El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un refuerzo económico extraordinario de 450 millones de pesos destinado a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, en medio de una profunda crisis financiera que atraviesa el sector por la falta de pagos de programas nacionales.
La medida fue comunicada durante una reunión en el Centro Cívico con representantes de entidades de la capital y el interior, encabezada también por la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero. Allí, las organizaciones expusieron las dificultades que enfrentan para sostener sus prestaciones, en muchos casos con deudas acumuladas y riesgo de interrupción de servicios.
El aporte será canalizado a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, que originalmente estaba destinado a nuevos proyectos de inclusión, pero que ahora será utilizado exclusivamente para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Los fondos se destinarán principalmente a cubrir gastos corrientes y, en aquellos casos donde se brindan servicios de doble jornada, a reforzar la alimentación de las personas asistidas.
Llaryora advirtió que la situación responde al incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno nacional, particularmente en el envío de recursos vinculados a prestaciones de PAMI y del programa Incluir Salud. “Si no se normalizan estos fondos, el esfuerzo provincial no alcanzará para sostener todos los servicios”, señaló.
La crisis impacta de lleno en instituciones como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, que asisten a más de 100 personas cada una y dejaron de percibir aportes nacionales. Según detallaron, esta situación afecta no solo la continuidad de los servicios, sino también el pago a profesionales, el transporte y la provisión de insumos básicos.
Desde el sector, valoraron la asistencia provincial aunque remarcaron que se trata de una solución transitoria. “Este anuncio marca la diferencia entre poder seguir funcionando o tener que cerrar”, expresó Nicolás Herrera, de la Fundación Avenir. En la misma línea, representantes de distintas entidades coincidieron en que el desfinanciamiento nacional está generando un deterioro crítico, con reducción de servicios, migración de profesionales y aumento del endeudamiento.
Por su parte, Montero advirtió que el panorama configura un “desfinanciamiento estructural” que impacta directamente en la salud pública, ya que la mayoría de estas instituciones dependen de programas nacionales para sostener sus prestaciones.
La Provincia dispuso un refuerzo económico para instituciones de discapacidad.
Montero advirtió que el panorama configura un “desfinanciamiento estructural” que impacta directamente en la salud pública. pic.twitter.com/1FWJvPKmJm
— Hoy Día Córdoba (@hoydiacordoba) April 15, 2026
Mientras tanto, desde la Provincia insistieron en la necesidad de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad y se restablezcan los envíos de fondos, al considerar que ni Córdoba ni los municipios pueden asumir de manera indefinida responsabilidades que corresponden a la Nación.