En medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026, los gobernadores provinciales elevaron una serie de reclamos al Poder Ejecutivo centrados en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el impuesto a los combustibles, la cobertura del déficit previsional y la necesidad de avales para endeudarse en obras públicas.
El Gobierno nacional, que pretende sancionar el proyecto antes de fin de año durante las sesiones extraordinarias que se desarrollarán entre el 10 y el 31 de diciembre, necesita el respaldo de los mandatarios dialoguistas para asegurar los votos en Diputados. La Libertad Avanza (LLA) cuenta con unos 90 legisladores y, junto a sus aliados más cercanos, podría alcanzar 115, aunque aún le faltarían alrededor de 15 votos para la aprobación final.
El ministro del Interior designado, Diego Santilli, viene encabezando una ronda de encuentros con jefes provinciales para acercar posiciones. En los últimos días se reunió con Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba), en un intento por sellar acuerdos que garanticen el tratamiento del Presupuesto.
Según el proyecto oficial, las provincias recibirán en 2026 unos 7,7 billones de pesos por coparticipación federal y programas conjuntos, de los cuales $73,9 billones corresponden a transferencias automáticas y $3,6 billones a transferencias no automáticas. Estas cifras representan un incremento del 31% respecto al año anterior, aunque los gobernadores reclaman que los fondos siguen siendo insuficientes.
Uno de los principales puntos de fricción es la distribución de los ATN, que tendrán una partida de alrededor de 500 mil millones de pesos, más del doble que en 2025. Sin embargo, los mandatarios exigen que se repartan de manera automática y diaria, conforme a la ley de coparticipación, algo que el Ejecutivo aún no está dispuesto a conceder debido al veto vigente sobre esa normativa.
Otro foco de tensión es el financiamiento del déficit de las cajas previsionales. El Presupuesto prevé una transferencia de 122.762 millones de pesos, la mitad de lo que las provincias aseguran necesitar para cumplir con la ley. Reclaman que el monto se acerque a los 900 mil millones y denuncian que las condiciones impuestas por la ANSES restringen el acceso a esos fondos.
Además, las provincias buscan una participación mayor en el impuesto a los combustibles, cuya recaudación se estima en 7,6 billones de pesos. Los mandatarios habían impulsado una ley para recibir el 52% de esos recursos, pero la iniciativa fue rechazada en Diputados. Actualmente, el 28,6% va a la ANSES, el 10% a las provincias, el 24,29% al Tesoro Nacional y el resto a fideicomisos, aunque con la eliminación de estos últimos los fondos quedan bajo control del Tesoro.
A esto se suma la demanda de incluir proyectos de infraestructura específicos en el presupuesto y la solicitud de avales para que las provincias puedan endeudarse y concretar sus propias obras.
Mientras tanto, en el Congreso y en la Casa Rosada se acelera la negociación política: el Gobierno busca mostrar orden fiscal, pero los gobernadores advierten que sin una mayor participación en los recursos, el apoyo legislativo será difícil de garantizar.
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