A casi 20 años del inicio del escándalo, el Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó ayer a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido (ex ministro de Planficación), José López (ex secretario de Obras Públicas) y Néstor Ulloa (e x gerente general de Nación Fideicomisos S.A.) a cinco años de prisión, además de inhabilitarlos de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos de parte de la constructora Skanska y administración fraudulenta contra el Estado. Además, el cuerpo dictó penas para ex directivos de la firma sueca y otros intermediarios, aunque de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciada en 2024, 17 de ellos resultaron absueltos. Todos los condenados deberán devolver más de 50.000.000 de pesos que se actualizarán si la condena queda firme.
Un caso emblemático
Se trata de un fallo emblemático porque fue el primer caso de corrupción del Gobierno kirchnerista, que se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica y una investigación periodística en 2007. Fue la primera marca de un estigma que terminaría impregnando la imagen pública de Cristina Fernández de Kirchner. Fue también un caso que reflejaría como ninguno los vínculos oscuros entre la justicia argentina, particularmente Comodoro Py -una verdadera cueva de la «casta»-, y el poder político de turno.
Las idas y vueltas judiciales terminaron ayer cuando el tribunal Oral Federal Nro. 4, por mayoría, entendió que De Vido, López y Ulloa cometieron los delitos de cohecho (coimas) y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por las irregularidades detectadas en el proceso de ampliación de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS). De Vido ya arrastra otras cuatro condenas, de las cuales solo una está firme, la de la tragedia de trenes de Once: por ese caso cumple prisión domiciliaria en un barrio cerrado de Zárate. Las otras condenas, apeladas, son por la importación de Gas Natural Licuado, por la compra de trenes que estaban en mal estado a España y Portugal y por el caso Odebrecht. Por su parte, López está condenado en la causa Vialidad junto a la ex presidenta Fernández de Kirchner y por los bolsos con los 9.000.000 de dólares que habría recibido en concepto de coimas. Por esa razón, López escuchó el veredicto desde la cárcel de Ezeiza, su lugar de detención.
La acusación del fiscal
Tal como había pedido el fiscal federal Abel Córdoba, el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez condenó a De Vido, López y Ulloa a cinco años de prisión y les aplicó la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo validó la acusación del fiscal Córdoba, que ubicó al ex ministro De Vido como la pieza central de una estructura de recaudación de fondos mediante los sobornos de Skanska: «No solo tenía jerarquía formal, sino que tenía una posición determinante coordinando el conjunto de los aportes por lo que sostenemos en todo momento tuvo el dominio final del plan de acción en su totalidad», argumentó el fiscal al describir su rol.
Respecto a los ex directivos de Skanska, recibieron penas de entre cuatro y tres años. Mario Piantoni, quien fuera el máximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, ex presidente de la firma en nuestro país; y Javier Azcárate, ex gerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los ex directivos – Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba- recibieron la pena de tres años en prisión condicional.
Además, el tribunal dispuso el decomiso del producto del delito: entre todos los condenados, si el fallo queda firme, deberán pagar 34.000.000 de pesos por la administración fraudulenta y 14.000.000 por las coimas, montos que parecen un mal chiste pero que deberán ser actualizados por la inflación oficial desde que se cometió el hecho -2004- a la actualidad. Según cálculos apresurados, la inflación de nuestro país en el período superaría el 1.000.000%: si fuera así, los condenados deberían devolver más de 48 billones de pesos. El tribunal dará a conocer el 22 de septiembre los fundamentos de su decisión y recién entonces las partes podrán apelarlo para que sea revisado.
Un esquema regional
El caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el mandato de Néstor Kichner, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca a los citados funcionarios, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de los gasoductos en 2004. La empresa está acusada de direccionar licitaciones, sobornar a los ex funcionarios y ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 firmas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.
Vale la pena recordar que el caso formó parte de un escándalo regional. Se diría que se trató de una metodología de negocios del gigante sueco de la construcción en nuestra región, ya que también estuvo involucrado en otros escándalos de corrupción similares. El más conocido fue la «Operación Lava Jato» en Brasil, que destapó tramas similares de sobornos con Skanska dentro de Petrobras, durante las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff,. En 2015 y 2016, la constructora tuvo que admitir que utilizó un sistema de facturas falsas para encubrir pagos ilegales a funcionarios brasileños para obtener contratos con la petrolera estatal. A causa de esta condena, fue excluida de todas las licitaciones públicas en el vecino país y finalmente decidió retirarse de la región.
El derrotero en Comodoro Py
La prueba fundamental que destapó la causa argentina que culminó ayer fue una grabación de la propia Skanska, donde un ejecutivo de la firma aseguraba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras. Es el citado Azcárate, entonces general comercial de Skanska y uno de los condenados, quien fue grabado por el síndico de la empresa, Claudio Corizzo, en una conversación donde reconoció que se habían pagado sobornos por las obras y que se usaron facturas falsas para justiciar esas erogaciones. «Somos prolijos y lo hacemos bien o no laburamos», afirmó Azcárate en la grabación, donde aseguró que “ya sabíamos de antes de hacer la propuesta que la íbamos a ganar y que son 100.000.000 de dólares”.
La conversación fue encontrada en una computadora de la empresa en un allanamiento. La causa comenzó en 2007, pero rápidamente entró en los laberintos de Comodoro Py, ese agujero negro del sistema judicial argentino donde los intereses políticos valen más que la propia ley. Fue declarada nula por la Cámara Federal en 2009, que sobreseyó y revocó los procesamientos de las personas investigadas hasta el momento -no incluían a López ni De Vido- al considerar como ilegal el audio porque se había hecho sin que Azcárate supiese que estaban siendo grabado. Pero en 2016, ya con Mauricio Macri en la Casa Rosada, la grabación fue validada por la Cámara Federal de Casación Penal tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que reactivó la causa. El juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar a los acusados y en 2019 fueron enviados a juicio oral, a pedido del fiscal Carlos Stornelli. En abril de 2024 comenzó el juicio oral contra 30 acusados, hasta que en septiembre del año pasado el fiscal pidió las condenas para 13 de ellos, uno de los cuáles falleció el mes pasado.