Las movilizaciones sociales contra la megaminería, los agrotóxicos o la contaminación industrial son los ejemplos en los que se basa la socióloga e investigadora Gabriela Merlinsky para sustentar el concepto que le da título a su libro más reciente: “Toda ecología es política”. “Nos falta mucho para tomar el relevo de la cuestión social en clave ambiental y para eso necesitamos acercarnos a esos grandes cambios a los que asistimos en el siglo XXI que tiene que ver con las movilizaciones sociales por el ambiente”, argumenta. “La pregunta que plantean los propios actores sociales es si el crecimiento económico puede ser un criterio de valor equivalente a la defensa del agua a la salud de las personas. Esa es una pregunta que atraviesa todo el libro”.
– ¿Cómo definiría el campo epistemológico que delimita para el libro: la ecología política?
-Gabriela Merlinsky: Al considerar el ambiente como un terreno político, dialogo con un campo de estudios y de discusión epistemológica que combina la economía política con diversos enfoques de las ciencias sociales y, muy especialmente, la historia ambiental. Si necesitamos una ecología política es porque contrariamente existen formas pretendidamente apolíticas de entender lo ambiental o incluso formas de negar la cuestión, un ejemplo de ello es el negacionismo climático o el predominio de un credo económico que dice que tenemos que ser exportadores de naturalezas baratas. No podemos confinar lo ambiental a su consideración como un asunto exclusivo de los expertos y, para ello, necesitamos entender está profundamente relacionado con nuestra vida cotidiana y con las posibilidades concretas de reproducción de la vida a futuro.
– Aunque habla de ecología, hay una idea muy fuerte en relación con la economía, la política y el ambiente, y para eso recurre a un concepto de Jason Moore, el “capitaloceno”.
-G.M.: Lo que se llama civilización, es decir los procesos de intercambio entre sociedad y naturaleza en el curso de los diez últimos milenios, se ha desarrollado en una época y en un espacio geográfico sorprendentemente estables. A diferencia de ese largo interregno de más de 10.000 años denominado Holoceno, en esta nueva era, el Antropoceno, los cambios de origen humano han sobrepasado en importancia el papel mismo de las fuerzas naturales-geológicas y son responsables de alterar profundamente el sistema terrestre. Partiendo de que los humanos no modifican los sistemas ambientales en tanto especie homogénea sino como actores sociales, culturales, genérica y geográficamente diferenciados, es importante tener en cuenta que son las relaciones sociales de producción y consumo las que han generado estos cambios. Es innegable que esta aceleración ha sido contemporánea a la expansión del capitalismo en todo el planeta. De ahí que Jason Moore hace referencia al “capitaloceno” para mostrar que el capitalismo no es solo un sistema económico, es también un modo fundamental de alteración ecológica que busca la explotación mundial de las naturalezas baratas para penetrar fronteras de ganancias potenciales.
– ¿Cómo seleccionó los ejemplos de acción política en favor de la ecología?
-G.M.: En América Latina hay un acervo muy importante de experiencias que unen el activismo ambiental, la producción de conocimientos y la creación de modos de gestión colectiva de lo común. Esto trae formas novedosas de entender el problema ambiental, que plantean alternativas al modelo del capitalismo extractivo y que muestran formas de convivencia con las especies no humanas. Por un lado, quise mostrar algunos casos que tuvieron y tienen mucha resonancia, como el conflicto del Riachuelo en Argentina, las disputas por la implantación minera en Cajamarca (Perú) o los episodios por la defensa del Parque Nacional el Tepozteco en México. Son grandes momentos políticos de revisión de los modelos de desarrollo, que llegan a los tribunales, que desestabilizan la acción rutinaria de diferentes niveles de gobierno, que cuestionan la falta de regulación y control estatal de actividades que son potencialmente peligrosas para el ambiente y la salud de las personas.
– A partir de iniciativas como la Cumbre contra el cambio climático, y personajes como Greta Thunberg, ¿puede la ecología ingresar en la agenda pública?
