Los dogmas son un conjunto de creencias o proposiciones que deben aceptarse sin cuestionamientos, ya que constituyen una verdad aceptada sin crítica o examen. Tales “el Estado presente”, o “la sindicalización”, dos de aquellos que han sido puestos en duda como ideas eficientes y eficaces para grandes sectores de la población que no son alcanzados por ellos o no los perciben, por lo cual optaron por votar alternativas opuestas en las últimas elecciones nacionales.
Es que, ante la falta de crítica y examen sobre sus alcances, dejaron de representar a una buena parte de la ciudadanía, especialmente en el interior del interior y en los sectores informales no sindicalizados.
En el interior desde hace décadas han sido muchas veces abandonados a su propia suerte y esfuerzo en los servicios públicos que provee y subsidia el Estado nacional, y algunas veces provinciales, en las grandes ciudades donde hay más votos. Allí, para recibir servicios de agua potable, cloacas, electricidad, telecomunicaciones, salud, educación superior, seguridad, recreación y deportes se han debido auto organizar en cooperativas de usuarios, centros educativos a distancia, Cooperadoras escolares, de hospitales y policiales, bomberos voluntarios, clubes deportivos y recreativos que prestan esos servicios sin casi apoyo estatal o inclusive en algunos casos a pesar de él. Así el “Estado presente” ha dejado de ser una realidad tangible.
Algunos nuevos dirigentes de los más variados sectores han planteado “una nueva melodía” (Kicillof); embestido contra “los pituquitos de Recoleta” (Llaryora); o han exagerado hasta proponer que las grandes obras de infraestructura “las financien los propios vecinos beneficiados” (Mondino), algo que claramente no es posible. Sin embargo, en gran parte del interior del interior que se ha auto organizado a nadie se le ocurriría que el Estado extienda las redes domiciliarias y, a lo sumo, pretenden que se financie una primera etapa que, con su recupero pagado por los vecinos, permita ir ampliando la cobertura del servicio al resto de la población.
Por el contrario, en las grandes ciudades es muchas veces el Estado nacional o provincial el que invierte impuestos que recauda de todos, para extenderlas sin costo para los vecinos y, luego, en algunos casos, subsidia el servicio, que en el interior del interior cubren casi totalmente los vecinos, con recursos propios y/o trabajo voluntario.
Por lo que cambiar el dogma implica reconocer ese rol de las Entidades de la Economía Social y Solidaria (EESS); financiar con “fondos semilla” la expansión de los servicios locales; realizar las grandes obras de infraestructura –gasoductos, rutas, redes mayoristas de telecomunicaciones, infraestructuras con equipamientos para educación a distancia, deportivas, de salud, seguridad- que, operadas por estas instituciones, son mucho más eficientes que las que se prestan en las grandes ciudades donde el Estado todo lo provee.
En muchas de esas poblaciones las EESS proveen servicios de traslado, emergencias y urgencias médicas hacia los centros de mayor complejidad, mientras que los Estados contratan a empresas privadas que dicen prestar el servicio a los afiliados de las mayores obras sociales del país, como el Pami y obras sociales provinciales, cuando en la realidad eso no ocurre.
En otras, entidades mutuales constituidas como clubes o vinculadas a ellas proveen de fondos a estas entidades, desarrollando una vida social y sana especialmente para los más jóvenes, financian o ayudan a entidades educativas, de salud, de jubilados, y demás. Por ello, es auspicioso que en la provincia de Córdoba se haya establecido un ministerio de Cooperativas y Mutuales, que, al menos, aplique por primera vez en 27 años los fondos específicos que recibe la provincia por coparticipación de impuestos nacionales recaudados de las entidades del movimiento para la “Promoción y Capacitación Cooperativa” (Ley 23427).
En el dogma de la sindicalización no será posible defender los derechos de los trabajadores si no se unen las centrales obreras con los trabajadores informales o monotributistas, no sólo para “resistir” los cambios, sino para construir con ellos un nuevo derecho laboral que los incluya, lo que por supuesto implica considerar como propios los reclamos de ellos, sin pretender cooptarlos, manipularlos, ni despreocuparse por la informalidad en los sectores que ellos dominan, sólo porque en esa condición informal no son votantes del sindicato.
Mientras ello no ocurra, los sindicatos y sindicalistas serán cada vez menos valorados por la sociedad, perderán definitivamente –si ya no la han perdido- su legitimidad, no serán nunca representantes de las mayorías populares y mucho menos podrán influir en las políticas públicas, más allá de los intereses particulares que representan y de los que lucran por décadas, legitimando a su vez a quienes pretenden destruir el sistema que los rige.
En definitiva, si estos dogmas son revisados dejarán de ser dogmas y se convertirán en factores del verdadero cambio que no implica volver a recetas ya conocidas como el estatismo o la “economía libre de mercado”, algunas de las cuales son preindustriales, lo que destruiría no sólo el sindicalismo, sino la sociedad y la economía por mucho tiempo.