No es una novedad señalar que el capitalismo bajo su forma competitiva globalizada tuvo y tiene consecuencias no sólo económicas, también políticas. Pero la modalidad en que esta tendencia se expresa a nivel de las sociedades, si bien reconoce lógicas comunes, obedece también a circunstancias vinculadas a sus particularidades, históricas, económicas, políticas y culturales.
Si nos detenemos un momento en el caso de Europa, se observa que uno de los acontecimientos medulares que se derivan de la crisis del Estado de Bienestar (EB), es la indiferenciación política que las sociedades europeas experimentaron en relación con los programas de los partidos liberal-conservadores y socialdemócratas. Expresiones de ambas tradiciones políticas se han alternado para gobernar desde los 80 la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), bajo una homogeneidad que hizo del bipartidismo algo ficticio.
La generación de un “ambiente propicio a la globalización”, fue acompañada por un creciente deterioro de derechos y condiciones de vida. Pero de modo paralelo, una progresiva pérdida de soberanía sobreviene, asociada a los poderes que ceden a la UE y al Banco Central Europeo (BCE), agente de los programas de ajuste y precarización laboral facilitados por la unificación monetaria.
La retrógrada monotonía de la indiferenciación fue contestada por dos desplazamientos políticos. El corrimiento del electorado hacia la regresividad de la derecha, que recorre desde el Frente Nacional francés -actual Agrupación Nacional- hasta el Vox español, desplazamiento que es acompañado por el larvado y conflictivo desarrollo de una izquierda progresista y antiburocrática, que busca recoger los nuevos derechos y demandas.
El caso de Latinoamérica se inscribe en estos perfiles de época, pero es otro. El hartazgo del neoliberalismo se traduce en el fortalecimiento de fuerzas diversas que empujan períodos de gobiernos progresistas, como los que se desarrollaron entre 2000-2015. Desde 2019, una segunda ola se caracteriza por un decidido regreso al Estado desde donde se intenta reconstruir viejos derechos, a la par que incorporar los llamados derechos post industriales (ambiente, género, feminismo, democratización) en el marco de políticas de desarrollo autónomo.
Ello ocurre alrededor de múltiples vías, entre las cuales el reconocimiento de los pueblos originarios constituye la más trascendente respecto de la democracia liberal. Tales resistencias al neoliberalismo reconocen articulaciones políticas a nivel regional. Hay en ello una articulación de la racionalidad de los fines con las emocionalidades que despiertan los postergados imaginarios por un mundo mejor. Quizás el epílogo de estos procesos sea que el asedio de los poderes globales encuentra en ellos un freno a su programa de dominación.
Tales capacidades de resistencia están, no obstante, en riesgo. Argentina, en el contexto creado de una crisis sin precedentes, es sede de dos grandes riesgos cuyas consecuencias podrían ser de incalculable magnitud: la deuda contraída, cuyo monto (el más alto jamás otorgado por el FMI) no contempló la capacidad de pago ni respetó las condiciones del propio FMI (impedir el uso del préstamo para financiar la fuga de divisas ó destinar el 50% del mismo a fortalecer las reservas del Banco Central) y, para poner finalmente al descubierto sus objetivos, fue pactado unipersonalmente por el ex presidente sin ser revisado por el Congreso de la Nación. Tal arbitrariedad buscaba evitar la derrota electoral. Semejante operación política exige la investigación de las responsabilidades, lo cual debería eximir al país de las responsabilidades y obligaciones que legalmente no contrajo.
La exploración de cursos inéditos como los que estarían evaluando, consistentes en el intercambio de deuda por programas de inversión con Rusia y China, liberarían a nuestra sociedad de las condicionalidades del financiamiento “stand by”, pero generarían un proceso aún mayor de desposesión de nuestra economía, y de captura de recursos naturales por parte de capitales que deben girar utilidades al exterior. La pérdida de soberanía puede provenir del traspaso al FMI de facultades del Estado en el manejo de la economía, o de una inversión extranjera cuya magnitud produce no pocos interrogantes.
Un segundo y entrelazado riesgo proviene de un avance de la derecha conservadora, en su versión “libertaria”. Esta alianza, que se ejercerá en el Congreso y quizás en las próximas presidenciales, pone a la sociedad argentina frente a un horizonte de des-democratización y a un autoritarismo disimulado de seguridad, ya puestos de manifiesto con la mafiosa manipulación de la Justicia y el espionaje ilegal. Todo ello -aunado a la captura de rentas y recursos que es propio del neoliberalismo- corre el riesgo de verse potenciado si no se recupera el terreno perdido. (Des)nacionalización de la economía y (des)democratización representan los riesgos entrelazados de un horizonte que amenaza sujetar el destino de la sociedad argentina a los concentrados poderes locales y globales. No queda más que apostar por una diferenciación clara respecto a las fuerzas económicas y políticas que encarnan tales riesgos, una diferenciación que posibilite una economía inclusiva basada en recursos endógenos, a la vez que una democracia que se fortalezca en la diversidad activa.