El Senado debate desde las 11 los proyectos de reforma laboral y Ley Penal Juvenil. El oficialismo buscará así obtener su última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso que el presidente Javier Milei brindará el domingo ante la Asamblea Legislativa.
Según el orden de labor parlamentaria, primero se tratará la reforma laboral y luego la modificación de la Ley Penal Juvenil.
Ley Penal Juvenil
La reforma del régimen Penal Juvenil, aprobada el jueves pasado por la Cámara de Diputados, reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. Para los menores contempla un esquema que va desde sanciones breves hasta penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves.
El nuevo régimen especial de minoridad propone un abanico de sanciones alternativas a la privación de la libertad. Establece que los menores no deberán compartir lugares de reclusión con adultos e incorpora medidas complementarias de resocialización.
Para delitos con penas menores a tres años se descarta la prisión. En los casos con penas de entre tres y diez años, siempre que no hayan provocado la muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones con enfoque social y educativo.
Reforma laboral
La reforma laboral, en tanto, tendrá un fuerte impacto en las relaciones de trabajo. Introduce cambios en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y en el derecho de huelga en servicios esenciales.
El Senado fue convocado para aprobar el único cambio introducido por Diputados: la eliminación del polémico artículo 44, que reducía los salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales.
El bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, llegará a la sesión tras una semana intensa, en la que también se trataron los proyectos de Régimen Penal Juvenil y la reforma de la ley de Glaciares, además de las leyes de Presupuesto e Inocencia Fiscal sancionadas en diciembre.
El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la aprobación en Diputados, el viernes pasado, y la emisión del dictamen en el Senado ese mismo mediodía. La celeridad del proceso generó fuertes críticas de la oposición.
Como ocurrió en la votación del 11 de febrero, el Gobierno cuenta con el respaldo de gobernadores aliados como Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y de los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).
La sanción de la ley, sin embargo, no fue sencilla. La Mesa Política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo negociaciones durante casi dos meses con mandatarios provinciales y legisladores de bloques dialoguistas.
Con esos acuerdos, el oficialismo logró la media sanción en el Senado el 11 de febrero y la aprobación en Diputados el jueves 19, aunque con la modificación del artículo 44.
Entre los principales cambios laborales, el proyecto establece que las vacaciones no deberán otorgarse necesariamente en verano: solo una vez cada tres años el trabajador tendrá garantizada la temporada estival. Además, podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días.
También se introduce un sistema de compensación de horas extras. Si un empleado trabaja 12 horas en lugar de ocho, podrá compensar las cuatro horas adicionales con tiempo libre en otra fecha. La jornada máxima será de 12 horas, con un descanso obligatorio de otras 12, y esa extensión deberá compensarse con reducción de jornada en otro momento del calendario.
En materia de despidos, las indemnizaciones serán más bajas, ya que no se computarán aguinaldo, vacaciones ni premios, sino únicamente el salario básico o el promedio de la actividad. Además, podrán abonarse en hasta 12 cuotas en empresas grandes y en 18 en pymes, al igual que las sentencias judiciales.
En relación con los gremios, se mantendrá el aporte sindical con un tope del 2%, y el empleador seguirá actuando como agente de retención, tal como exigía la CGT.
Los convenios colectivos vencidos dejarán de tener efecto hasta la firma de un nuevo acuerdo. Asimismo, se permitirá incorporar componentes salariales adicionales —dinámicos, transitorios, fijos o variables— en negociaciones por actividad, rama, región, empresa, mediante acuerdos individuales o incluso por decisión unilateral del empleador.
Por último, se restringe el derecho de huelga al declarar determinadas actividades como “servicios esenciales”, que deberán garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con una cobertura mínima del 50%.
Se considerarán “infracciones muy graves”, con prohibición de realizar bloqueos, aquellas acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos, intimidaciones o amenazas.