El Juzgado Federal N° 3 de Córdoba dictó el lunes 18 de mayo una medida cautelar de repercusión nacional que obliga al Gobierno de la Nación a restablecer con urgencia las coberturas de salud para personas con discapacidad. La resolución judicial fue promovida originalmente por la abogada Marta Lastra, integrante del espacio Defendamos Córdoba, luego de sucesivas manifestaciones de familias y prestadores que denunciaban la interrupción de los servicios básicos.
A partir de esta disposición emitida por el magistrado Hugo Vaca Narvaja, las entidades estatales disponen de un plazo perentorio de 72 horas para que PAMI e Incluir Salud normalicen la situación. En este sentido, Lastra detalló que el veredicto otorga un marco de protección generalizado debido a que protege de manera unificada a los damnificados de todo el país.
Un fallo que alcanza a todo el país
Para Lastra, en comunicación con Hoy Día Córdoba, lo más significativo de la resolución no es solo el alivio inmediato, sino su proyección nacional. La medida no se limita a los beneficiarios cordobeses: «Esta medida cautelar lleva un poco de tranquilidad a las personas en Córdoba y en toda la Argentina, porque el amparo tiene alcance colectivo«. Además, al estar registrado como amparo colectivo, cualquier causa similar que se intente promover en otra jurisdicción quedará automáticamente alcanzada por la decisión del juzgado cordobés.
La letrada también precisó quiénes son los destinatarios directos ya que la medida «favorece a todas las personas que sean titulares de pensiones no contributivas y que sean argentinos«, incluyendo a sus familias, cuidadores e instituciones prestadoras. La intervención judicial responde, según explicó, a la vulneración que venían sufriendo esos titulares por la suspensión en la cadena de pagos de Incluir Salud y PAMI.
Además, la abogada fue enfática respecto a las obligaciones del Ejecutivo: «El gobierno nacional debe cumplir. Todo ciudadano, y mucho más los gobernantes, están obligados por las sentencias judiciales y, en este caso, por la medida cautelar». Además, advirtió que el incumplimiento no se reduce a esta cautelar, sino que abarca sentencias anteriores y la legislación general del sistema de discapacidad. Ante un eventual desacato, la respuesta quedará en manos de la propia Justicia.
Una causa colectiva
El amparo no fue una acción aislada. Lastra encabeza una alianza conformada por el estudio jurídico de los doctores José Roque y Diego Bustos, el equipo legal de las organizaciones de discapacidad y una federación de entidades que se sumó para dar mayor peso institucional a la causa. Organizaciones de larga trayectoria en la provincia, como Apadim Córdoba, la Clínica Villa Bustos, el Centro de Vida Alegría, el Centro «Mi Lugar» y el Pequeño Cottolengo Don Orione, respaldaron la presentación con informes técnicos sobre su crítica situación financiera.
Frente a ese escenario, la defensora remarcó que el movimiento no piensa detenerse: «La familia de la discapacidad va a seguir organizada y cada vez más fuerte a nivel nacional para fortalecer y acompañar, en la medida necesaria, la decisión del juez».
El llamado al Senado
Mientras el sector consolida su postura ante la Justicia, Lastra también apunta al Poder Legislativo para frenar una iniciativa que considera una amenaza directa al sistema de discapacidad. Su mensaje fue contundente:
«Como sociedad le pedimos a los senadores que no acompañen el proyecto de ley que presentó el presidente Milei, titulado ‘Contra el fraude de las pensiones no contributivas’, porque lo único que busca con ese proyecto es terminar de destruir el sistema de la discapacidad como se lo conoce.»