Las críticas explícitas de la líder de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, a los modos de acción inconsultos del ministro de Economía, Luis Caputo, terminó de coronar una semana de desencuentros para el gobierno nacional, que nuevamente se chocó con el impacto que sus medidas tienen en el mundo real y decidió recalibrar sus cálculos rumbo al año electoral que ya parece estar en pleno desarrollo.
Los gestos de Bullrich
Los gestos de independencia de Bullrich, que el fin de semana sumó un video con la canción “No me importa” de Lali Espósito incluida, hicieron recalcular al presidente Javier Milei y su círculo íntimo, que abrió la puerta a revisar las partidas destinadas a Discapacidad y universidades públicas en el proyecto del Presupuesto 2027, con el objetivo de reencauzar las conversaciones con sus bloques aliados (PRO y UCR) y los sectores involucrados.
“La bomba atómica” (Bullrich dixit) que detonó los puentes tendidos con legisladores aliados, de la oposición e incluso de la propia tropa fue el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto 2027, que el Ejecutivo envió la semana pasada al Congreso sin consultar a nadie pese a que introduce modificaciones decisivas al sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
La chicana de Bullrich con una canción de Lali y la respuesta de Milei
Entre otros puntos, deroga parcialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), modifica la ley 24.901 que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral y elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que obligaría a las familias a negociar individualmente con obras sociales y prepagas el valor de cada terapia o tratamiento. Otro cambio grave es que elimina la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de inflación oficial del IPC.
“Se incendió todo”, reconocieron las fuentes libertarias el miércoles negro en que se desató la tormenta interna, mientras los gobernadores también hacían llegar su fastidio a la Casa Rosada. “No se te puede pasar una cosa así, son unos improvisados”, se quejó explícitamente un mandatario aliado en Infobae. Pero el gesto de mayor preocupación fueron las palabras de Bullrich, que además de criticar a Caputo y por extensión al propio Milei pareció jugar con la posibilidad de una candidatura propia en 2027: “Se que todos los peros tienen un por qué” escribió en el tweet de la red social X donde compartió el video con la canción de Lali Espósito, donde la letra además reza “nunca fui lo que querían de mí y no me importa (…) Ey, oh, acelero y voy, cuando quieran, saben dónde estoy”.
Cambio de postura
Después de semejante cortocircuito, que fue sistemáticamente negado por los voceros oficiales, el Ejecutivo avisó que ya elabora un nuevo proyecto de ley para Discapacidad que presentará el próximo miércoles en el plenario de Diputados, donde las comisiones de Discapacidad y Presupuesto están obligadas a cerrar un dictamen. La oposición busca extender la Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) actualmente vigente por un año más. Pero el Gobierno pretende clausurar esa posibilidad con la propuesta de renunciar a los recortes propuestos en el Presupuesto 2027 y acordar una nueva norma que incluya un refuerzo de fondos, mantener las compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024, y que fije un nuevo esquema de otorgamientos de los subsidios que se respete en la “ley de leyes”.
Si bien no se conocen más detalles, algunos medios anticipan que el proyecto oficial garantizaría la continuidad de la actualización automática de las prestaciones por IPC, pero pasarían a ser de forma bimestral y no mensual como hasta ahora.
Además, si bien renunciaría a los cambios propuestos en el Presupuesto 2027, el Gobierno pondría nuevos filtros al acceso a las pensiones, con el objetivo de que “la cobre el que realmente la necesita», según aseguró una fuente oficial en el diario Clarín. Lo único que se sabe es al respecto es que buscarán hacer hincapié en la gravedad y nivel de inhabilitación de una discapacidad para el otorgamiento de las pensiones.
Otras versiones anticipan que la controversia seguirá instalada en la eliminación del Nomenclador Universal Único, ya que el Gobierno estaría decidido a permitir que cada prestador determine sus propios valores de las terapias sobre la base de un piso común.
Ampliación de fondos para universidades
El otro frente renacido la semana pasada es el conflicto con las universidades públicas, luego de que el Ministerio de Capital Humano asistiera a otra reunión paritaria con los gremios del sector sin ninguna propuesta nueva frente al reclamo de más de 30% de atraso en los salarios docentes y no-docentes y el fuerte ajuste de los fondos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el Presupuesto 2027.
El desencuentro entre el Ejecutivo y los representantes de las casas de estudio, que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) que el Gobierno insiste en desconocer, disparó un nuevo plan de lucha que esta semana incluirá un paro nacional para el martes 22 de septiembre y la organización de la quinta marcha federal por la educación pública para el 15 de octubre.
A estas alturas, el Ejecutivo entendió ya que la lucha universitaria supo irradiar hacia todos los sectores sociales, atravesando incluso a sus propios votantes, a la vez que logró coagular reivindicaciones y malestares de múltiples sectores sociales y productivos: no parece buen negocio tener a las universidades paradas en el antepenúltimo mes del año y a millones de personas en las calles del país reclamando por la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y respaldada por todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, según publicó ayer el portal Noticias Argentinas, el Gobierno pretende desactivar el conflicto universitario con un incremento de los fondos ofrecidos en el Presupuesto 2027 enviado al Congreso, sin aceptar de manera automática las pretensiones de los rectores. Vale recordar que el proyecto oficial asigna $7,349 billones para el funcionamiento e inversión de las universidades públicas en todo 2027, mientras que el CIN reclama $11 billones, una diferencia de $3,65 billones que el Ejecutivo estaría dispuesto a achicar, según los trascendidos.
“En la Casa Rosada confían en que acordar una asignación presupuestaria superior permita reconfigurar el escenario judicial que dio origen a las cautelares y demandas por la recomposición salarial previstas en la Ley 27.795”, aseguró la agencia de noticias.
Todo está aún por verse, mientras los tiempos se acortan en forma dramática en un año donde cada detalle parece ser definitivo pese a que falta más de 440 días para las elecciones presidenciales.
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