura del discurso. A menos de una semana de la Marcha Federal Universitaria, que terminó en una dura represión donde la prensa porteña denunció infiltrados, el subsecretario acusó a los manifestantes de tirar piedras, ocupar edificios públicos y “llamar a la insurrección popular por la República”.
El secretario se quejó de que el presupuesto reclamado por los rectores fuera “solo para solventar los aumentos salariales que piden los sindicatos”. “Piden más salario, todavía más por encima de lo que ya el Estado ha asignado, aunque los profesores universitarios y los docentes y no docentes están muy por encima del Estado nacional, con lo cual es un privilegio y también es una identificación de lo importante que es para el Estado que los rectores y los sindicatos son, hasta ahora, las únicas que las cierran”, acusó Álvarez, quien aseguró que “dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que lo ganaron”.
La disputa en cuestión
El financiamiento universitario es uno de los capítulos más delicados del Presupuesto. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones para que las universidades puedan funcionar correctamente el año próximo y se cumpla la Ley de Financiamiento, mientras que el Presupuesto oficial prevé solo $7,3 billones.
A lo largo de la reunión no faltaron los insultos y los diputados Carlos Castagneto (UxP) y Andrés Leone (LLA) casi se van a las piñas, aunque fueron separados a tiempo por los libertarios y peronistas. Otro enfrentamiento sucedió entre el macrista Alejandro Finocchiario, quien defendía la política universitaria, y el socialista Esteban Paulón.
“Vienen con soberbia a reírse en nuestras caras por una ley que no cumplen. Entonces mínimamente tengan la decencia de tenernos respeto. Porque ya que vienen a esta casa a defender que no cumplen una ley que se votó en el Congreso. Por lo menos, no se nos caguen de risa en la cara como se le cagan de risa en la cara a la gente que estuvo marchando pacíficamente el jueves pasado por las universidades”, expresó Paulón.
Más allá de estos detalles, el nivel de tensión promovido sobre todo por las declaraciones de Álvarez y los cruces posteriores dejaron en evidencia la calidad del debate sobre los fondos destinados sostener la educación superior en Argentina.
