El sacudón político que generó el cierre definitivo del bar «Wachitas» de Nueva Córdoba y las denuncias por supuesta explotación sexual infantil, se trasladó del seno municipal a la Unicameral provincial. Con la hipótesis inicial de que las herramientas actuales «quedaron obsoletas» frente al modus operandi de las redes de trata, los legisladores de la UCR Dante Rossi y Sebastián Peralta presentaron un proyecto de ley para crear un nuevo «brazo operativo» exclusivo, que controle de manera estricta la noche y el esparcimiento en toda la provincia.
La iniciativa, que contó con el asesoramiento técnico de la ex jueza de Familia Silvia Morcillo, propone la creación de la Secretaría de Fiscalización y Prevención de la Explotación Sexual Infantil (SFPESI). Se trata de un organismo que, si bien orbitará bajo el ministerio de Seguridad, tendrá autarquía y autonomía financiera controlada por el Tribunal de Cuentas para garantizar su agilidad en el terreno.
Inspecciones sorpresivas y sin orden judicial
El corazón del proyecto apunta directo a la dinámica de los boliches, discotecas, bares, pubs, y también al sector hotelero (incluyendo hoteles por hora) y de alojamientos temporarios (tipo AirBnb). De aprobarse, los inspectores de esta nueva secretaría tendrán la facultad de ingresar de manera permanente y sorpresiva a cualquier dependencia de los locales comerciales durante sus horas de funcionamiento, sin necesidad de una orden judicial previa, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública en el acto.
Dante Rossi, uno de los autores de la propuesta, aclaró que este esquema «no busca competir con las habilitaciones municipales de rutina —como los ruidos molestos, la capacidad de aforo o las salidas de emergencia—, sino intervenir con una competencia especialísima en seguridad pública y derechos humanos». Del mismo modo, se diferenciará de la Senaf, cuya función es asistencial y posterior, actuando en este caso como un filtro de prevención policial-administrativa inmediata, sobre el territorio.
Tolerancia cero: Clausuras de 90 días y multas millonarias
El texto legislativo endurece severamente el régimen de sanciones para los comercios infractores, estableciendo cuatro niveles de castigo inmediato:
Sanciones económicas: Multas severas que pueden escalar hasta los 500 salarios mínimos.
Clausuras preventivas: Cierre inmediato del local por hasta 90 días mientras avance la investigación administrativa.
Clausura definitiva: Caducidad de la habilitación comercial si se comprueba complicidad o facilitación del delito.
Inhabilitación comercial: Bloqueo absoluto por 10 años para que los dueños o gerentes puedan ejercer el comercio.
Además, el proyecto introduce una figura clave: la responsabilidad solidaria de los propietarios de los inmuebles. Si el dueño del local es notificado de irregularidades vinculadas a la explotación sexual infantil en su propiedad y no rescinde el contrato de alquiler de forma inmediata, será considerado responsable a la par del comerciante.
Capacitación obligatoria para «patovicas» y personal de barra
Consultado por Hoy Día Córdoba, el legislador Dante Rossi explicó que otra de las medidas de fuerte impacto es la obligatoriedad de que todo el ecosistema de la noche se involucre en la prevención:
«Tanto los propietarios como los empleados de barra, mozos y el personal de seguridad privada, los llamados ‘patovicas’, deberán realizar de manera obligatoria una capacitación anual dictada por la nueva Secretaría», explicó y agregó: «Quien no cumpla con este requisito, no podrá renovar su habilitación para trabajar, y el local se arriesgará a perder su habilitación comercial».
Asimismo, los establecimientos estarán obligados a exhibir cartelería visible con líneas de denuncia rápida y a aplicar de manera interna un «Protocolo de Alerta» ante cualquier sospecha de vulneración de derechos de menores.
En ese marco, Rossi explicó que la iniciativa «busca resguardar la transparencia del organismo estipulando que su presidente y los dos vocales -designados por el Ejecutivo por tres años- no podrá estar integrado por personas que tengan intereses particulares en comercios de esparcimiento, ni por personal en actividad de las fuerzas de seguridad o policiales«.
