Un grupo de diputados nacionales que integró la Comisión Investigadora $LIBRA presentó este martes 2 de junio un requerimiento urgente ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para exigir partidas presupuestarias destinadas a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
La presentación judicial ocurrió en Buenos Aires luego de que el organismo especializado advirtiera que carece de las licencias de software necesarias para rastrear transferencias de criptoactivos por un monto de 4,7 millones de dólares. La oposición denunció que la paralización de estas pericias clave derivará en la impunidad de los sospechosos, entre quienes se encuentra el presidente de la Nación, Javier Milei.
Reclamo parlamentario ante la Procuración
Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino firmaron la declaración remitida a Casal. Los legisladores sostuvieron que la escasez de medios tecnológicos equivale a una efectiva denegación de justicia en una causa de trascendencia institucional.
La presentación insta al Ministerio Público Fiscal a proveer las herramientas informáticas especializadas. El documento subraya que las limitaciones administrativas no deben impedir el desarrollo de las medidas probatorias necesarias para esclarecer el caso.
El diputado Ferraro ratificó esta postura de manera pública y calificó como inadmisible que las unidades judiciales especializadas no cuenten con los recursos mínimos para analizar las billeteras virtuales e identificar el destino del dinero digital.
Dificultades presupuestarias y desvíos de la investigación
La UFECI, bajo la conducción del fiscal Horacio Azzolin, detalló formalmente en el expediente la imposibilidad material de analizar las denominadas Team Libra Wallets. Este conjunto de billeteras virtuales pertenece al entorno de Hayden Davis, uno de los impulsores del token digital.
Ante el bloqueo presupuestario, el fiscal federal Eduardo Taiano resolvió derivar las tareas de análisis técnico al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina con el propósito de evitar la parálisis definitiva del expediente judicial.
El objetivo central de los investigadores consiste en identificar a las personas que compraron y vendieron el activo digital en los momentos previos y posteriores a la publicación en redes sociales efectuada por el presidente Milei, acción que impulsó de forma directa la cotización del token.
El desafío técnico del rastreo de criptoactivos
El informe judicial incorporado a la causa detalla que el rastreo en la cadena de bloques (blockchain) enfrenta complejidades operativas específicas que demandan software avanzado:
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Fragmentación de flujos: El volumen de transacciones por segundo facilita la división de los fondos sospechosos en montos mínimos para ocultar el origen de los activos.
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Anonimato de las cuentas: Los movimientos se registran mediante códigos alfanuméricos. Su vinculación con identidades reales requiere localizar un nodo que opere a través de una casa de cambio virtual (exchange) regulada que responda a órdenes judiciales de desanonimización.