Un grupo de más de mil académicos, científicos, investigadores y referentes del campo tecnológico de todo el país presentó una advertencia ante el Senado de la Nación respecto del proyecto denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias), que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Según el documento difundido por este colectivo, la iniciativa establecería un marco de inversiones con beneficios fiscales y protección jurídica excepcional para corporaciones internacionales, sin exigir como contraprestación la generación de empleo local o transferencia de tecnología.
Para la provincia de Córdoba, la preocupación adquiere una dimensión particular, ya que entre los firmantes se encuentran docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y el Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC-CONICET).
De acuerdo con los antecedentes presentados en la carta abierta, el Súper RIGI amplía las bases del régimen aprobado anteriormente en la Ley Bases y establece excepciones para proyectos de inversión de al menos 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos como megacentros de datos de inteligencia artificial, minería, biotecnología e infraestructura digital. Los firmantes sostienen que el proyecto no constituye una simple ley de promoción, sino una “renuncia al derecho de regular sectores clave durante una generación entera”.
En este escenario, la adhesión de Córdoba requeriría que la provincia se comprometa a no cobrar más del 0,50% de Ingresos Brutos a los proyectos incluidos y a resignar el cobro del Impuesto de Sellos por 30 años, algo que los autores del documento consideran una «pérdida de autonomía fiscal» y de «capacidad regulatoria» sobre el territorio.
Los cuestionamientos también alcanzan a las modificaciones incorporadas durante el tratamiento del proyecto en Diputados. Según advierten los firmantes, el texto sumó la exigencia de un informe técnico ambiental y social y un compromiso mínimo de compras a proveedores locales. Sin embargo, consideran que esas condiciones no alcanzan para garantizar un control efectivo sobre proyectos de la magnitud prevista.
“Estas exigencias no equivalen a una evaluación de impacto ambiental vinculante ni a mecanismos de control provincial: la autoridad de aplicación sigue siendo nacional, los estándares no están definidos con precisión, y las provincias continúan sin capacidad de exigir condiciones adicionales sin perder los beneficios del régimen”, señala el documento. Para los firmantes, la salvaguarda incorporada durante el debate legislativo resulta insuficiente frente a la escala de las inversiones que podrían quedar alcanzadas.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de Géneras, exsecretaria de Innovación Pública de Argentina y una de las firmantes de la carta, analizó las restricciones que este marco legal podría imponer sobre las jurisdicciones locales.
Sánchez Malcolm explicó que la aplicación del régimen en las provincias dependerá de que estas adhieran, pero advirtió que, una vez incorporadas, tendrán un margen de maniobra muy limitado para modificar las condiciones otorgadas a las empresas durante las tres décadas de vigencia. “El régimen no valida ni permite ninguna modificación ni proyección ni en términos de gravámenes, sellos, impuestos y reduce la tasa a cobrar de ingresos brutos por 30 años”, sostuvo.
Otro de los puntos señalados por Sánchez Malcolm es el margen de acción que tendrían la Provincia y los municipios frente a eventuales incumplimientos o situaciones de riesgo. La especialista sostuvo que, bajo el régimen, las autoridades locales no podrían intervenir de manera directa sobre un proyecto y deberían obtener previamente una resolución judicial. “Para cualquier medida que quiera tomar el municipio y/o la provincia (…) para poder interceder y ejercer algún tipo de decisión necesitan sentencia firme de la Justicia local”, afirmó.
A esto se suma, de acuerdo con su análisis, el régimen previsto para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), las estructuras jurídicas mediante las cuales se desarrollarían las inversiones. Sánchez Malcolm advirtió que estas empresas podrían recurrir a tribunales internacionales para resolver eventuales controversias. “Tienen la posibilidad de elegir la corte internacional en la cual se llevarán adelante los litigios en caso de existir estos, pudiendo elegir incluso países donde funcionen sus casas matrices”, afirmó. Para la especialista, esto podría restringir la capacidad de respuesta de las autoridades argentinas y provinciales frente a un eventual conflicto.
El impacto sobre el agua de Córdoba
Uno de los riesgos más concretos señalados para Córdoba se relaciona con la cuenca hídrica del Gran Córdoba y las Sierras Chicas, una de las principales fuentes de agua de la región. Los investigadores advierten que las infraestructuras de gran escala vinculadas con la inteligencia artificial requieren elevados niveles de consumo de energía eléctrica y agua para sus sistemas de refrigeración.
En ese sentido, la carta advierte que el Súper RIGI podría habilitar instalaciones en zonas de recarga de acuíferos cordobeses sin evaluaciones de impacto ambiental vinculantes ni controles provinciales, dado que, según la interpretación de los firmantes, los proyectos quedarían protegidos frente a nuevas regulaciones durante tres décadas.
A nivel productivo, los documentos también ponen la lupa sobre el ecosistema tecnológico cordobés, que cuenta con un consolidado sector de software y servicios tecnológicos. Los firmantes advierten que las empresas locales podrían quedar en desventaja frente a capitales transnacionales que no tendrían, según su interpretación del proyecto, obligaciones suficientes de articulación con pymes locales o transferencia de conocimiento.
El texto aprobado en Diputados incorporó, no obstante, un plan de desarrollo de proveedores locales que establece un compromiso de contratación equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores del proyecto, siempre que exista oferta local en condiciones de mercado. La carta considera que esta modificación no alcanza para garantizar una integración significativa de las grandes inversiones con el entramado productivo de las provincias.
El debate sobre ciencia y tecnología
Los firmantes también señalan una contradicción estratégica en el actual contexto del sistema científico argentino. Mientras se propone una alícuota de Ganancias reducida al 15% para grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras por 30 años, cuestionan el deterioro del financiamiento de instituciones como la UNC y el CONICET.
“Mientras se propone eximir durante décadas a grandes infraestructuras tecnológicas extranjeras, el Estado desfinancia al CONICET y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, desmantela todas las áreas del sistema científico, pone en crisis a las universidades y expulsa valioso capital humano formado durante décadas”, señalan los firmantes.
El documento también pone el foco en la dimensión jurídica del régimen y sus posibles consecuencias para la soberanía del Estado. “Mientras el mundo debate cómo regular a las grandes tecnológicas, Argentina no puede resignar su capacidad de hacerlo”, sostiene la carta, que toma el caso YPF como antecedente para cuestionar la posibilidad de someter eventuales controversias a mecanismos de arbitraje internacional.
En ese sentido, los autores consideran que ceder jurisdicción sobre sectores estratégicos podría generar costos elevados para el país y advierten que el Súper RIGI podría reproducir ese escenario “en una escala mayor”.
Finalmente, la carta advierte que el Súper RIGI no debería analizarse de manera aislada, sino en relación con otra discusión legislativa vinculada con la posibilidad de reconocer personalidad jurídica a sociedades operadas íntegramente mediante inteligencia artificial. Los especialistas denominan a esta combinación “Impunidad Artificial” y plantean que podría generar un esquema de privilegios empresariales y protección jurídica de largo plazo que, según su interpretación, dificultaría la imposición futura de nuevas condiciones de transparencia o responsabilidad.
El proyecto se encuentra ahora en el Senado de la Nación. La comunidad científica hizo llegar su advertencia a los representantes de Córdoba en la Cámara alta, María Alejandra Vigo, Carmen Álvarez Rivero y Luis Alfredo Juez, para poner en consideración los posibles efectos del régimen sobre la provincia, particularmente en materia de recursos naturales, desarrollo productivo, empleo y capacidad regulatoria.