Bolivia comenzó a recuperar la circulación en sus principales rutas luego de más de seis semanas de protestas y bloqueos de carreteras contra el Gobierno de Rodrigo Paz. A un día de la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el mandatario, las autoridades informaron que los puntos de corte se redujeron de cerca de 50 a 31 en todo el país, en una señal de distensión del conflicto que paralizó amplias regiones y provocó graves problemas de abastecimiento.
En paralelo, fuerzas policiales y militares desplegaron operativos para despejar las rutas bloqueadas, mientras decenas de camiones cisterna comenzaron a transportar combustible hacia La Paz y otras zonas afectadas por la escasez de productos esenciales.
Los trabajos se concentraron principalmente en el corredor que une La Paz con Oruro, uno de los tramos más afectados por las protestas. Allí, efectivos de seguridad trabajaron junto a maquinaria pesada para retirar barricadas y restablecer el tránsito. Tras la reapertura de los caminos en el Altiplano, camiones cargados con gasolina y diésel comenzaron a llegar a La Paz y a la vecina ciudad de El Alto, dos de los centros urbanos más golpeados por la falta de combustible, alimentos y otros insumos básicos.
“Este no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente”, sostuvo Paz al anunciar la medida. El decreto prohíbe los bloqueos de calles y carreteras y habilita el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para garantizar la libre circulación y el abastecimiento.
La decisión presidencial recibió además un fuerte respaldo institucional. El Congreso boliviano ratificó el estado de excepción con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores presentes, durante una sesión que se extendió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo.
Según informó el Gobierno, la medida podrá mantenerse por un período de hasta 90 días, aunque podría ser levantada antes si cesan los bloqueos y los episodios de violencia.
Una crisis económica y social
Las protestas se desarrollan en medio de la crisis económica más profunda que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas, agravada por cuestionamientos a la calidad de los combustibles comercializados en el país y por el creciente deterioro del poder adquisitivo de la población.
Las movilizaciones fueron impulsadas por sectores campesinos, indígenas, trabajadores mineros y grupos afines al ex presidente Evo Morales. Si bien el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB) para suspender las medidas de fuerza, organizaciones como la Federación Túpac Katari y sectores cocaleros vinculados a Morales decidieron mantener los bloqueos y continúan reclamando la renuncia del mandatario.
El costo del conflicto
La crisis dejó un severo impacto humanitario y económico. El desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal afectó a varias ciudades del país, mientras que organismos oficiales y entidades de derechos humanos reportaron al menos 16 personas fallecidas, la mayoría por dificultades para acceder a atención médica oportuna debido a los cortes de ruta.
A ello se suman las consecuencias económicas: las pérdidas acumuladas ya fueron estimadas en alrededor de US$3.000 millones, según cálculos oficiales.
Mientras el Gobierno avanza con la reapertura de carreteras y busca normalizar el transporte y el abastecimiento, la tensión política persiste. Sectores opositores mantienen sus reclamos y advierten que la crisis económica y social continúa siendo el principal desafío para la administración de Rodrigo Paz, pese a los primeros signos de recuperación de la circulación en el país.