La concentración es casi una ley universal, en la naturaleza, en la sociedad y en la economía, y en su génesis tiene la semilla de su propia destrucción. Cuando ello ocurre protegemos la biodiversidad, promovemos la organización de los más débiles y reclamamos por las PyMEs. En la inflación se señalan a los formadores de precios que son empresas monopólicas u oligopólicas cartelizadas. Pero ellos no nacieron debajo de un zapallo, por lo que ningún Gobierno es ajeno a esta situación.
En la naturaleza, si una especie se impone a las demás aumenta su vulnerabilidad ante eventos climáticos, pandémicos, etc., en donde la protección del medio ambiente y la biodiversidad es la solución. En la sociedad, si un grupo social se impone a los demás y aprovecha las situaciones, o aún las crea a través de gobiernos que las favorecen y a la vez desfavorecen la organización de los más débiles, la situación empeora día a día hasta que, de alguna manera, explota y arrastra a todos por un camino.
En los mercados, que no son sino una faceta más de contexto social, los neoclásicos establecieron a fines del siglo XIX que la competencia perfecta (que según los clásicos era la base del equilibrio macroeconómico) no era posible si no se daban ciertas condiciones, por lo que establecieron normas contra la concentración económica y su uso abusivo, en las llamadas leyes antimonopolio o de defensa de la competencia.
La concentración empresarial se produce tanto en los períodos en que las grandes empresas controlan el Estado (menemismo, o macrismo) en que se producen recesiones con desaparición de pequeñas empresas sin el aval financiero necesario; como a la salida de las crisis sobrevinientes, en que la velocidad de reacción de las grandes empresas es mucho mayor que en las pequeñas, por lo que suelen comprarlas o hacerlas desaparecer en base al uso abusivo de su posición dominante.
En nuestro país ningún gobierno o sector político es ajeno a esos procesos, aunque ninguno quiere recordarlo y menos aún reconocerlo. Si analizamos la serie histórica de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas –publicado hasta 2004 en que Guillermo Moreno y el kirchnerismo discontinuaron su publicación- los resultados indican que en esos años post crisis de 2001 se produjo el más acelerado proceso de extranjerización y concentración de los mercados de la historia, especialmente en los industriales, de alimentos y distribución masiva, consolidando el proceso previo de destrucción de PyMEs y del Supercoop-Hogar Obrero, de los 90.
En los medios, la ley de protección de bienes culturales (llamada Ley Clarín) durante el gobierno de Duhalde evitó su caída. Mientras que en el gobierno de Néstor Kirchner, el DNU 527/2005, que prorrogó por 10 años las licencias de TV abierta, la incorporación de cooperativas de usuarios como prestadores de TV Cable, la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal el día previo a la asunción de CFK, inclusive la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) que durante su gobierno consideró a las organizaciones de cooperativas de usuarios como monopolios, y luego no implementó la asignación del tercio de frecuencias a organizaciones no gubernamentales, son todas decisiones que favorecieron a los medios hoy dominantes, de lo que el kirchnerismo debe hacerse cargo cuando reclama por sus consecuencias.
Por ello, con base en la certeza de que la concentración es una ley universal, que ningún gobierno está exento de las responsabilidades por la situación actual, y que sus señalamientos y acusaciones mutuas implican necedad, hipocresía o cinismo, podemos analizar lo que ocurre hoy con los precios, así como la incapacidad del Gobierno de aplicar la ley de góndolas, que afecta la competitividad ante la crisis desatada por la guerra y la remarcación descontrolada de precios.
En esta situación de guerra los mercados de energía y alimentos han disparado sus precios, por lo que el Gobierno amenaza (con poca convicción, alcance limitado y muchas restricciones por el programa con el FMI) despegar los precios internos de los internacionales, que ya venían aumentando previo a la guerra por la pandemia y la interrupción de las cadenas de suministro y la especulación financiera.
Mientras tanto, la oposición macrista argumenta desde los intereses concentrados que representa, sin siquiera hacerse cargo de sus propias responsabilidades en la concentración de las cadenas alimentarias, y el uso abusivo de su condición dominante en los precios que ellas ejercen y, por el contrario, defender sus ganancias extraordinarias.
Así será muy difícil que la concentración empresarial en la cadena alimentaria y su uso abusivo, el aumento de costos y expectativas inflacionarias resultantes, se frenen o se reviertan en medio de aumentos de tarifas y energía, aún con los subsidios acordados por el gobierno con el FMI.