La paritaria de los trabajadores judiciales de Córdoba ingresó en una etapa de definición clave. La Comisión Directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) adelantó que llevará una posición favorable para aprobar la última propuesta salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tras evaluar que el ofrecimiento contiene avances concretos para el sector, a pesar del complejo contexto económico nacional.
Desde la conducción gremial señalaron que, si bien la oferta no cubre el total de lo reclamado originalmente ni revierte por completo el impacto inflacionario que afecta a los trabajadores, sí se consolida como un paso adelante en la recomposición de los haberes.
El punto central que inclina la balanza es que los montos previstos se cobrarán por encima de la pauta salarial que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) —la cual empata a la inflación—, permitiendo recuperar terreno frente a las pérdidas ocasionadas por la normativa provincial vigente.
El esquema incluye la segunda cuota de equiparación para el sueldo de julio de 2026, el adelanto de las cuotas subsiguientes y el beneficio de dos categorías adicionales al finalizar las etapas del acuerdo.
Otro de los aspectos técnicos fundamentales valorados por la directiva del gremio es el blanqueo de los montos que se venían percibiendo bajo el concepto de “no remunerativos”. Tal como se había preacordado durante las negociaciones de 2025, estos fondos se incorporarán directamente al sueldo básico.
La medida tiene un doble impacto para los judiciales cordobeses. Para los activos, incrementa la base de cálculo para el cobro de futuros ascensos, títulos y próximos aumentos salariales. Y para los pasivos, repercutirá de manera positiva e inmediata en los haberes que percibirán los jubilados y jubiladas del sistema judicial durante este año.
Pese al principio de acuerdo en la mesa sectorial, desde AGEPJ ratificaron que continuarán en plan de lucha junto al resto de los gremios estatales aportantes para exigir la derogación de la Ley de Equidad Jubilatoria Nº 11.087. Mientras se sostenga ese reclamo de fondo, el gremio exige la universalización del fallo del TSJ que reduce el tope de las escalas del 8% al 6%, además de garantizar que las bandas salariales fijadas por el Ministerio de Economía sigan actualizándose con cada aumento.
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