-G.M.: La visibilidad extraordinaria que tiene Greta Thunberg permitió abrir una conversación en la que participan movimientos de todo el mundo, pero también, de forma notoria, las organizaciones de jóvenes. Aquí aparecen (al igual que sucede con el feminismo) formas de participación política que reclaman reconocimiento, y que afirman el derecho a definir el problema desde una perspectiva estructural, que no se contenta con soluciones de compromiso. Las jóvenes y los jóvenes protestan y hacen huelgas porque ven que hay un desentendimiento institucional y un débil compromiso con la descarbonización y la reducción de las emisiones. En ese sentido, los movimientos de justicia climática están abriendo un espacio extraordinario para la discusión de la mano de las y los jóvenes. Ellos desenmascaran la estrategia de negación y bloqueo sostenida durante décadas por la industria de los combustibles fósiles y nos dicen que ya no se puede procrastinar y minimizar el riesgo. Basta de vivir en un estado de anestesia que multiplica las condiciones de riesgo futuras. Para salir del negacionismo hay que replantear las relaciones de producción y consumo. Pero también hay una agenda que se constituye en cada región y en cada país. El cuestionamiento a agronegocio y el papel de los pesticidas en la salud, el debate por la soberanía alimentaria, la discusión por los impactos de la minería a cielo abierto, las movilizaciones por la defensa de los humedales son también formas de acción colectiva que tienen una importante influencia en la agenda pública.
– En el texto recoge la experiencia de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, unidas contra los agrotóxicos. ¿Cuál es la capacidad de presión que tiene el ecofeminismo?
-G.M.: Este sistema mundializado, globalizado, dependiente del uso de ingentes cantidades de materia y energía, que asimismo implica la generación de cantidades enormes de contaminación, se sostiene, sin embargo, en una sutil cadena que enlaza diferentes tareas y trabajos, muchos de ellos pagos y otros no remunerados. Entre esas tareas, las más esenciales, las vinculadas al sostenimiento y reproducción de la vida, están en manos de las mujeres. Las diferentes vertientes de los feminismos territoriales y las ecofeminismos cumplen un papel fundamental al señalar esa relación estrecha entre los cuidados y la vida y le agregan un ingrediente más: las interdependencias que hacen posible el cuidado son también las que protegen el ambiente.
– De algún modo, se trata de una extensión del rol de cuidado.
-G.M.: En las movilizaciones como la de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, que luchan desde hace 20 años por combatir un modelo basado en plaguicidas que dañan la salud, hay una redefinición del rol socialmente asignado a las mujeres como cuidadoras, que gana sentido político al considerar esta interdependencia como base para una movilización por los derechos humanos y el derecho a la salud. En los conflictos ambientales las mujeres logran poner en el centro de la disputa pública esta cuestión del valor diferencial de la vida y su potencial político refiere a que no se trata de disputas de género en abstracto; por el contrario, se definen en relación con la justicia ambiental, autodeterminación de los pueblos, la soberanía alimentaria, la salud comunitaria, entre otros asuntos.
– Además de los incendios forestales el tema que más preocupa en la actualidad es el de la bajante del Paraná. ¿Puede ingresar a la agenda pública?
-G.M.: Sobre los incendios en áreas de humedales y la bajante extraordinaria del Paraná hay que revisar las falencias de la gestión ambiental en el largo plazo. Por ejemplo, cuando el año pasado recrudecieron los incendios en el Delta, recién ahí se puso en marcha nuevamente un programa del año 2008: el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (PIECAS), una iniciativa que nunca debió perder continuidad. Por otro lado, los registros del año 2019 y 2020 indicaban una secuencia de baja en las precipitaciones tanto en el río Paraguay como en el río Paraná, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces ya teníamos la información y esto no se anticipó. Por el contrario, se puso mucho énfasis (también en la agenda periodística) en el proyecto de la hidrovía, desconociendo que esas obras de gran envergadura tienen un impacto gigantesco y se apoyan en un ecosistema muy frágil. Todos esos eventos (incendios, bajantes extraordinarias) no se pueden separar de los millones de hectáreas de bosques deforestadas desde fines del siglo pasado, ecosistemas que fueron removidos para reemplazarlos por cultivos de exportación. Si esta no es la causa directa, no hay duda de que interviene y acentúa los efectos del cambio climático. En el Paraná, hay otro agravante que son las obras de dragado del río, las que implican una alteración importante del ciclo del agua. Pero esto tampoco es nuevo, los pescadores lo vienen alertando hace muchos años, así como han registrado el impacto brutal que tienen los agroquímicos en la vida acuática. Hay investigaciones que muestran una alta concentración de distintos insecticidas de uso agrícola en la cuenca alta y una contaminación múltiples con metales y principalmente glifosato en la cuenca media y baja. Entonces, estos temas si han ingresado en la agenda pública, el problema es que tienen un impacto mayor en las audiencias y en la agenda política, una vez que el desastre se ha producido.
Es importante comprender que los desastres no son el resultado de “la furia» de la naturaleza, por el contrario, son la concreción o actualización de condiciones de riesgo preexistentes. El gran aprendizaje es entender que necesitamos poner en marcha leyes ambientales que son esenciales para la conservación de los ecosistemas y que no podemos dejar que los intereses corporativos bloqueen las iniciativas.