En los extremismos que reinan en las redes, y que se expresan reivindicando afectivamente las supuestas víctimas y condenando a los supuestos victimarios, hay tres planos en los que se debe analizar cada caso: el social, el político y el judicial, en el que se aplican distintas lógicas.
En lo social, es común que la balanza se incline por los más débiles, salvo cuando se trate de un perfil estigmatizado previamente. La lógica es juzgar a la persona en su totalidad, aceptando o rechazando su versión de los hechos que se deja de lado. Se trata de una descalificación (o falacia) “ad hominem” (a la persona), al supuesto victimario, a quien se le atribuyen todos los males, independientemente de los hechos que pueden favorecer su versión o su historia personal. Por su parte, la víctima es protegida de cualquier cuestionamiento, como si reconocer sus errores, ambigüedades o información equívoca, fuese una forma de legitimar al victimario.
En lo político, muy afectado por lo social, quienes están cercanos a los posibles victimarios suelen minimizar los hechos, acotar sus efectos sociales y judiciales, orientar la causa a jurisdicciones que le serían favorables, generar dudas sobre quienes serían responsables y finalmente desarrollar teorías que involucren a la víctima y/o sus allegados. Los que están más cerca de la víctima, suelen, en primera instancia, dramatizar los hechos, sus causas y consecuencias, hacia lo político, para luego asignar responsabilidades a sus adversarios.
En lo judicial, los principios de la legítima defensa que sostiene que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” implica que aún en los casos en donde se considera lo denunciado por la víctima, ésta deberá probar sus afirmaciones respecto de los hechos que se juzgan. En estos días se han revelado casos contradictorios entre lo social, político y judicial en donde supuestas víctimas son protegidas socialmente, mientras que políticamente los supuestos victimarios son estigmatizados siguiendo la lógica de las víctimas, hasta que las instancias judiciales desmienten su versión de los hechos.
Hace poco, el caso de los rugbiers franceses que fueron denunciados por violación, la versión de la víctima fue aceptada, como suele ocurrir en estos casos. Lo político aprovechó la nacionalidad de los supuestos victimarios, con la que existe una rivalidad deportiva, mientras que la justicia investigaba los hechos que finalmente se revelaron falsos, por la existencia de una prueba documental en la que la víctima admitía en privado que se trataba de una relación consentida.
Otro caso fue el del asesinato de Susana Montoya, esposa de un desaparecido, que su hijo Fernando atribuía a los rezagos de la dictadura, hasta que se pudo probar –al menos con la certeza requerida para procesarlo- que era él mismo quien la había asesinado, para hacerse de un dinero que debían cobrar por una reparación histórica de las consecuencias de la desaparición de su padre, de la que era beneficiario con su madre. Lo político, desde los organismos de derechos humanos, exigía el esclarecimiento del hecho suponiendo verdadera la versión del ahora procesado hijo-asesino, mientras que quienes intentan desacreditar las políticas y organismos de DDHH ahora están aprovechando el hecho.
Otro más: el “caso Loan” continúa con una cobertura menguada, pero aún importante, que dispersa hipótesis judiciales con pocas certezas, no es descabellado que no logre resolverse. En el caso de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, lo social se expresa contra el ex presidente, tanto por la frustración de su gobierno como por la aceptación de las afirmaciones de la víctima. En lo político, los que participaron de aquel gobierno lo condenan, además, por las disidencias que tuvieron con él, mientras que los opositores a ese gobierno pretenden extender el problema a toda la Administración. La justicia deberá sustraerse de esas dos visiones si desea llegar a la verdad de los hechos denunciados, que deberán ser acreditados con pruebas independientes, testimoniales, periciales y documentales. No obstante, el caso difícilmente pueda hacerlo fácilmente, mucho más cuando existen enemistades entre el ex presidente y el juez, y aún se discute la competencia federal o provincial, por el lugar en que se habrían cometido los hechos denunciados.
En todos estos casos, lo social, eminentemente afectivo e influido por las redes en las que interviene la política, influyen en la justicia, mientras que no se acrediten o se desacrediten fehacientemente las afirmaciones iniciales de las supuestas víctimas. Por eso es importante que los ciudadanos seamos conscientes que nuestras primeras impresiones pueden ser equivocadas, que convertirlas en irreversibles contribuye a uno de los intereses políticos en pugna, y que la justicia tiene sus tiempos para poder probar los hechos, con pruebas independientes, si queremos que los condenados no sean linchados por la opinión pública o por los intereses políticos en lo que podría considerarse una venganza.
Cabe una pregunta: ¿qué nos resulta más inaceptable, un inocente condenado o un culpable libre? La historia moderna ha decidido por el segundo, por eso, en los futuros distópicos de algunas películas de ciencia ficción, se muestra una justicia preventiva, no basada en evidencias verificables…