Al entrar en vigencia el nuevo criterio para regular las protestas sociales en nuestra ciudad, después de que el juez de Control provincial número 10, Juan Manuel Fernández López, hiciera lugar días atrás al habeas corpus que los vecinos de barrio Centro presentaron ante los frecuentes piquetes y manifestaciones que se realizan en la zona, el fiscal Ernesto de Aragón decidió ayer imputar a “seis o siete” referentes de organizaciones piqueteras y gremiales.
Todos ellos participaron en la víspera de una jornada de protesta que, de acuerdo a lo expresado por el funcionario judicial, “excedió las características de una mera marcha”, ya que “impidió el tránsito vehicular”. Según lo resuelto por Fernández López, dicha situación vulnera los derechos constitucionales de circular y trabajar.
Sobre el particular, De Aragón detalló que “se pasó de una convocatoria piquetera al llamado al bloqueo de rutas y calles. Lo que ha sucedido es un deliberado bloqueo y amerita el inicio de acción penal e imputación de responsables”.
Asimismo, admitió que los referentes no han sido individualizados hasta el momento porque “se negaron a identificarse”. Sin embargo, agregó que confían en que los registros fílmicos tomados por cámaras de seguridad permitirán determinar de quienes se trató. En tanto, el mencionado fiscal reconoció que “es materialmente imposible evitar un corte total”, dada la cantidad de manifestantes. “Cuando cerca de 10.000 personas se reúnen en un mismo lugar, es materialmente imposible mantener una media calzada abierta”, consideró.
Por su parte, la coordinadora provincial de Libres del Sur Territorial Córdoba, Marisa Cariddi, ratificó su rechazo a la “criminalización de la protesta” y cuestionó el operativo policial montado en esta capital. “Sería bueno ver ese despliegue de la Policía en nuestros barrios, cuidando a los ciudadanos que estamos a merced de la inseguridad y no en marchas pacíficas de familias que no tienen para comer por las malas políticas del gobierno”, expresó la dirigente al participar del reclamo.
En tal sentido, recordó que “en el marco del ajuste que profundiza el gobierno nacional por exigencia del FMI, y que golpea a la población más empobrecida, nos movilizamos exigiendo la regularización en la entrega de alimentos y herramientas para los espacios de trabajo”.
A su turno, Soledad Díaz García, del Polo Obrero de Córdoba, remarcó que “la Unidad Piquetera marchó contra el ajuste y la represión”. “Más de 97.000 bajas del Potenciar Trabajo y 18 millones de pobres en todo el país. Estamos ante una catástrofe social, y (el gobernador, Juan) Schiaretti quiere limitar el derecho a protesta y criminalizar a los que luchan”, objetó.