La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal volvió a salir al rescate del gobierno nacional: hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y le concedió un recurso de apelación para revisar la medida cautelar que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que fue respaldada hasta por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión habilita al Estado a apelar el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, que intimó al Ejecutivo a actualizar los fondos destinados a las universidades en un plazo de cinco días, con la posibilidad de aplicar multas, que comenzó a ejecutar la semana pasada. El tribunal consideró que el Estado Nacional enfrentaba un perjuicio irreparable al verse obligado a cumplir una orden cuya vigencia está en disputa.
Los argumentos del tribunal
El Gobierno había cuestionado que el juez no determinó con exactitud qué obligaciones de la ley no se habían cumplido, ni tampoco los montos que debían pagar para considerarlas cumplidas. Se trata de un argumento falaz, debido a que la Ley de Financiamiento Universitario establece la recomposición de los salarios docentes y no-docentes, así como también de las becas de estudio, siguiendo el Indice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec desde la asunción de Javier Milei: según los cálculos de los gremios, el Ejecutivo debería aumentar el 34,4% los fondos para equiparar la inflación durante su gestión.
El dato -objetivo y fácil de constatar por la Justicia- hecha por tierra con el otro argumento del Gobierno para discutir la cautelar de Cormik: sostiene que los aumentos salariales a los trabajadores universitarios alcanzaron a cubrir la actualización prevista en la normativa, y que la medida impuesta por el juez generaba un “agravio mayúsculo de imposible reparación ulterior”.
Pese a esto, los camaristas Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán hicieron lugar al reclamo del Estado por considerar que la decisión del juez de primera instancia “es susceptible de generarle un gravamen irreparable”.
La apelación de Santilli
Los mismos magistrados dieron a conocer esta mañana otra decisión clave, ya que habilitaron una apelación del Estado Nacional contra la intimación que le ordenaba cumplir, en cinco días, la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento, bajo apercibimiento de imponer multas diarias —astreintes— que recaían sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En su escrito, el funcionario pidió que se suspenda la ejecución de las astreintes “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.
El funcionario apuntó a la “ausencia de fundamento normativo concreto para la atribución personal de responsabilidad” y sostuvo que mantener las sanciones “podría ocasionar consecuencias patrimoniales de difícil, e incluso imposible, reparación ulterior”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional había pedido a la Justicia que aumente el monto de la multa diaria a Santilli por considerar que es “más que exiguo en comparación con los importes en juego”. “La cifra impuesta como astreinte resulta absolutamente insuficiente para obrar como una conminación que pueda compeler al deudor a cumplir con su obligación”, afirmó el órgano que nuclea a los rectores de todo el país.
El vínculo de los jueces con el Gobierno
No es el primer fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que favorece al Gobierno de Milei. Ya la semana pasada, a 24 horas del fallo de Cormick que impuso las multas diarias a Santilli por no cumplir la orden cautelar, y en vísperas de la quinta marcha federal por la educación pública que reclamó masivamente en todo el país la aplicación de la norma, el cuerpo había suspendido la aplicación de los astreintes ante un recurso de queja presentado por Santilli.
En dicho fallo, los magistrados tomaron los argumentos del Gobierno para dictar la medida, ya que señalaron que el Ejecutivo aclaró en el recurso presentado que “se ha convocado a la paritaria trimestral” del sector, “conforme la cláusula quinta de la norma en análisis, tras la firma del acta acuerdo en junio pasado”. “Y añade que, en dicha oportunidad, se propuso un incremento salarial del 3%, aplicables a los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2026, con impacto en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre de 2026”, consideraron los jueces.
Sin embargo, la decisión está llamada a generar polémica no sólo porque desconocen los datos de la realidad – el ostensible retraso del presupuesto universitario frente a la inflación medida por el Indec- sino también porque el juez Sergio Fernández, integrante de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, participó de la reciente gira comandada por el presidente Milei en París por el «Argentina week».
Fernández es además vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que ostenta estrechos vínculos con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien fue miembro de la Comisión de Ética de la Conmebol -puesto que requiere formalmente una propuesta de la AFA- y fue vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino hasta antes de asumir como ministro.
