La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Civil que había favorecido a la AFA y habilitaba su funcionamiento en la provincia de Buenos Aires.
El derrotero de la causa
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el fallo del 18 de junio pasado era arbitrario y que la Inspección General de Justicia (IGJ) mantiene sus facultades de fiscalización sobre la asociación.
El conflicto se originó en la asamblea del 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad modificar su estatuto para fijar su domicilio social en la provincia de Buenos Aires.
Esa decisión permitió iniciar el trámite para abandonar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y quedar bajo control del organismo provincial, pero la IGJ rechazó luego la inscripción del cambio de jurisdicción y la cancelación de la inscripción de la entidad.
La AFA cuestionó judicialmente las resoluciones de la IGJ y la Cámara Civil le dio la razón. Sin embargo, la IGJ apeló ante la Corte Suprema, que resolvió revocar el fallo cuestionado.
Para el máximo tribunal, la cancelación de la inscripción en la jurisdicción de origen es un requisito necesario para completar el cambio de domicilio. Mientras eso no ocurra, la entidad queda bajo fiscalización del organismo correspondiente a esa jurisdicción.
Duro revés para Tapia
Además, la Corte Suprema le propinó un duro revés a las pretensiones de la AFA y rechazó todas sus demandas en las causas en las que está involucrado por supuesto fraude y lavado de dinero.
Lo principal es que la Corte frenó la unificación de las causas contra los dirigentes de la AFA en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, como lo pidieron los acusados.
Con la firma de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar en el citado juzgado federal las denuncias por el irregular manejo de fondos en el exterior, tal como lo había sugerido en su dictamen el procurador general Eduardo Casal.
Ese expediente permanecerá en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi.
Se espera que la decisión reactive la investigación contra la AFA y el empresario Javier Faroni, que controla una empresa que cobraba los dividendos en el exterior de la organización que dirige Claudio “Chiqui” Tapia.