El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó este jueves una nueva ley que refuerza el marco jurídico contra el crimen organizado, en medio de la conmoción generada por el sangriento operativo policial en favelas de Río de Janeiro que dejó al menos 121 muertos.
La norma, publicada en el Diario Oficial de la Unión, modifica el Código Penal y las leyes de combate a organizaciones criminales, endureciendo penas e introduciendo nuevos tipos delictivos.
Entre los principales cambios, la ley establece que contratar a un integrante de una organización criminal para cometer un delito será castigado con uno a tres años de prisión, además de la pena correspondiente al delito ejecutado.
También tipifica la obstrucción de acciones contra el crimen organizado, incluyendo conspiraciones o interferencias en investigaciones, con sanciones de cuatro a doce años de reclusión.
Los acusados por obstrucción deberán cumplir prisión provisional en cárceles federales de máxima seguridad, una medida que busca impedir que los líderes criminales sigan operando desde la cárcel, práctica extendida en las facciones brasileñas.
Otro punto destacado es la ampliación de la protección personal a jueces, fiscales, policías y otros agentes de seguridad, activos o jubilados, así como a sus familiares, cuando enfrenten riesgos derivados del ejercicio de sus funciones.
Según el Gobierno, la ley busca “proteger al Estado frente a las estructuras criminales que desafían su autoridad y amenazan a quienes las combaten.”
La promulgación de la ley ocurre tras la operación policial y militar del 28 de octubre en las comunidades de Alemão y Penha, en Río de Janeiro, dirigida contra la organización criminal Comando Vermelho (CV).
El saldo provisional es de al menos 121 muertos y más de 100 detenciones, generando fuertes críticas por exceso de fuerza.
En la red social X, Lula escribió: “No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y esparciendo drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que llegue a la columna vertebral del narcotráfico sin poner en riesgo a policías, niños y familias inocentes”.
El mandatario agregó que se reunió con su gabinete, y ordenó al ministro de Justicia y al director general de la Policía Federal viajar a Río para reunirse con el gobernador Cláudio Castro.
Lula recordó además que en agosto se realizó “la mayor operación contra el crimen organizado en la historia del país”, dirigida contra redes de narcotráfico, adulteración de combustibles y lavado de dinero.
“Con la aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de Seguridad, garantizaremos que las fuerzas policiales actúen de manera conjunta contra las facciones criminales”, afirmó.
Por su parte, la Defensoría Pública Federal (DPU) solicitó al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), acompañar el examen de los cuerpos de los fallecidos en el operativo, en el marco del proceso ADPF das Favelas, que busca reducir la letalidad policial en Río.
La ministra de Derechos Humanos, Macaé Evaristo, calificó la operación de “fracaso” y prometió una investigación independiente para esclarecer las muertes.
Sus declaraciones contrastan con las del gobernador Cláudio Castro, quien un día antes había considerado la Operación Contención un “éxito”.