Hay quienes transforman su dolor en resiliencia y buscan ayudar a que otras personas no sufran algo similar. Y es que cuando alguien atraviesa un duelo tan fuerte, que vea en él una posibilidad de ayuda a los demás es realmente admirable. La historia de Laura es una de ellas: después de la muerte de su hija Ema, convirtió el dolor en un compromiso de lucha que hoy busca expandir por el país con una ley que lleva su nombre.
Ema tenía 15 años cuando una situación de violencia digital la atormentó y cambió para siempre la vida de su familia. En agosto de 2024, un video íntimo suyo fue difundido sin su consentimiento entre estudiantes de su escuela. La exposición y el daño provocado por la circulación del contenido hicieron que Ema decida terminar con su vida.
A partir de entonces, su mamá, Laura Sánchez, decidió transformar el dolor en una lucha para que otras chicas y chicos no tuvieran que atravesar una situación similar sin saber cómo pedir ayuda o cómo actuar. Ese camino llegó ahora a una instancia fundamental con la aprobación de la denominada Ley Ema en Santa Fe, la primera norma provincial del país específicamente destinada a prevenir y abordar la violencia digital en el ámbito educativo.
La Cámara de Senadores santafesina aprobó por unanimidad la iniciativa que crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo y busca brindar herramientas a las instituciones para prevenir, detectar y acompañar situaciones como el acoso virtual, el hostigamiento en redes sociales, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la suplantación de identidad y la extorsión digital.
En diálogo con Hoy Día Córdoba, la mamá contó el camino para lograr su aprobación y el avance que significa en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, en la antesala del Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, que se desarrollará en nuestra provincia del 10 al 12 de septiembre y del cual será parte.
“Que su nombre hoy sea Ley de alguna manera ratifica esto que yo suelo decir, que su partida no haya sido en vano. Ema es la adolescente que nos puso de cara a la violencia digital, hoy con su nombre podemos nombrar la violencia digital de género y empezar a prevenirla, entonces su historia se transforma en cuidado para otras adolescencias y niñeces”, comenzó remarcando Laura.
La sanción fue el resultado de un proceso que comenzó después de la muerte de Ema y que involucró a su familia y a distintos actores políticos. Sobre eso, destaca especialmente el trabajo realizado junto a la diputada Celia Arena y luego con el senador Ciro Seisas para llevar la iniciativa hasta el Senado. “Fue un camino en donde los acuerdos fueron fluyendo de manera muy natural, porque todos y todas teníamos el mismo objetivo: que la prevención llegara a las escuelas, a las familias, a las adolescencias mismas”, explica.
Para la mamá de Ema, allí reside el principal valor de la norma: haber logrado que una experiencia personal y dolorosa se convierta en una política pública. “La clave de esta Ley es haber transformado una vivencia sumamente dolorosa en acción, en derecho: esto es violencia de género, necesitamos del Estado para abordar esta problemática urgente, necesitamos políticas públicas que nos protejan, necesitamos herramientas que nos provean conocimientos y esto se previene con educación”, afirma.
Laura también advierte que la violencia digital no es un fenómeno limitado a determinados sectores sociales ni a un territorio específico. “La expectativa es enorme porque la violencia digital no tiene código postal, es transversal, no distingue religión, color político o nivel social. Lo que le pasó a Ema en Buenos Aires le puede pasar a una piba en Jujuy o en Tierra del Fuego”, plantea.
Por eso, el objetivo de la familia no termina con la sanción de la ley santafesina. La expectativa es que el modelo pueda replicarse en todo el país. “Abrazamos tanto la Ley Olimpia y por eso militamos la Ley Ema para que sea federal”, señala.
La sanción de una ley representa un primer paso, pero para que sus objetivos se conviertan en respuestas específicas se necesitan recursos y formación. Sobre eso, Laura advierte: “Sancionar la ley es solo una parte. Para que sea efectiva necesitamos presupuesto. Sin capacitación docente, sin gabinetes, sin línea de ayuda, la ley queda en el papel”.
En ese sentido, uno de los cambios culturales que busca impulsar es dejar de considerar que lo que sucede en Internet pertenece a un mundo separado de la escuela. Las relaciones entre estudiantes continúan en las redes sociales una vez terminada la jornada escolar y, en muchos casos, los conflictos que surgen allí repercuten directamente en las aulas. “Hoy la comunidad escolar no puede estar separada de la comunidad digital”, plantea.
“Necesitamos ciudadanía digital para construir sujetos de derecho, pero para ejercer estos derechos también deben de saber sus responsabilidades, crear pensamiento crítico es indispensable”, explica la mamá.
La capacitación docente aparece como uno de los pilares más fundamentales. Laura aclara que no se trata de sumar tareas a quienes ya enfrentan múltiples desafíos, sino de proporcionarles herramientas para poder intervenir. “Apostamos a la capacitación docente, no para llevarles más trabajo, todo lo contrario, sabemos el desafío diario que transitan las y los docentes, por eso queremos brindarles herramientas, protocolos claros y acciones concretas”, afirma.
