La Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), junto a familias y profesionales del sector, realizarán este miércoles 24 de junio una movilización a las 12:30 en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en el marco del «Banderazo Federal» por la emergencia en discapacidad.
Además, se replicarán marchas en distintos puntos del país como el Congreso de la Nación (CABA), La Plata y Río Cuarto, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y revertir el colapso del sistema de prestaciones básicas, la quita de pasajes gratuitos en transporte y el corte en las cadenas de pagos estatales.
El reclamo en Córdoba
La urgencia de los reclamos tiene que ver con que la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad expira a finales de este año. Patricia Giussani, miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), en comunicación con Hoy Día Córdoba explica: «A casi un año de la sanción de la Ley, nos encontramos con su incumplimiento justo pronto a vencer su vigencia este fin de año». «La situación de las personas con discapacidad a la familia y los prestadores se sigue agravando», denuncia.
Además de esta situación, se suma que la cadena de pagos de los programas Incluir Salud y PAMI se encuentra rota, con deudas que se remontan a octubre del año pasado. Los desembolsos impiden cubrir los costos operativos básicos de los centros de día y precarizan el empleo de los profesionales especializados.
Al respecto, Patricia advierte que hay instituciones que prácticamente no han cobrado nada. Esto está provocando que «la vida de las personas con discapacidad y sus familias está siendo peor que nunca en la historia y tenemos remar infinitamente en el dulce de leche», lamenta la vocera de Ati.
Ante esto, la concentración local busca visibilizar la pérdida de derechos fundamentales del colectivo ante las decisiones administrativas tomadas a nivel nacional. El despliegue también contará con una campaña digital con el hashtag #PoneteLaCamisetaDisca, intervenciones de micrófono abierto para los damnificados y la lectura de un documento consensuado.
El conflicto por el transporte
Otro de los ejes centrales del conflicto es la quita de la gratuidad en el transporte de corta y larga distancia, luego de la quita de subsidios y la falta de controles de la CNRT. El colectivo acusa a las empresas de transporte nucleadas en FETAP de utilizar a los beneficiarios como elemento de negociación frente al Estado. «Estamos en ese sentido también en una incertidumbre donde hay muchas empresas que han retirado su oferta de boletos de larga distancia», detalló Giussani.
A esta situación se suman las fallas críticas detectadas en la transición del Certificado Único de Discapacidad (CUD) al sistema SUBE. «Eso no está funcionando porque además ha sido improvisado y no han tenido en cuenta una cantidad de cosas», sentenció Giussani en relación a la implementación de la tarjeta.
Las organizaciones reportaron la negación del servicio en los subtes de Buenos Aires, la invisibilidad de la figura del acompañante rotativo en la tarjeta y la falta de infraestructura de este sistema en gran parte del territorio nacional.
Acciones judiciales y pedido de juicio político
Ante la falta de respuestas del Poder Ejecutivo, a nivel nacional las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad están exigiendo el juicio político. El mismo es presentado por los diputados Juan Marino y Pablo Todero contra el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones.
«Seguimos apoyando el tema del juicio político porque institucionalmente es la única alternativa que nos queda en este momento«, declara Patricia. Asimismo, se impulsan denuncias penales específicas contra el ministro Mario Lugones, el funcionario Alejandro Vilches y el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona y abuso de poder.
La planificación de la jornada nacional incluye una marcha a las 13:00 horas hacia los tribunales de Comodoro Py para entregar un petitorio firmado y exigir celeridad en la tramitación de las denuncias por las consecuencias directas del corte de servicios médicos, la desarticulación del plan REMEDIAR y la amenaza sobre las pensiones no contributivas.