Nicaragua da comienzo este domingo a unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos o exiliados, se postula para confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder, corriendo el riesgo de que parte de la comunidad internacional no lo reconozca.
Tres años y medio después de las protestas que exigían su renuncia y cuya represión dejó más de 300 muertos, Ortega, que cumple 76 años en una semana, tiene seguro otro gobierno de cinco años con su esposa Rosario Murillo (70), a quien llama “copresidenta”, a la cabeza del ex guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
Ortega en este contexto se enfrenta a cinco candidatos desconocidos y señalados de colaborar con el gobierno, tras el arresto de siete aspirantes presidenciales y la anulación de tres partidos opositores, en una ofensiva que desde junio encarceló a 39 políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y periodistas.
La arremetida desató el temor en el empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes. “No hay por quién votar. Daniel tiene esto en la bolsa”, dice una mujer de 46 años en su casa en Masaya, en el sur del país. “No se puede hablar, vas preso”, agrega.
Pesimismo de los civiles ante las elecciones del domingo en Nicaragua
Unos 4,3 millones de nicaragüenses están llamados a votar -también elegirán 90 diputados-, y según un sondeo de Cid-Gallup el 65% habría votado por un opositor y 19% por Ortega, aunque la encuestadora progobierno M&R afirma que un 70,7% votará por el FSLN.
De los aspirantes de la oposición, la favorita era Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta Violeta Barrios (1990-1997) y bajo arresto domiciliario.
En este sentido los detenidos están acusados de atentar contra la soberanía, promover sanciones contra Nicaragua, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, conforme a leyes aprobadas en 2020 por el Congreso, bajo control oficialista, al igual que el poder judicial y electoral.
Cabe recordar que más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, en medio de la crisis política. Para Ortega, los más de 150 opositores detenidos desde 2018 no son presos políticos, sino “golpistas” patrocinados por Washington.
El Congreso estadounidense aprobó el miércoles la ley “Renacer”, un arsenal de medidas para aumentar la presión contra Ortega y Murillo, acusándolos de corrupción, violar derechos humanos y no permitir elecciones “libres”.
Ortega, apoyado por Venezuela, Cuba y Rusia, acusa a Washington y a la UE de “injerencia”: “Están acostumbrados a no respetar las soberanías de los pueblos, pero tendrán que aprender”, afirma y asegura que con “paz” llegará la prosperidad, augura un crecimiento económico del 6% este año y pretende convocar a un diálogo tras los comicios.
En este marco, decenas de periodistas nicaragüenses trabajan desde Costa Rica y varios medios internacionales denunciaron que les negaron ingresar al país.
Por otro lado, más de 30.000 policías y militares resguardarán 13.459 mesas electorales que abrirán a las siete de la mañana y cerrarán 11 horas después. El gobierno no aceptó observación internacional, solo “acompañantes invitados”. El resultado se sabrá la misma noche.
Según ONU, en el país hay “falta de garantías, derechos y libertades”
Las elecciones presidenciales convocadas este domingo 7 de noviembre en las que el presidente, Daniel Ortega, prevé renovar su mandato, se celebran con “falta de garantías y libertades”, afirmó la ONU, que pidió al Ejecutivo que se “restablezca el Estado de Derecho y se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central subrayaron que “vienen observando” un incremento de la represión y de las “afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”.
En línea con esto, ambas agencias instaron reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, a la vez que señalaron que “resulta imperioso” restablecer los derechos y libertades.
En referencia al marco electoral en el que tendrán lugar los comicios, destacaron la eliminación del pluralismo tras la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos, junto con la detención arbitraria de siete precandidatos, más de 30 líderes sociales y políticos e incluso la descalificación de una candidata a vicepresidenta.