El paquete económico anunciado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, para intentar morigerar los efectos de la devaluación de la semana pasada fue criticado y rechazado por todos los gobernadores no alineados con el oficialismo. En el marco de una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), realizada ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), 19 provincias del interior manifestaron su preocupación por el costo fiscal que tendrá la iniciativa de la Casa Rosada.
En un corto comunicado de dos páginas que difundieron al término del encuentro, los gobernadores sostuvieron que las medidas fueron realizadas en forma “inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas”. Además, dijeron que el Gobierno les comparte los costos fiscales sin disponer las “compensaciones necesarias”, lo cual provoca un “despojo” de sus recursos y coloca a las provincias en una “situación de desfinanciamiento”.
En el mismo documento, los mandatarios provinciales afirmaron que se encuentran en peligro de no poder afrontar los gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la “preservación de la paz social”. Incluso, afirmaron que el “arbitrario y perjudicial” paquete económico los ubica al borde de una grave crisis.
Finalmente, aseguraron que van a defender los intereses de los distritos del interior “si es que esta actitud errática y flagelante” hacia sus derechos no se revierte y exigieron las compensaciones financieras correspondientes. Si la respuesta por parte del gobierno nacional no es satisfactoria, las provincias anticiparon que acudirán a la Justicia.
Del encuentro participaron todos los gobernadores peronistas de la oposición. Sin embargo, también estuvieron presentes los mandatarios Omar Gutiérrez (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Hugo Passalacqua (Misiones). El único gobernador que faltó al encuentro fue el cordobés Juan Schiaretti, quien prefirió enviar a su ministro de Hacienda, Osvaldo Giordano (ver página 5).
Pese al enérgico rechazo que generaron los anuncios económicos, desde el oficialismo negaron que se evalúe una compensación. Los secretarios Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, dependientes del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, sostuvieron que el impacto en los distritos sería sustancialmente menor al calculado por los mandatarios. Ambos funcionarios participaron del encuentro que mantuvieron ayer, casi en paralelo, los titulares de las carteras económicas de las provincias (ver recuadro aparte).
Los ministros de Hacienda reclaman $30.000 millones
Los ministros de Economía de las 19 provincias no oficialistas del país le pidieron al gobierno nacional que elabore “con premura” una propuesta de compensación a los gobernadores de al menos $30.000 millones para reparar la merma en la coparticipación que sufrirán hasta fin de año por el impacto de las medidas económicas anunciadas por Macri la semana pasada.
Los funcionarios manifestaron su preocupación durante la Comisión Federal de Impuestos que se realizó también ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, casi en simultáneo con el cónclave de los mandatarios provinciales. Los receptores del pedido fueron los secretarios Caldarelli y Caballero, quienes insistieron en que las medidas no tendrán el costo que las provincias calcularon.
Sin embargo, se comprometieron a llevar el planteo a la Casa Rosada. “El impacto fiscal final de la eliminación de IVA de los productos básicos de la canasta y la suba de Ganancias es marginal, porque al aumentar las proyecciones de inflación aumenta la coparticipación. Y también las provincias recuperan por el consumo”, sostuvieron desde el Gobierno.
Neuquén y Río Negro, ante la Corte Suprema
Una de las medidas del paquete económico anunciado por Macri fue el congelamiento del precio del combustible. La iniciativa golpeó con especial fuerza a Río Negro y Neuquén, las provincias petroleras. Ayer, los gobiernos de ambas provincias realizaron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare inconstitucional el decreto del jefe de Estado.
Tanto Weretilneck como Gutiérrez argumentaron que la decisión oficial genera un perjuicio directo en sus provincias. La presentación judicial se produce después de que fracasara una reunión con el Gobierno en la que le solicitaron a la Casa Rosada que desista de su intención de mantener inmóviles los precios de las naftas.
Antes que las provincias, el martes pasado, Vista Oil & Gas, la empresa de Miguel Galuccio, presentó en la Justicia un recurso para la nulidad del DNU. Su argumento es que el decreto que obliga a las petroleras a fijar el precio por 90 días tiene una implicancia económica gravísima.