En medio del recrudecido conflicto por la Ley de Emergencia de la Discapacidad (27.793) y los recortes proyectados en el Presupuesto 2027, la Justicia Federal de Córdoba ordenó este martes investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del Pami, Esteban Leguizamo, por incumplir la orden de regularizar los pagos a los prestadores de servicios del sector.
La causa original
El fallo tuvo lugar en un expediente tramitado por el federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien en mayo pasado dictó varias resoluciones en las que insistió sobre la obligación del Estado de cancelar las deudas con los prestadores de servicios de Discapacidad.
El conflicto se originó en un amparo colectivo promovido por personas con discapacidad, familiares e instituciones que denunciaron graves demoras en los pagos de prestaciones financiadas por el Pami y por el programa Incluir Salud.
Ahora, luego de meses en que el Gobierno nacional desoyó las resoluciones, el juez federal remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que determine si la conducta de los funcionarios puede constituir un delito. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Carlos Casas Nóblega, que deberá analizar si existió desobediencia a una orden judicial y, eventualmente, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La medida cautelar
En mayo pasado, el juez Vaca Narvaja dictó una medida cautelar en respuesta a la acción de amparo donde ordenó al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al Pami que normalicen los pagos adeudados a los prestadores de salud en un plazo de 72 horas.
El juez consideró entonces que las demoras podían comprometer la continuidad de tratamientos y prestaciones esenciales y advirtió sobre la situación particularmente vulnerable del colectivo alcanzado por el amparo, las personas con discapacidad.
El detalle que la orden judicial no se limitaba a resolver el reclamo de un prestador individual: tenía un alcance colectivo que abarcaba al conjunto de personas comprendidas en la acción colectiva.
El Gobierno nacional apeló aquella resolución, pero el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Esto significa que la apelación no suspendía la obligación de cumplir con la cautelar mientras la Cámara Federal analizaba el planteo.
Por ello, en ese momento, Vaca Narvaja sostuvo que la administración nacional debía acatar la medida y que la discusión sobre la apelación no modificaba esa obligación. El gobierno nacional entendió lo contrario.
El avance de la causa
Por esa razón, ante el reiterado incumplimiento del fallo, el juez volvió a ordenar en junio que el Estado regularice los pagos de las prestaciones previstas por la ley 24.901. Uno de los elementos que tuvo en cuenta para dictar el nuevo fallo fue que el Estado había acreditado pagos correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado que hubiera normalizado la situación para todo el universo alcanzado por el amparo, algo que por supuesto no sucedió.
En su resolución, Vaca Narvaja también incorporó la situación informada por distintas instituciones de Córdoba: prestadores como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría habían denunciado atrasos acumulados durante varios meses. Las entidades plantearon que las demoras estatales les generaban problemas para afrontar salarios, aportes, proveedores y otros costos indispensables para sostener las prestaciones.
El caso del Cottolengo
El caso del Cottolengo fue uno de los ejemplos utilizados en el expediente. La institución informó que había tenido que afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no había podido cancelar a tiempo debido a los atrasos en los pagos.
El juez utilizó el caso para demostrar que los problemas originados por la decisión del Ejecutivo Nacional de desconocer los pagos no son solamente administrativos o contables, sino que tienen graves consecuencias en el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad.
La posición del Ministerio de Salud
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud insistieron en que “no existe incumplimiento del fallo” y argumentaron que el planteo fue realizado por el mismo juez que ahora rechazó la apelación presentada. Adelantaron que el Estado presentará un recurso de queja ante la Cámara Federal, por entender que corresponde que esta instancia revise la cuestión.
“Comprendemos que no existe incumplimiento del fallo y que tampoco se han presentado elementos concretos que acrediten que el Ministerio haya incumplido una obligación”, añadieron los voceros de Salud en la prensa porteña.
La renuncia del secretario de Discapacidad
Sin embargo, en este contexto, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, renunció a su cargo en la cartera de salud, mediante una carta en la que no explicó las razones de su decisión.
“Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, escribió Vilches en una carta que dirigió al ministro de Salud, Mario Lugones, donde también le agradeció al ministro por haber confiado en él para ese puesto.
Aunque desde el Gobierno insistieron con que la renuncia de Vilches está motivada únicamente por motivos personales, la salida del funcionario se da en medio de la fuerte tensión desatada hacia el interior del Gobierno por la derogación de artículos vinculados al financiamiento en el área de Discapacidad que ya habían negociado con la oposición aliada en el Presupuesto 2027, además de la causa promovida por Vaca Narvaja.
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