El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el lanzamiento de una campaña diplomática para «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI), estamento central del sistema de justicia mundial, y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de injerencias en los asuntos de Estados Unidos.
«La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense», declaró Rubio. Al mismo tiempo, acusó a la entidad de librar «una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional».
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y busca con esta ofensiva «deshabilitar de manera sistemática» la capacidad operativa del tribunal. Según el Departamento de Estado, el objetivo es evitar cualquier intento de procesar a militares o funcionarios estadounidenses bajo la autoridad de lo que Rubio denominó «jueces extranjeros» situados a miles de kilómetros.
La relación de abierta hostilidad con la CPI no es nueva. La administración de Donald Trump ya había sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.
La nueva campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI, ampliar las sanciones contra sus miembros y organizaciones afiliadas y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo.
La Administración Trump llamará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar «los abusos de la CPI» e instarlos a retirarse del organismo. Además, Washington anticipó un «mayor escrutinio» sobre los países que continúen reconociendo la autoridad del tribunal mientras reciben asistencia estadounidense.
Rubio denunció que la CPI busca convertirse en «un árbitro global sin rendición de cuentas». En una columna publicada este lunes en The Wall Street Journal, aseguró que Estados Unidos desmantelará la CPI «paso a paso, si es necesario».
El endurecimiento de la postura de Washington responde, en gran medida, a las investigaciones que la CPI mantiene contra Israel, el principal aliado de Estados Unidos en Medio Oriente.
El tribunal internacional provocó una fuerte reacción en 2024 al emitir una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se sumó a la orden dictada en 2023 contra el presidente ruso, Vladimir Putin.
Rubio advirtió que, de no actuar, los ciudadanos estadounidenses quedarían expuestos al riesgo de ser encarcelados por «el supuesto crimen de haber defendido su propio país».
Con esta nueva campaña, Estados Unidos reafirma su rechazo al sistema de justicia internacional, alineándose con la postura de otros países que tampoco integran la CPI, como Rusia e Israel.