Un poco de historia: corre 1986; filtración mediante (primer flanco de aquella iniciativa), el presidente Raúl Alfonsín, confirma la propuesta de trasladar la Capital de la Nación a una zona comprendida por las localidades rionegrinas de Guardia Mitre, Viedma y la bonaerense Carmen de Patagones. El radicalismo había ganado su segunda elección nacional consecutiva (las Legislativas de 1985); Alfonsín plantea la provincialización de Tierra del Fuego, la creación de la Provincia del Río de la Plata (con la actual CABA más una parte del Conurbano), el traslado de la Capital y una reforma constitucional fundando la Segunda República.
Justificó el traslado en su contribución a descentralización y el equilibrio territorial, amén de potenciar el despegue económico y social de regiones aisladas: “crear condiciones para una nueva República que ofrezca nuevas fronteras mentales a los argentinos”, decía Alfonsín con convicción.
No sería sencillo: todo debía construirse. Los instrumentos legislativos se alcanzaron tras casi un año (ley 23.512), complementados por la cesión de los territorios que debieron aprobar las legislaturas de Buenos Aires y Río Negro. En ese vasto territorio por federalizar (casi 500.000 km2), debían ubicarse las sedes gubernamentales, el tendido de infraestructura, modelarse un plan maestro de desarrollo urbano.
Se creó un ente autárquico para gestionar el proceso, con sedes en Viedma y CABA, comandado por Aldo Neri (cercano a Alfonsín). El proyecto presentaba cuantiosos costos, en una Patagonia desconectada y despoblada (apenas 1,5 millón de habitantes para toda la región), que a la adquisición de inmuebles y ejecución de obra pública indispensable debía sumar logística y una enorme reingeniería de personal para el trasladando los tres poderes del Estado.
El proyecto generaba rechazos en el seno del gobierno, como lo ilustra Juan Carlos Torre en su “Diario de una Temporada en el Quinto Piso”. ¿Cómo financiarlo? Eran épocas en las que sólo el presupuesto estatal podía impulsar semejante propósito, al estilo de Brasilia o Canberra. Endeudamiento específico (constitución de fondos, emisión de bonos, acuerdo con organismos internacionales); venta de activos por privatizaciones; generación de ahorros eran algunas de las alternativas que se manejaban para afrontar los 2.300 millones de dólares requeridos (ajustados por inflación, hoy unos 5.000 millones).
Se planteó mudar la Capital en el siglo XIX (varios intentos en Rosario, también Villa María-Villa Nueva), y en el siglo XX (Río Cuarto, entre otras). La ubicación en la productiva y conectada zona central del país, de mejor impacto socioambiental, ofrecía una descentralización sin graves traumas.
En 1986, la Argentina contaba con ocho ministerios, una planta política mediana, y 558.758 empleados (administraciones central y descentralizada). Alfonsín perfilaba un nuevo Estado-organización para una nueva República. Hablaba de descentralizar, desburocratizar (no eliminar oficinas, sino agilizarlas), equilibrar y potenciar nuevos negocios (la producción pesquera, la energía, el turismo). Suponía que un plan gradual (12 años) podría generar la infraestructura necesaria. Que el peso institucional derribaría las lejanías. Que los costos serían amortizados por una República renacida y moderna.
A la necesidad de construir y desarrollar, había que acompañarla con suficiente comunicación institucional. Inicialmente los medios brindaron apoyo y la población se interesó por la iniciativa. Aunque voces importantes tronaron en contra, requiriendo análisis exhaustivos para evaluar la conveniencia del traslado.
Con la declinación del gobierno radical, el proyecto se estancó. No hubo financiamiento para las primeras obras. Tampoco apareció el consenso, ni en el gobierno, ni con los partidos y fuerzas de peso social. El proyecto quedó encapsulado en el ente que lo gestionaba, sin irradiarse (por ejemplo, a universidades, federaciones empresariales, colegios profesionales). La resistencia al cambio y las diferencias ideológicas plasmadas en otros planos del campo político obstaculizaron su implementación.
Fortísimos sectores políticos y económicos sepultaron la idea. Del proyecto Patagonia sobrevivió la provincialización de Tierra del Fuego, impulsada por Carlos Menem, quien apoyó inicialmente el traslado, resignando la iniciativa por presión de sus nuevos aliados, entre ellos el liberal Álvaro Alsogaray. El ente fue disuelto.
La instalación en el Golfo San Matías de una planta de Gas Natural Licuado, que importará la inversión de 30.000 a 40.000 millones de dólares a lo largo de una década, asumida conjuntamente por YPF y Petronas, transformando drásticamente la sociedad, la economía y la política regional, aparece como una oportunidad para retomar aquella agenda de cambio, considerando que la Ley 23.512 nunca fue derogada.
La experiencia institucional argentina demuestra que es imprescindible descentralizar la Capital, apostando por regiones emergentes, como la patagónica, en camino a un desarrollo autárquico, cambiando la matriz productiva nacional.
La enorme inversión a implementar, no sólo por YPF-Petronas, sino por muchos emprendedores privados y los propios estados provinciales o municipales involucrados, facilitará la concreción de proyectos que tributen paralelamente a la afirmación del polo productivo y al traslado, incluyendo al Estado Nacional.
El profundo cambio reclamado por la sociedad argentina, que eligió la agenda rupturista de Javier Milei por sobre las opciones “estándar” de Bullrich o Massa, habla a las claras. Es imprescindible avanzar en una profunda reforma político-administrativa-territorial, no sólo con el sentido de amputar, sino con el de transformar, como lo planteaba Alfonsín en 1986.
Por otra parte, la Patagonia presenta ventajas: su configuración local es socialmente homogénea, ha avanzado considerablemente en la provisión de bienes públicos a escala, está mejor conectada y ha instalado capacidad (universidades, I+D) que pueden otorgar valor agregado “in situ” a los procesos.
El traslado sigue implicando una reorganización logística y administrativa compleja: costos-beneficio que deben cotejarse con las necesidades del país. La asociación entre ambos proyectos facilitaría la transición.
Los estudios realizados entonces, los que muchas universidades y expertos han desarrollado posteriormente, con más el soporte que brinda (con sus antecedentes y capacidades) el Consejo Federal de Inversiones, pueden aportarse en esta instancia. Y dada la relevancia de la decisión, a los fines de dotarla de calidad, sería razonable instrumentar un proceso de consulta ciudadana para garantizar su legitimidad.
Alfonsín solía decir que debió haberse mudado entonces, aunque sea en carpa. En el marco de un proceso profundo, aquella experiencia es una enseñanza que seguir. ¿Será ésta la posibilidad?