La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, advirtió por el crítico escenario del sistema sanitario a partir de decisiones del Gobierno nacional, que incluyen recortes en programas clave, deudas acumuladas y la suspensión en el envío de vacunas obligatorias.
Según explicó la funcionaria, la situación que atraviesa el Pami refleja un deterioro más amplio del sistema de salud. Indicó que los profesionales cobran actualmente 2100 pesos per cápita, lo que implicaría la eliminación del pago por la consulta inicial anual y los controles posteriores. A esto se suma una deuda acumulada con médicos, odontólogos y farmacéuticos, lo que, según sostuvo, pone en riesgo la integralidad de la atención.
En ese contexto, Montero confirmó que el Ministerio de Salud de la Nación comunicó, a través de un correo electrónico, la suspensión del envío de vacunas correspondientes al calendario obligatorio. Se trata de dosis como la Triple Viral, la BCG, la vacuna contra el Covid pediátrico y la HPV, cuyo lote del segundo trimestre debía comenzar a distribuirse hace aproximadamente un mes.
La provincia cuenta actualmente con un stock mínimo en sus 789 vacunatorios, lo que genera preocupación ante la falta de reposición. “Deben entregar 50 mil dosis de triple viral y 25 mil de BCG, y además no envían HPV desde diciembre”, precisó. La falta de suministro afecta directamente el cumplimiento de una política pública garantizada por ley, que establece la gratuidad y obligatoriedad de la vacunación en todo el país.
Frente a este panorama, el Gobierno provincial manifestó su inquietud y anticipó que el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, viajará a Buenos Aires la próxima semana para reclamar respuestas y exigir la normalización de los envíos.
Montero también cuestionó el recorte del Plan Remediar, una política implementada tras la crisis de 2001 que distribuye botiquines con medicamentos esenciales para la atención primaria en más de 7800 municipios. Este programa cubre cerca del 80% de las consultas del primer nivel de atención, con fármacos como amoxicilina o budesonida.
A esto se suma una deuda de 8400 millones de pesos que la Nación mantiene con municipios cordobeses en el marco del programa Sumar, orientado a mejorar la calidad y el acceso a la atención sanitaria mediante el seguimiento de indicadores clave, como controles de embarazo, salud infantil y enfermedades crónicas.
En relación a Pami, la Provincia debió afrontar durante 2026 un déficit de 1300 millones de pesos para sostener prestaciones a adultos mayores en hospitales públicos. La deuda total, según indicó, asciende a 4700 millones.
Para la funcionaria, todas estas medidas responden a una política de ajuste basada en la reducción del déficit fiscal. “No consideran a la salud como una inversión, sino como un gasto”, afirmó. Y concluyó: “Hay una transferencia de responsabilidades hacia las provincias, pero sin los recursos necesarios para sostenerlas”.