El gobierno provincial planteó ayer ante el Juzgado Federal número 2 de Córdoba un pedido de ampliación de la medida cautelar otorgada en junio pasado, para que se mantenga la suspensión de la Comunicación “A” 7782 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en sus efectos a la provincia.
El pedido se formuló ante el inminente vencimiento de otro pago de deuda el próximo 27 de julio, por un monto de 9.375.000 de dólares. Luego, hay otros dos, el 27 de octubre y 10 de diciembre. En conjunto, los tres ascienden a 140 millones de dólares (más intereses).
Cabe recordar que el 1° de junio último, el Banco Central dispuso restringir el acceso al mercado único de cambios para que las provincias adquieran dólares para afrontar la cancelación de la deuda de bonos en moneda extranjera.
Esto motivó la acción de amparo de Córdoba ante el juez federal número 2 de esta ciudad, Alejandro Sánchez Freytes, quien la acogió y dictó una medida cautelar suspendiendo los efectos de la resolución BCRA, permitiendo a la Provincia poder cumplir con un vencimiento de deuda el 12 de junio.
En virtud de que la Fiscalía Federal interviniente y el BCRA, frente al pedido de la Provincia, fijaron posición por la incompetencia del Juzgado y la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para resolver, la causa se remitió a la Corte. El máximo tribunal dispuso el 11 de julio su incompetencia y planteó que lo que correspondía era que las actuaciones siguieran su tramitación ante el mismo Juzgado Federal número 2.
Con la causa nuevamente en su poder, Sánchez Freytes enfrentará dos escenarios: podría dictar una sentencia del caso, o resolver si vuelve a otorgar nuevas suspensiones cautelares contra la resolución del Central ante los próximos vencimientos que tiene la Provincia.
Una vez que el juez dicte sentencia, la misma podría ser apelada por las partes ante la Cámara Federal y luego de cumplir con la totalidad del proceso la disputa entre Córdoba y el BCRA allí sí podría llegar nuevamente a la Corte Suprema.