El presidente Javier Milei prorrogó la emergencia eléctrica de jurisdicción federal hasta el 31 de diciembre de 2027 a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 585/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida busca profundizar la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, reducir el gasto en subsidios y evitar el debate del esquema regulatorio en el Congreso de la Nación. Esta extensión equipara el marco legal del sector eléctrico con el régimen de transporte y distribución de gas natural que ya se encuentra vigente.
La normativa habilita al Poder Ejecutivo nacional a transferir los contratos de compra de energía y abastecimiento de combustible desde la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) hacia los actores privados del sector energético. Según los fundamentos oficiales de la norma, los avances estatales «requieren la continuidad de las políticas que se vienen instrumentando para evitar disrupciones regulatorias, operativas o financieras». Con esta extensión regulatoria, la gestión nacional busca promover una mayor competencia en el mercado de combustibles destinados a la generación eléctrica.
El diagnóstico del sistema técnico incluido en el decreto advierte que las variables críticas del sector todavía no están superadas. Las auditorías oficiales detallaron que el parque generador de energía en Argentina presenta un alto grado de envejecimiento y que las principales estaciones transformadoras operan con niveles de utilización superiores al 90%. Asimismo, el informe técnico remarcó que más del 60% de las fallas del servicio de distribución ocurren en alimentadores que superan los 25 años de antigüedad.
Infraestructura al límite y metas financieras
El documento administrativo rememoró que durante febrero de 2025 el sistema eléctrico argentino registró una demanda máxima de 30.257 megavatios. En esa oportunidad, el margen disponible de reserva técnica fue de apenas el 4,4%, una cifra que el Gobierno nacional consideró insuficiente para garantizar el servicio frente a contingencias climáticas o fallas del tendido.
Por otra parte, el texto oficial destacó un incremento en las tasas de cobrabilidad del mercado mayorista. El indicador pasó de un piso cercano al 48% en diciembre de 2023 a un nivel próximo al 97% en la actualidad. Sin embargo, las autoridades nacionales advirtieron que una reversión en la disciplina de pagos afectaría de forma directa el flujo de fondos administrado por Cammesa y podría resentir los desembolsos hacia las empresas generadoras y transportistas.
Brecha tarifaria y subsidios en alza
La prórroga del estado de emergencia se vincula además con el plan de reducción gradual de las partidas de subsidios estatales. Los registros del área energética indicaron que en mayo de 2026 el Precio Estacional aplicado a los usuarios residenciales subsidiados cubrió aproximadamente el 24% del costo real de la energía eléctrica. El Poder Ejecutivo nacional argumentó que persiste una brecha económica relevante que debe corregirse de forma focalizada a través de la transición hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
El cambio de esquema generó un impacto fiscal contrapuesto durante el primer tramo del año debido a los esquemas de asistencia remanentes. Durante los primeros cinco meses de 2026, los subsidios energéticos totales alcanzaron los 1.592 millones de dólares, lo que representó un incremento del 60% en comparación con el mismo período registrado en 2025. Los objetivos trazados por el Ministerio de Economía prevén que durante el segundo semestre de este año los montos transferidos se reacomoden para consolidar la tendencia a la baja del gasto público.
