Por Jorge Vasalo
La inseguridad es insoportable, y más aún cuando las víctimas viven en permanente alerta y los delincuentes se multiplican con una mayor participación de jóvenes marginales, mayormente armados, con alto consumo de drogas y capaces de apretar un gatillo sin demasiadas inhibiciones. Ahora bien, una de las discusiones que se plantea es si la reducción se debe lograr con más inclusión social y prevención, o con más “mano dura” y represión. El actual Gobierno nacional ha optado por la segunda modalidad y entonces impulsa la baja de la imputabilidad a los 13 años de edad.
El proyecto ya fue llevado al Congreso y tanto el presidente Javier Milei como los ministros Mariano Cúneo Libarona, de Justicia; y Patricia Bullrich, de Seguridad, lo han defendido. Vale entonces consultar a quienes desde el Poder Judicial pueden aportar sus conocimientos y experiencias tanto desde la jurisprudencia como desde la práctica, para tener una aproximación más certera del contenido de este proyecto.
El doctor Marcelo Altamirano fue durante varios años Fiscal de Cámara, y docente universitario, y además presidente del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Magistrados y Funcionarios de Niñez, Adolescencia y Familia, entre cargos que ocupó en su extensa trayectoria.
– HDC: Antes de consultarlo sobre el proyecto para bajar la imputabilidad a los 13 años, sería bueno que nos cuente lo que dice la actual legislación.
– Marcelo Altamirano: El sistema actual de juzgamiento de niños, niñas y adolescentes es un fuero especializado para tratar causas penales contra personas de 16 a 18 años, con penas bien diferenciadas por razones psicológicas, sociológicas y de madurez. La pena máxima es de 12 años y 6 meses, estando absolutamente vedada la pena perpetua. Deben tener la celeridad en el juzgamiento igual que los adultos y los mismos derechos y garantías. En Córdoba, contamos con un fuero especializado en minoridad de alta eficiencia, teniendo ya el sistema acusatorio, es decir investiga el fiscal, el defensor defiende y resuelve el juez; antes el juez era quien investigaba. La mayoría de los jóvenes infractores, en Córdoba llegan a una sentencia, mitigando el sentido de impunidad, que se les coloca a los jóvenes infractores. Cuando el delito es cometido conjuntamente con un mayor, se agrava la pena al mayor y ambos son juzgados por el Tribunal competente del mayor. Si el adolescente fuera declarado responsable, entonces la sentencia es remitida al Fuero de Menores para evaluar la imposición o no de pena. En el caso de los delitos cuya pena no supere los dos años de prisión, carecen de pena los adolescentes.
En el caso de los jóvenes de la franja etaria de 14 a 16 años, son inimputables y no van a juicio, pero el juez puede ordenar controles y medidas educativas y familiares, en todos los casos para respetar el interés superior del niño. En otras provincias, por ejemplo, Catamarca, la especialidad desplaza la competencia hacia el fuero de menores. Aclaro que este es un tema que da para muchos vectores por lo que este pantallazo es sólo informativo e ilustrativo.
– Ahora sí… ¿qué primera opinión le merece este proyecto oficial de bajar la edad de imputabilidad?
– En una primera aproximación hacia el proyecto que presentó el Gobierno nacional en el Congreso se observan severas contradicciones con el Sistema Penal Argentino. No explica científicamente porqué la reducción a la edad de 13 años es la que se debe aplicar en la Argentina, y además sólo se argumenta la diferencia con los países de la región y se agrega que es poner límites a la impunidad, porque hace a la seguridad y porque lo requiere el pueblo. Podemos interpretar que lo de los 13 años es arbitrario.
– Según la Psicología, a los 13 años somos púberes y estamos dejando la niñez para convertirnos en adolescentes, pero… ¿qué somos a esas edades para la Ley?
– En la experiencia y los Tratados internacionales de DD.HH. y Unicef se sostiene que a los 13 años hay cambios físicos, emocionales y angustia por estar sin protección, con una mezcla de la realidad con lo lúdico. Recuerdo que a mis 13 años jugábamos al policía y al ladrón, así como ahora lo hacen mediante los juegos en la red. De hecho, la ONU en una observación insta a los Estados integrantes a proteger a los niños y que no se baje la edad de imputabilidad que debe estar lo más cercana a los 18 años, por cuanto la madurez y capacidad del pensamiento abstracto todavía o completó su maduración.
– ¿Escuchó los dichos del jefe de Estado que a “delito de adulto, pena de adulto. El que las hace las paga”?
-El apotegma utilizado por el Presidente “delito de adulto pena de adulto”, es una declaración sesgada de demagogia punitiva, imposible de sostener jurídicamente a partir del caso Mendoza, en donde la Argentina fue sancionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por imponer prisión perpetua a un niño. Además, se contradice con las penas que contiene el propio proyecto por él enviado, cuya pena máxima es de 20 años, fijando además el proyecto de salidas alternativas e inclusive de eximición de penas.
– ¿Cree que una parte de la sociedad, por diferentes circunstancias, está dispuesta a respaldar este proyecto?
– El impacto mediático repetitivo de “niños delincuentes” que sostiene que son pilares de la inseguridad, deriva que la opinión pública, cansada, apoye directa o indirectamente la baja de edad, pero nada dice qué solución traería.
– Si finalmente la baja de la edad de imputabilidad se aprueba, ¿cómo impactaría en los Sistemas Judicial y Penitenciario?
– En caso de prosperar el proyecto se deberán llevar a la práctica reformas procesales penitenciarias y educativas que llevarían al menos una década en hacerse; pero además carecemos de medios y recursos para implementarlas. Por lo tanto, una ley aprobada de este modo correría el riesgo de terminar en una expresión de deseos.
– Sobre las causas de la delincuencia juvenil, ¿considera que con más inclusión social y menos pobreza se la podría reducir?
– Personalmente no tengo dudas de que, si se mejoran las condiciones de vida, sociales, económicas, sanitarias y educativas de los sectores vulnerables, la delincuencia juvenil bajaría estrepitosamente. Además, la mayoría de los delitos más graves no son cometidos por niños, niñas y adolescentes
– ¿Qué pasa en otros países con la imputabilidad de menores y la problemática en cuestión?
– Los legisladores deben adecuar la ley a la realidad que deben o quieren regular. La comparación con sistemas penales juveniles de la región para fundamentar cambios es un camino errado y seguramente concretarán una mala ley. El sistema debe analizar estrictamente la situación de Argentina, sin considerar lo que sucede en otros países.
– No es un tema nuevo, imagino que es un debate recurrente entre los magistrados, ¿hay alguna opinión que predomine?
– Es verdad. Se trata de un debate remanido y repetido. Sucede que nunca se ha llegado a una intención legislativa extrema que reduce la edad a los 13, y que le agrega un plus en cuanto autorizar al juez a investigar e imponer medidas a un niño de 11 años. Considero que esto es insostenible en razón de estar el niño en proceso de pubertad con un razonamiento todavía infantil.
Entre los jueces y fiscales hay resistencia a la baja de la imputabilidad, y he escuchado a muchos colegas afirmar: «No estoy en condiciones de condenar a un niño de 13 años». Como si fuera poco crea una categoría de víctima nueva, lo que ocurriría cuando el autor de un delito sea un niño, ya que legislaría el sistema penal juvenil la situación de la víctima, cuando en realidad hoy ya tenemos una excelente ley de víctimas. Resumiendo, en mi opinión, es un proyecto inviable e imposible de implementar.