A dos días de asumir en el rejerarquizado Ministerio de Salud, Ginés González García cumplió con la promesa de reponer el nuevo protocolo de actuación para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que había sido derogado por el ex presidente Mauricio Macri semanas antes de dejar el poder. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, el ministro de Salud explicó ayer que este protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015, y la evolución del conocimiento que hace que se modifiquen cuestiones científicas, siguiendo cánones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“No queremos que estos se convierta en un combate. Aquí se trata simplemente de respetar un derecho y hacer cumplir la ley”, aclaró el ministro de Salud.
“Con este protocolo damos un instrumento sanitario para que se cumpla con la ley y para proteger a las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”, explicó González García y confirmó que hoy se publicará en el Boletín Oficial. El sanitarista señaló que la guía (que tuvo pocas modificaciones respecto de la presentada por el ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein) sistematiza los procedimientos médicos para que la ley se cumpla “de igual manera en cualquier parte del país”, aunque reconoció que dependerá de la adhesión de cada provincia.
En ese sentido, se refirió al “combate contra el protocolo en algunas provincias y de parte del propio ex presidente”. “Esto ha generado confusión e intimidación sobre profesionales que tienen que cumplir con la ley. En esto, pretendemos que el protocolo sirva como lo que es: una guía de procedimiento”, sostuvo. Y aclaró: “No queremos que estos se convierta en un combate. Aquí se trata simplemente de respetar un derecho y hacer cumplir la ley”.
Respecto a la “objeción de conciencia” del profesional médico, González García dijo que se trata de un acto individual que no se puede aplicar a las instituciones, principalmente aquellas públicas. “La objeción de conciencia no puede ser una coartada para el incumplimiento de la ley en el caso de una institución”, sentenció y reconoció que se flexibilizó esa consideración del protocolo para asegurar su cumplimiento.
Respecto del plazo entre la solicitud de la ILE y el momento de realizarla, se informó que son 10 días. “Mientras esa causal esté en el Código Penal, en diez días debe darse lugar a la práctica”, informó. La primera conferencia de prensa de Ginés ocurrió minutos después de que el funcionario y su equipo de trabajo se reunieran con el presidente Alberto Fernández, quien respaldó el anuncio de la cartera sanitaria.