También propone abordar el consentimiento en Internet desde la Educación Sexual Integral y la ciudadanía digital. “El objetivo es que una piba que recibe una imagen falsa con IA sepa que tiene derecho a pedir ayuda y que no la van a culpar. Y que un pibe que difunde entienda que eso es violencia y que tiene consecuencias, pero también que puede reparar”, sostiene con seguridad.
La mirada sobre las víctimas es otro de los puntos que Laura considera necesario modificar. Para ella, todavía existe una tendencia a preguntar a las chicas por qué enviaron una foto o por qué confiaron en alguien, en lugar de poner el foco en quien vulneró esa confianza. “Tenemos que hablar de consentimiento digital. Tenemos que dejar de culpar a la víctima, la pregunta no tiene que ser para qué te sacaste la foto o mandaste el video”, remarca.
La mirada especialista sobre el desafío digital
Rosana Barroso, licenciada y especialista en Educación, con trayectoria en políticas públicas y ciudadanía digital y presidenta de la fundación LEA que se encuentra organizando el Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, también habló con este medio sobre la Ley Ema. Para ella, constituye un avance porque permite que las instituciones educativas tengan un marco de actuación frente a situaciones que hasta ahora podían generar dudas o respuestas dispares.
“Es muy importante fortalecer lo que son los equipos de conducción para poder tener protocolos de actuación, saber cómo trabajar estos casos cuando se presentan en las instituciones educativas y también que el cuerpo docente tenga formación en estas temáticas”, sostiene.
Para Barroso, el objetivo no debería ser prohibir las redes sociales ni los dispositivos tecnológicos, y explica: “Estas leyes son importantes porque no buscan como en otros países del mundo prohibir, sino que lo que buscan es formación, capacitación, generar habilidades digitales y promover el buen uso de las tecnologías, un uso seguro y responsable”.
Por eso considera necesario trabajar en dos direcciones: prevenir las distintas formas de violencia digital y enseñar a los adolescentes las consecuencias de sus acciones. “Es importante empezar a ser conscientes y responsables de no publicar cualquier cosa, de no lastimar a otra persona, de no vulnerar derechos de otras personas, de no compartir imágenes que fueron elaboradas en un contexto de confianza y confidencialidad”, sostiene.
Un punto importante que también hemos abordado en notas anteriores es que la responsabilidad de la escuela tampoco desaparece cuando una situación de este estilo ocurre fuera de sus instalaciones. La especialista coincide con Laura en que las nuevas generaciones no establecen una división clara entre lo que ocurre en el mundo físico y lo que sucede en Internet. Por eso, aunque el hecho ocurra fuera del horario escolar, continúa afectando a la comunidad educativa.
También es necesario trabajar sobre la viralización, porque muchas veces quienes comparten no dimensionan el daño que están provocando. “Al proceso de viralización, es decir, hacer masivo ese audio, ese video, esa imagen, muchos niños, niñas y adolescentes lo hacen sin entender las consecuencias de compartir esa imagen o ese video”, explica.
Pero la escuela no está sola: las familias también cumplen un papel central. “No solo la escuela debe trabajar estas temáticas, sino también las familias, en los adultos en general tienen que ser conscientes de que uno modeliza con el ejemplo”, plantea Barroso.
La especialista también considera que Argentina necesita avanzar hacia una política nacional de ciudadanía digital que permita establecer criterios comunes. Sobre eso asegura: “Creo que en lo que estamos demorados es en lograr una normativa nacional con la suficiente fuerza como para que después todas las provincias adhieran teniendo en cuenta las idiosincrasias provinciales y de cada jurisdicción”. En ese sentido, considera que todavía falta consenso para alcanzar políticas públicas capaces de llegar a toda la comunidad.
El Congreso Internacional de Ciudadanía Digital en Córdoba
Parte de estas discusiones serán abordadas en Córdoba durante el Segundo Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, que se realizará los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2026 en Tanti.
Según explicó Barroso, el encuentro tendrá 12 ejes de trabajo, entre ellos inteligencia artificial, brecha digital, violencia digital, grooming, ciberbullying, discursos violentos, modernización e innovación en el Estado y ciudadanía digital de las personas mayores. Participarán 14 panelistas y, hasta el momento de la entrevista, se habían recibido 85 trabajos para las mesas de exposición.
“Serán tres días de encuentro en un lugar maravilloso, donde además de las exposiciones y los paneles, estaríamos compartiendo tres días de convivencia para seguir haciendo acuerdos, hacer networking, trabajar juntos en convenios, en comunidad para resolver estos temas que se van agravando día a día”, contó Rosana.
La Ley Ema abrió en Santa Fe una discusión que busca trascender esa provincia. Para Laura, el objetivo es que en los próximos años todas las jurisdicciones puedan contar con herramientas similares.
“Mi expectativa es que en 2 años hablemos de Ley Ema en todas las provincias. Y que el 24 de agosto sea declarado Día de la No Violencia Digital de Género, para que esté en agenda, en calendario, para que sea nombrado y paradójicamente sea viral”, cuenta sobre su deseo.
La historia de Ema puso sobre la mesa una problemática que atraviesa a las escuelas, las familias y las nuevas generaciones. Ahora, el desafío es que la ley no quede solamente en un papel y que pueda traducirse en educación, protocolos, acompañamiento y prevención.
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